De los 779 presos que han pasado por Guantánamo, solo ocho han sido juzgados y siete siguen procesados
El local de McDonald’s en la base estadounidense de Guantánamo es indirectamente un actor cómplice de la prisión militar. Los interrogadores ofrecían a los presos comida de la cadena de hamburguesas como recompensa para que hablaran, según cuenta en su diario de cautiverio el mauritano Mohamedou Ould Slahi, encarcelado desde 2002 en el penal en territorio cubano. Hoy sigue allí. Acusado de ningún delito.
Slahi, nacido en 1970, escribió en 2005 en su celda de aislamientoDiario de Guantánamo, una espeluznante recopilación de los abusos (sexuales, privación de sueño y alimentación, posturas extremas en salas congeladas) que sufrió en la cárcel creada tras los atentados del 11-S de 2001 por el Gobierno de George W. Bush para sospechosos de terrorismo. El libro, el primero de un recluso que sigue en Guantánamo, no se publicó hasta el pasado enero, una vez autorizado —tras tachar más de 2.500 palabras— por Washington.
Los interrogadores también degustaban comida frente a los presos para provocarlos: “Cada vez que empezaban a torturarme, yo rechazaba beber o comer. [Nombre femenino tachado] trajo almuerzo de fuera para frustrarme. ‘Mmm, el jamón es delicioso’, dijo”, escribe Slahi en su diario.
Entrada del restaurante McDonald’s de la avenida principal de la base de Guantánamo. / TOM VAN DE WEGHE
En el McDonald’s de Guantánamo —abierto hace 35 años y un calco a cualquier otro en Estados Unidos—, los dos gerentes del local dicen desconocer las historias de comida ofrecida a los reos.
Al canadiense Omar Khadr, los agentes de su país, que lo interrogaron en 2003 en Guantánamo cuando tenía 16 años, le dieron a escoger entre un bocadillo de Subway o de McDonald’s, segúnrevelan grabaciones desclasificadas. En 2010, fue trasladado a una cárcel canadiense y el pasado jueves fue puesto en libertad gracias a un dictamen judicial.
Si la comida externa es una carta que siguen jugando los interrogadores en la cárcel es un misterio, como tantas cosas en esta esparcida y montañosa base naval al sureste de Cuba, establecida en 1903 y en la que viven unas 6.000 personas. Los interrogatorios a los presos son ahora voluntarios y Guantánamo “sigue siendo un recurso de inteligencia clave” gracias al cual se “han prevenido ataques terroristas y salvado vidas”, según un documento del mando conjunto del Ejército al frente del penal.
El recluso Slahi encarna el limbo de detención indefinida —sin pasar por los tribunales— que es Guantánamo. Su historia no es la excepción. Es la regla.
En Guantánamo ha habido 779 presos, pero desde el inicio en 2003 de las comisiones militares solo ocho han sido juzgados y condenados. En tres casos, las sentencias fueron anuladas y los presos fueron transferidos a otros países. Otros tres cumplen condena en Guantánamo y los dos restantes fueron también enviados a otros países. De los 122 presos actuales, solo siete están imputados.
“Demuestra el fracaso absoluto de los procedimientos. Es un capítulo vergonzoso de nuestra historia”, dice por teléfono Linda Moreno, una de las cinco abogadas de Slahi, al que representan gratis y visitan aproximadamente cada dos meses en Guantánamo.
Laura Pitter, consejera de seguridad nacional de la ONG Human Rights Watch en EE UU y que viaja con frecuencia a Guantánamo para seguir las sesiones de las comisiones militares, califica de “desastre absoluto” el sistema judicial en la base. Critica las ambigüedades del Gobierno sobre qué tipo de ley -civil o militar- emplear y la opacidad en las acusaciones, lo que ralentiza considerablemente los procedimientos respecto a la justicia civil. “Deberían ser procesados en un tribunal con estándares justos o ser liberados”, sostiene.
El mauritano Slahi también simboliza el ambiente paranoico tras los atentados de septiembre de 2001 en que todo valía en nombre de la guerra contra el terrorismo: en noviembre de ese año un avión de la CIA lo trasladó sin aviso de Mauritania a una cárcel secreta en Jordania, el siguiente julio a una prisión en Afganistán y en agosto a Guantánamo. Los abusos brutales fueron frecuentes, según relata en su libro y confirman investigaciones oficiales. El Pentágono no consideró torturas las técnicas empleadas en Guantánamo -que estaban autorizadas- y declinó castigar a los supervisores.
Slahi -que vivió en Alemania y Canadá- entrenó a principios de los 90 en un campo de Al Qaeda y combatió al Gobierno comunista de Afganistán, que era enemigo de EE UU. El motivo de su arresto eran sus posibles lazos terroristas y se le consideró muy peligroso, pero nunca se han presentado cargos contra él y en 2010 un juez federal validó su petición de hábeas corpus y decretó su liberación. El Gobierno estadounidense recurrió y desde entonces su caso se carcome paralizado.
El Departamento de Defensa designa a los jueces, fiscales y supervisor de las comisiones en Guantánamo. Myles Caggins, portavoz de política de detenidos del Pentágono, atribuye el escaso número de imputados a la dificultad de disponer de pruebas —las confesiones obtenidas bajo tortura no se pueden emplear—, y achaca la lentitud judicial a la complejidad de los casos.
Los siete imputados actualmente llevan meses en las fases previas. Los retrasos se acumulan y se desconoce cuándo empezarán los juicios. Las comisiones se juegan su cuestionada legitimidad en los dos procesos más importantes: al supuesto cerebro del 11-S y cuatro colaboradores, y a un acusado del ataque al navío Cole en Yemen en 2000.
El sistema en que se juzga a los llamados “enemigos de combate sin privilegios” ha estado sumido en irregularidades desde su inicio. El Tribunal Supremo lo declaró ilegal en 2006 al vulnerar la Convención de Ginebra -que prohíbe interrogaciones coercitivas- y no haber sido autorizado por el Congreso. El motivo: un presidente, como hizo Bush, no puede crear su propia corte.
El presidente Barack Obama amplió las protecciones a los reos alreanudar en 2011 las comisiones militares tras fracasar su intento de juzgarlos en tribunales civiles en EE UU. Pero, como la prisión que prometió cerrar, las polémicas se perpetúan. En 2013, se destapó que los fiscales espiaban a los abogados de los presos. La última controversia fue la dimisión en marzo del supervisor de las comisiones tras pedir que los jueces residan permanentemente en Guantánamo y ser acusado de tratar de usar una “influencia ilegal” sobre los casos. Fue el sexto cambio de supervisor. Los fiscales han cambiado cinco veces.
“Me gustaría creer que la mayoría de estadounidenses quieren que se haga justicia, y no están interesados en financiar la detención de gente inocente”, escribe Slahi en el último párrafo de su diario. “Sé que hay una pequeña minoría extremista que cree que todo el mundo en esta prisión cubana es malo, y que nos tratan mejor de lo que nos merecemos. Pero esta opinión no tiene más base que la ignorancia. Estoy asombrado que alguien pueda construir tal opinión incriminatoria sobre gente que ni conoce”.
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