Chile suele ser descrito como uno de los países menos corruptos de América Latina, un lugar donde las coimas, sobornos o mordidas no abundan como en otros rincones.
De hecho, las mediciones de la organización no gubernamental Transparencia Internacional suelen colocar a Chile en los primeros puestos de su índice de transparencia, que mide la percepción que los ciudadanos tienen de la corrupción en sus países.
Quizás por eso un escándalo político, el llamado Caso Penta o "Pentagate", ha sacudido a los partidos, a los medios y a la sociedad chilena, salpicando además a uno de los principales grupos de la derecha, la Unión Demócrata Independiente (UDI) y a conocidos empresarios nacionales.
Esta semana, numerosos políticos prestaron declaración ante la Fiscalía chilena, que investiga una causa de fraude fiscal y el financiamiento de campañas electorales a través de facturas falsas.
¿En qué consiste el Caso Penta?
Como en una película de espías, todo comenzó con mensajes anónimos. Los recibidos por el Servicio de Impuestos Internos de Chile a mediados de 2014.
En ellos se acusaba a uno de los fiscalizadores de esta institución de acceder clandestinamente a sus archivos, modificando las declaraciones de impuestos pasadas de sus clientes –que recibirían dinero del fisco– a cambio de una comisión.
Con este esquema se lograron defraudar al Estado unos US$4 millones, según la Fiscalía, que imputó a un centenar de personas.
Entre ellas, Hugo Bravo, exgerente general del Grupo Penta, un conglomerado de empresas con intereses en el sector inmobiliario, financiero, salud, educativo y de seguros, entre otros.
En la investigación de Bravo se descubre que en Penta se utilizaron facturas falsas para alterar la contabilidad del holding y evadir impuestos.
¿Cómo involucra a los políticos chilenos?
Durante su declaración, Bravo admite su participación en la trama y revela un plan de financiamiento ilegal a políticos chilenos de la UDI.
Bravo señala directamente en su declaración a la exvocera del expresidente Sebastián Piñera, Ena von Baer; al exministro Laurence Golborne; y al precandidato presidencial Andrés Velasco, entre otros.
El escándalo salpicó también a otros políticos de la derecha chilena, con la publicación del intercambio de correos electrónicos entre figuras de la UDI y miembros de Penta.
En tanto, mientras algunos exfuncionarios y representantes involucrados en la causa se desligaron de cualquier relación con Penta, otros aseguraron que el dinero recibido fue acorde a la ley.
Otros políticos de la UDI han asegurado que el Caso Penta se trata de "una cortina de humo" para tapar los "problemas" del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
"Lamentamos lo ocurrido y nos disculpamos ante la ciudadanía por cualquier conducta individual de alguno de nuestros militantes que suponga un financiamiento de campañas políticas de manera irregular", aseguró mientras la dirección de la UDI en un comunicado.
"Estamos ciertos que ninguno de nuestros dirigentes ha utilizado recursos de campaña para su beneficio personal y no ha existido una intención ilícita en ellos. Pero a quien le corresponde calificar en definitiva estos hechos es a los Tribunales de Justicia", agrega.
¿Por qué sorprendió tanto?
Existe el convencimiento entre muchos chilenos de que la probidad pública es parte de la idiosincrasia del país y sus funcionarios.
Quizás por eso la opinión pública y el mundo político están en estado de shock, según le dice a BBC Mundo Roberto Méndez, presidente de la firma encuestadora y de investigaciones Adimark.
"Este caso ha tomado por sorpresa a los chilenos y ha causado gran impacto, algo que se refleja ya en algunas encuestas, probablemente va a tener un efecto bastante profundo en nuestro sistema político, no va a ser olvidado fácilmente", asegura.
"Hay un cierto orgullo nacional de que Chile tenga un récord de baja corrupción respecto al resto de América Latina", añade.
"Pero en los últimos tres o cuatro años han ocurrido una serie de hechos tanto en la política como en el mundo de los negocios que empiezan a poner en duda esta creencia y cuestiona en qué medida puede haber una corrupción que no habíamos notado y está más extensa de lo que habíamos previsto", reflexiona el presidente de Adimark.
¿Cuál puede ser su impacto?
En este país las empresas pueden financiar a políticos en campaña a través de donaciones privadas, lo que según algunos expertos es un caldo de cultivo para el conflicto de intereses.
Un proyecto de ley pretende poner freno a este tipo de aportaciones, mientras en Chile se debate si el Caso Penta es una excepción a la regla o si realmente la imagen del país de los funcionarios honestos es sólo un espejismo.
Tal vez uno de los principales cambios que lleguen con este escándalo sea la aprobación de normas más duras para garantizar la limpieza de la financiación, explica Méndez, porque ante el actual clima de consternación, "nadie se va a oponer a una legislación que traiga más transparencia y castigos más severos".
El mayor impacto, por ahora, se lo lleva el partido de la UDI, que pasa por sus horas más bajas.
"La UDI vive una debacle que no tiene precedentes en la historia de los partidos políticos chilenos", escribe en el diario La Tercera el columnista Ascanio Cavallo.
"El partido tendría que entrar en una redefinición estructural si quiere restaurar algo de su prestigio y, por lo tanto, no es un simple problema de caras", añade.
Sin embargo, advierte Méndez, el gobierno de Bachelet y los partidos de centro-izquierda "no deberían sacar cuentas alegres de esta situación".
"Justo uno de los temas peor valorados en la última encuesta de Adimark sobre el gobierno es cómo manejaba el tema de la corrupción en instituciones del Estado", explica.
"La sospecha recae ahora sobre los partidos y el modelo político en general".
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