Familiares de desaparecidos en México exigen pruebas genéticas de los cuerpos de las fosas de Morelos
La madre de Oliver Hernández en su casa en Cuautla. / MÓNICA GONZÁLEZ
La cifra oficiosa de desaparecidos en México –difícilmente exista, a día de hoy, un número exacto– ronda los 25.000 casos. Familiares de algunos de ellos piensan que quizá sus hijas, sus hermanos, sus esposas yacen en una fosa común en el estado de Morelos, a dos horas en carro de la Ciudad de México; que yacen a seis metros bajo tierra, que, quizá, son alguno del centenar largo de cuerpos que la fiscalía estatal enterró allí en marzo del año pasado, un entierro irregular, en el que funcionarios de la institución mezclaron cadáveres desconocidos con cuerpos identificados. Por eso ayer pidieron al Gobierno regional, comandado por el izquierdista Graco Ramírez, un peritaje exhaustivo que les deje tranquilos. O que les quite, al menos, esa intranquilidad.
La semana pasada este diario contaba la historia de Oliver Wenceslao Hernández, secuestrado y asesinado en 2013. Oliver, de 31 años, vivía y trabajaba en Cuautla, el pueblo de las fosas, al sureste del estado. Una tarde de mayo cuatro sujetos se lo llevaron en carro cuando iba a recoger a su hijo. Una semana más tarde las autoridades daban con su cuerpo en una cuneta cerca del pueblo. Oliver había muerto de un tiro en la cabeza.
El esperpento burocrático, origen del escándalo de las fosas, data de entonces. Probada la identidad del joven, la Fiscalía General del Estado pidió a su familia que no lo enterraran todavía, que lo dejaran con el forense para hacer más pruebas que, en teoría, ayudarían a encontrar a los responsables de su muerte. Y así fue y todo parecía más o menos normal, hasta que en diciembre del año pasado, la mamá y la tía de Oliver descubrieron que la fiscalía había enterrado al muchacho en una fosa común nueve meses antes. Ha pasado un año y aún ignoran por qué.
Junto a Oliver, la fiscalía enterró otro cadáver identificado, el de una maestra cuya identidad no ha trascendido, además de los cuerpos de 116 personas supuestamente desconocidas, como ha explicado repetidamente el fiscal del estado, Javier Pérez Durón.
La Fiscalía estatal dice que ya tomó muestras de los 118 cadáveres cuando los enterró en diciembre de 2014
Cuando la mamá y la tía de Oliver denunciaron su caso hace apenas un mes, levantaron además la sospecha sobre la –falta– de identidad del resto de cuerpos: si se habían equivocado con Oliver y la maestra, ¿no lo habrán hecho con más?
Valentina Peralta, integrante del Movimiento por la Paz, que comanda el poeta Javier Sicilia, asistía en la tarde del lunes a una reunión con familiares de desaparecidos en México. La reunión se celebró en Cuautla, junto a las fosas. También acudieron el obispo de Saltillo, Raul Vera, Sicilia, representantes de la Universidad Estatal Autónoma de Morelos y la mamá y la tía de Oliver. “Ellos”, explica Peralta, “exigen que se tomen muestras de ADN a cada uno de los cuerpos y se crucen con las suyas. Quieren ver si son de alguno de ellos”. Y quieren, además, que la universidad se encargue de los peritajes. No se fían de la fiscalía.
Fuentes de la institución señalan que antes de enterrarlos ya tomaron muestras de ADN, por lo que no haría falta volver a hacerlo, aunque dicen que están “abiertos a cualquier cosa”.
La semana que viene, el fiscal Pérez Dubón rendirá un informe al congreso en el que explicará las circunstancias de muerte de cada uno de los cuerpos de las fosas. Tratará así de acallar las críticas de los familiares de desaparecidos, sus sospechas. En realidad, su abrumadora intranquilidad
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