En México, Moisés Sánchez es el decimocuarto periodista secuestrado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto
El domingo 11 de enero, junto con decenas de dignatarios de todo el mundo, el subsecretario de Relaciones Exteriores de México, Carlos de Icaza, y el embajador mexicano en Francia, Agustín García López, marcharon por las calles de París en solidaridad por el ataque contra la “subversiva” revista Charlie Hebdo.
Mientras tanto en México, ningún funcionario del gobierno federal de nivel equivalente a subsecretario (ni de rango menor) ha pronunciado algo sobre el secuestro de otro “subversivo”, el periodista veracruzano Moisés Sánchez, quien el dos de enero fue sacado de su casa por una decena de hombres armados y su paradero se desconoce a la fecha.
Me refiero a funcionarios federales porque desde hace más de dos años la ley le da competencia a la Federación para perseguir los delitos contra periodistas y porque la Procuraduría General de la República tiene una Fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión, y porque la Secretaría de Gobernación tiene un Mecanismo de Protección de Periodistas.
Pero mientras de Icaza y García López marchaban en París contra un atentado a la libertad de expresión, Sánchez tenía ya nueve días desaparecido y crecían las sospechas de que su secuestro tenía que ver con notas que había publicado sobre las autoridades del municipio de Medellín, Veracruz.
No se trata, por supuesto, de minimizar la necesaria solidaridad que México debe tener con otros países afectados por alguna tragedia. Pero es evidente que las autoridades no muestran reciprocidad con lo que ocurre dentro del país. En París el ataque a Charlie Hebdo dejó 12 víctimas. En México, Moisés Sánchez es el decimocuarto periodista secuestrado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, de diciembre de 2012 a la fecha. Un mes antes del secuestro del veracruzano en Sinaloa ocurrió otro plagio, el de Mario Crespón, corresponsal de UNO TV en Mazatlán. Cinco de los 14 secuestrados, incluidos Sánchez y Crespón, aún están desaparecidos. De confirmarse los peores temores, ellos se sumarían a los 13 periodistas asesinados en el país en el mismo lapso, según datos del mapa Periodistas en Riesgo del Centro Internacional para Periodistas y Freedom House.
Pero eso no ha sido suficiente para desatar escándalo. Quizá porque Moisés Sánchez era periodista de tiempo parcial en un pequeño municipio alejado de los reflectores. Sánchez vivía de manejar un taxi y editaba de manera irregular una revista llamada La Unión que denunciaba las carencias en Medellín y los abusos de las autoridades. En Veracruz, las autoridades estatales sólo iniciaron la rutina de investigar el secuestro de Moisés Sánchez, pero casi tres semanas después de esa indagatoria no han podido identificar a los responsables del plagio o el paradero del periodista. 13 policías municipales de Medellín han sido arraigados por un juez y el propio alcalde del municipio, Omar Cruz fue llamado a declarar. Las versiones de la Procuraduría veracruzana que apuntan a un grupo del crimen organizado como autor del secuestro tiene un eco ominoso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa: delincuentes haciendo el trabajo sucio de policías municipales y alcaldes. En Guerrero contra estudiantes, en Veracruz contra periodistas.
El carácter irregular de la publicación llevó a algunos puristas a concluir que Sánchez en realidad no era periodista, cuando lo que su situación laboral realmente revelaba es la extrema precariedad económica que viven los reporteros locales en México.
Tampoco fue escandaloso el hecho de que Veracruz vivió exactamente la misma película hace un año, cuando el periodista Gregorio Jiménez fue secuestrado seis días y asesinado. La investigación de las autoridades locales fue duramente cuestionada y nunca se supo con claridad quiénes fueron los responsables del crimen. En ese entonces escribí que la impunidad que gozaban los homicidas de periodistas en Veracruz en los años anteriores habría alentado a los asesinos de Jiménez a pensar que nada les pasaría. Un año después, es razonable concluir que la impunidad que gozaron los asesinos de Jiménez habría alentado a los captores de Moisés Sánchez a pensar que podían salirse con la suya. Los antecedentes de Jiménez y Sánchez, y antes de ellos del homicidio de la corresponsal de Proceso, Regina Martínez, permiten deducir que la Procuraduría veracruzana es inútil o irrelevante.
En el gobierno federal, la administración de Enrique Peña Nieto ha dado resultados mezclados a la hora de enfrentar las agresiones a periodistas. En algunos casos ha sido muy contundente, como ocurrió en La Laguna a principios de 2013 con el secuestro de cinco trabajadores de El Siglo de Torreón y ataques armados contra policías federales que resguardaban las instalaciones del diario donde yo trabajaba en ese entonces. Esos hechos ocurrieron en los primeros tres meses del nuevo gobierno y en el afán de mostrar eficiencia ante los retos de seguridad, en menos de dos meses el Ejército y las autoridades de Coahuila y Durango habían detenido a más de 40 integrantes del grupo criminal que cometió las agresiones.
Debo admitir que en ese momento dudé de la contundencia mostrada por las autoridades, pero luego tuve que reconocer que funcionó: desde entonces los medios en la Comarca Lagunera no han sido víctimas de ataques.
Pero en los meses siguientes esa eficiencia se desvaneció y las agresiones sucedieron una tras otra en la mayor impunidad a lo largo y ancho del país. Golpizas que policías propinan a reporteros durante manifestaciones, amenazas de funcionarios contra periodistas incómodos, pero también secuestros, homicidios y ataques armados. Y el ritmo se ha intensificado: Según el mapa Periodistas en Riesgo, de los 13 periodistas asesinados en los últimos dos años, seis de ellos murieron tan sólo entre mayo y octubre de 2014. Es decir casi tantos periodistas fueron asesinados en seis meses como en los 18 meses anteriores.
Pero ninguna autoridad mexicana ha mostrado solidaridad alguna con los familiares o compañeros de estas víctimas. Si solidaridad es mucho pedir, ni siquiera han mostrado intención de hacer el trabajo de investigar las agresiones pasadas y prevenir las futuras. La tasa de impunidad en los ataques contra la prensa ronda el 90%. Si de algo pudo servir el viaje a Francia de los funcionarios mexicanos sería para aprender cómo en menos de 12 horas las fuerzas de seguridad galas identificaron a los agresores de Charlie Hebdo y en 48 horas ya los habían encontrado y abatido.
En México, Moisés Sánchez va para tres semanas desaparecido en Veracruz. Para las autoridades mexicanas cuentan más los “subversivos” de Francia que los de su país.
Javier Garza es periodista y Knight Fellow del Centro Internacional para Periodistas
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