Washington y La Habana califican de “alentadora” su nueva ronda de negociaciones y acuerdan seguir hablando, incluso de derechos humanos, pero evitan comprometerse con fechas límite
La jefa negociadora cubana, Josefina Vidal, tras las conversaciones / CHIP SOMODEVILLA (AFP)
Que restablecer relaciones entre Cuba y Estados Unidos no es tarea sencilla es algo de lo que son conscientes desde hace más de medio siglo tanto Washington como La Habana, que este viernes celebraron su segunda ronda de conversaciones en la capital norteamericana.
“Productiva, alentadora, positiva” son algunos de los calificativos que usaron las jefas de las negociaciones,
la cubana Josefina Vidal y la estadounidense Roberta Jacobson, para definir las más de seis horas de diálogo “a veces desafiante, pero honesto” mantenidas a puerta cerrada en el Departamento de Estado en Washington. Ello pese a que siguen persistiendo, como ya lo dijeron en La Habana en enero, “serios desacuerdos” en más de un tema de las negociaciones.
Con todo ambas coincidieron -y eso no es poco tratándose de dos países marcados por décadas de desconfianza- en seguir conversando con un objetivo claro y definido: restablecer las relaciones diplomáticas y reabrir sendas embajadas.
¿Cuándo? Pronto, coinciden las dos partes. ¿En cuestión de semanas, antes de la
Cumbre de las Américas en Panamá donde los presidentes Raúl Castro y Barack Obama se sentarán en la misma mesa?
“Podemos lograrlo a tiempo para la Cumbre; visto el tipo de cooperación de hoy, me siento optimista. La Cumbre es una buena oportunidad si logramos hacer las cosas a tiempo”, dijo Jacobson, la máxima responsable para América Latina del Departamento de Estado, en rueda de prensa tras las conversaciones.
“Confiamos en que nuestros dos países puedan establecer relaciones civilizadas de convivencia y ser capaces de respetar nuestras diferencias para que como vecinos podamos identificar áreas de interés mutuo”, acotó Vidal en declaraciones a la prensa que dio por separado.
Pero ninguna de las partes quiso aventurarse a marcarse un plazo límite para este objetivo. Los detalles a negociar son aún demasiados, y el tiempo -poco más de un mes antes de la cita hemisférica trienal, el 10 y 11 de abril en el país centroamericano- escaso.
Por lo pronto, ambas delegaciones anunciaron que en las próximas semanas viajarán delegaciones estadounidenses a La Habana a mantener conversaciones “técnicas” en temas como seguridad aérea, prevención de fraude migratorio, áreas marinas protegidas o para explicar
las medidas decretadas por el Gobierno de Barack Obama desde diciembre que alivian numerosos aspectos del embargo a la isla.
Un diálogo que también se extenderá a otras áreas nuevas, como en materia de Internet y telecomunicaciones.
Pero lo que había sonado en vísperas de la cita de hoy casi como una condición previa antes de reabrir embajadas, fue rebajado tras el encuentro a una “prioridad en el proceso”, en palabras de Vidal.
“Para Cuba es una cuestión de justicia” salir de esa lista, subrayó la directora general de Estados Unidos de la Cancillería de la isla. “Desde un punto de vista moral, ético, es muy importante abordar este asunto, de modo que cuando restablezcamos las relaciones estemos dando inicio a una verdadera nueva etapa sobre bases distintas, sólidas, que de verdad representen un cambio cualitativo en el tipo de relación que en estos días estamos discutiendo”.
El Gobierno de Obama asegura que está en ello, pero ha dejado claro que se trata de un proceso “separado” que trata de acelerar, pero que llevará el tiempo que se requiera.
“Esto no es una negociación. Es una evaluación que se realiza bajo una serie de requerimientos muy estrictos que dicta el Congreso y que debe -y así se está haciendo- realizarse de forma separada”, dijo este mismo viernes el secretario de Estado, John Kerry.
En esta evaluación, que empezó el mismo día en que Obama anunció el cambio de política hacia Cuba, se tiene que estudiar si en los últimos seis meses el país en cuestión no ha realizado ninguna tarea de apoyo a grupos o actos de terrorismo internacional. Una vez llegada a una conclusión, el presidente debe notificarlo al Congreso. A partir de ahí, deben pasar otros 45 días antes de que el país salga, efectivamente, de la lista negra que, más allá de prestigios y orgullos dañados, implica una serie de sanciones graves, incluido el veto a acceder a préstamos de instituciones financieras como el Banco Mundial. “La evaluación debe hacerse bien, y no se va a hacer nada respecto hasta la lista hasta que la evaluación se haya completado”, zanjó Kerry.
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