Los padres de los 43 desaparecidos reanudan el diálogo con el Gobierno

• Exigen que se abra una línea de investigación sobre el papel del Ejército en los hechos

• El ex alcalde de Iguala José Luis Abarca ha sido acusado formalmente de la desaparición

  
  
  
  
  
  Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Méxicoreanudaron hoy el diálogo con el Gobierno federal, al que reiteraron su exigencia de que se abra una línea de investigación sobre el papel del Ejército en los hechos del 26 de septiembre pasado.
  En una reunión celebrada en la sede de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), los familiares conversaron con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio; el procuradorJesús Murillo, y el director de la Agencia de Investigación Criminal de la fiscalía, Tomás Zerón, entre otros funcionarios.
  El abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, declaró a la prensa que en el encuentro, que calificó de "pobre", se ha plasmado que los avances en la investigación aún son "limitados" pese a que hay 97 detenidos por los hechos violentos de Iguala, estado sureño de Guerrero, en los que también fallecieron seis personas.
  "Básicamente mantienen las mismas líneas, nos dicen que las investigaciones que se están realizando conducen al basurero deCocula", indicó.

  Las diferentes versiones

  De acuerdo con la versión oficial, policías de Iguala atacaron a los estudiantes por órdenes del entonces alcalde, José Luis Abarca, para evitar que interrumpieran un mitin de su esposa, María de los Ángeles Pineda, lo que causó la muerte de seis personas y heridas a otras 25.
  Además, los policías capturaron a 43 jóvenes y supuestamente los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró sus restos en un basurero del municipio vecino de Cocula, según la fiscalía.
  Los familiares, en "desacuerdo" con la PGR, afirman que existen "declaraciones, elementos y datos que hacen necesario que se abra una línea de investigación que conduzca al Ejército, al ex gobernador (Ángel Aguirre) y al ex procurador del estado de Guerrero".
  El portavoz de los padres, Felipe de la Cruz, aseguró que "hay por lo menos 10 estudiantes que han declarado que el Ejército participó el día de los hechos", así como "varios policías y personas de Guerreros Unidos". Por ello, reiteraron su demanda de que les "abran los cuarteles" para comprobar si los desaparecidos "están o no dentro de ellos". Esta exigencia les llevó el lunes a intentar entrar en las instalaciones del Ejército en Iguala, y la respuesta de las fuerzas antidisturbios dejó seis heridos.
  Desde la Secretaría de Gobernación se les ha indicado que "van a valorar en los próximos días" si se les concede dicha petición, afirmó De la Cruz. Como próximas acciones, De la Cruz anunció que seguirán las movilizaciones, tanto en lugares públicos como cerca de instalaciones policiales o miliares "si es necesario". Asimismo, continuará la búsqueda ciudadana, ya que consideran que desde que el contingente de la Gendarmería de la Policía Federal llegó a Iguala, los resultados han sido "nulos".
  Tomás Zerón, el director de la Agencia de Investigación Criminal, esbozó posteriormente en conferencia de prensa la información entregada a los padres durante la reunión, realizada después de una suspensión de los contactos que se mantenía desde mediados de diciembre.
  Resaltó que "en ninguna declaración que se ha obtenido en la Procuraduría se desprende que elementos del Ejército o de algún cuerpo de seguridad del Gobierno federal hayan tenido participación alguna en la desaparición de los estudiantes".
  Asimismo, indicó, se les dieron a los padres explicaciones sobre los resultados científicos "que indican la posibilidad de que los cadáveres fueron incinerados, tal como señalan las declaraciones de los propios detenidos".
  "Se les invitó a revisar los dictámenes que obran en el expediente, al cual tienen acceso sus asesores y sus representantes, que han sido acreditados como coadyuvantes dentro de la investigación", agregó.

  Imputan al alcalde de Iguala

  El ex alcalde de la ciudad de Iguala José Luis Abarca ha sido acusado de manera formal de la desaparición de los jóvenes, informó la procuraduría general.
  El director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, dio a conocer los nuevos cargos contra Abarca, que fue detenido en noviembre y está recluido en un penal de alta seguridad, pero por otros delitos.
  Hasta ahora el ex alcalde estaba acusado de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado en relación con el asesinato del líder social Arturo Hernández Cardona ocurrido en 2013.
  Según las autoridades, Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, también detenida, fueron los autores intelectuales del ataque perpetrado el 26 de septiembre contra los estudiantes.
  
  
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