Las autoridades haitianas deben garantizar que todos los que perdieron sus hogares en el terremoto de hace cinco años y todos cuantos viven en la pobreza tengan acceso a un vivenda digna
Han pasado cinco años desde aquella terrible tarde de martes en la que, en cuestión de segundos, un
terremoto de intensidad 7,3 en la escala de Richter llevó a Haití al borde del colapso. Poco después, el mundo entero asistió
en los informativos a una sucesión de impactantes imágenes del desastre, desde las frágiles chozas que se desplomaron como castillos de naipes, llevándose muchas vidas consigo, hasta ocasionales momentos de alegría cuando alguien era rescatado con vida de la trampa en que se había convertido su hogar.
En los días y semanas posteriores al seísmo, a medida que la maquinaria de la solidaridad internacional se ponía en marcha, se recaudaron miles de millones en donaciones y los organismos humanitarios de todo el mundo enviaron ayuda y personal de apoyo. El terremoto dejó sin hogar a dos millones de personas, muchas de las cuales se cobijaron en campamentos temporales subvencionados con ayuda exterior.
Una vez superada la conmoción inicial y concluidas las operaciones inmediatas de salvamento, los dirigentes de Haití y los donantes internacionales comenzaron a sembrar la idea de que el proceso de reconstrucción podría ser una oportunidad para hacer borrón y cuenta nueva. La frase "reconstruir mejor" se convirtió en el lema de una filosofía basada en la esperanza de que la recuperación, en vez de suponer un regreso a las precarias condiciones de vida y a las casas desvencijadas que hicieron a la población tan vulnerable al terremoto, pudiera llegar más lejos.
Animada por este clima de esperanza, Amnistía Internacional comenzó a hacer campaña junto con las organizaciones haitianas de derechos humanos para luchar por el derecho a una vivienda adecuada en Haití. En el marco de esta campaña, hoy presentamos un nuevo informe titulado "15 minutes to leave" - Denial of the right to adequate housing in post-quake Haiti.
Los países que aportaron ayuda humanitaria tienen que ayudar a las autoridades de Haití a invertir los fondos en verdaderas prioridades
Así pues, cinco años después, ¿cuál es el balance de la situación?
Si medimos el éxito en función de la cantidad de campamentos de desplazados que se han cerrado, como hace el gobierno de Haití, el resultado es impresionante: su número ha disminuido en más de un 90% desde 2010.
No obstante, si nos fijamos en las circunstancias de sus antiguos residentes, el panorama es mucho menos alentador. Según algunas fuentes, más del 12% han sido expulsados y desalojados forzosamente, y la cifra real podría ser mucho más alta.
Un 32% de los antiguos residentes tuvo mejor suerte y recibió subsidios para alquilar una vivienda de su elección durante un año. Sin embargo, estas personas también se enfrentan a grandes desafíos a la hora de permanecer en sus hogares; una vez que dejan de recibir la subvención, muchas no tienen más opción que mudarse de nuevo a una infravivienda.
De hecho, menos del 20% del parque de viviendas que se ha puesto a disposición de los afectados está formado por viviendas permanentes reparadas, reconstruidas o edificadas desde cero y que podrían considerarse adecuadas a largo plazo. Al contrario, se han favorecido los "parches" y las soluciones cortoplacistas, como la construcción de estructuras temporales de madera, que resultan válidas como respuesta de emergencia ante una crisis, pero no están diseñadas para usarse más allá de unos pocos años.
La situación resulta aún más desalentadora si tenemos en cuenta que la mayoría de estas soluciones a largo plazo se ha destinado a quienes ya poseían tierras o una vivienda antes del desastre. Los haitianos más desfavorecidos, que ya vivían en la miseria antes del terremoto, siguen abandonados a su suerte.
Véase, por ejemplo, el caso de Jacqueline. El terremoto destruyó la casa en la que vivía de alquiler, de modo que se refugió en uno de los muchos campamentos improvisados que surgieron en Puerto Príncipe. Diez meses después del seísmo, decidió abandonar el campo de desplazados para huir de la masificación y la inseguridad, que habían alcanzado niveles intolerables. Así pues, recogió las lonas y demás artículos que le habían proporcionado los organismos humanitarios y se trasladó a una zona de las afueras llamada Canaán, al norte de la capital.
Canaán parecía una buena elección: unos meses después del desastre, el entonces presidente había expresado su intención de expropiar este amplio terreno en aras del interés nacional. Al igual que miles de personas, Jacqueline pensó que el Estado invertiría en Canaán y lo convertiría en un lugar seguro donde empezar a reconstruir su vida.
Sin embargo, se equivocó: el Estado no solo no proporcionó ninguna ayuda para edificar viviendas seguras y adecuadas, sino que tampoco llegó a finalizar el proceso de expropiación, por lo que los residentes del campo tuvieron que hacer frente a personas que afirmaban ser dueñas de las tierras y que intentaron desalojar a muchos de ellos por la fuerza.
"En enero de 2014, la policía vino acompañada de hombres armados y empezó a destruir varios refugios de nuestro sector, Village Grâce de Dieu. El mío se libró, pero varias familias volvieron a quedarse sin nada, y hoy en día seguimos estando amenazados", me explicó Jacqueline.
Cuando conocí a Jacqueline, en septiembre de 2014, vivía en una casa de cemento a medio construir, sin electricidad y con un agujero en el exterior que hacía las veces de retrete. El aire estaba reseco y la tierra tenía un alto nivel de salinidad. Además, tenía que comprar y transportar ella misma el agua potable. No obstante, seguía haciendo todo lo posible por salir adelante.
"Nos gustaría quedarnos en este lugar y contar con el apoyo del Estado para tener agua y electricidad, y construir escuelas y un hospital", me explicó Jacqueline. "El Estado debería ayudarnos [a construir] mejores casas... Sin el Estado, no podemos vivir bien".
Las autoridades haitianas deben convertir la vivienda en una de sus prioridades. Es preciso que tomen de una vez medidas a largo plazo para garantizar que todos los que perdieron sus hogares en el terremoto y todos cuantos viven en la pobreza tengan acceso a viviendas asequibles y adecuadas.
La comunidad internacional también tiene una labor muy importante. Los mismos países que unieron sus fuerzas para aportar ayuda humanitaria y miles de millones en fondos para la recuperación tienen ahora la responsabilidad de ayudar a las autoridades de Haití a invertir estos fondos en verdaderas prioridades. Un parque de viviendas adecuado es, sin duda, una de las más importantes.
Los gobiernos deben intensificar sus esfuerzos para asegurarse de que todas las iniciativas de reconstrucción y recuperación que apoyan sean sostenibles y acordes a las necesidades de la población, especialmente de los más vulnerables. También deben asegurarse de que estas iniciativas no ocasionen desalojos forzosos, ya sea de forma directa o indirecta.
Tras el terremoto, la filosofía generalizada de "reconstruir mejor" llevó a muchos a pensar que Haití resurgiría con más fuerza de entre los escombros. Es hora de que las autoridades haitianas y la comunidad internacional ayuden a convertir el polvo y los cascotes en hogares, y de que el derecho a una vivienda adecuada se convierta en una realidad para todos en Haití.
Chiara Liguori es investigadora de Amnistía Internacional sobre el Caribe.
