El líder del cártel de Sinaloa ha presentado 21 impugnaciones en un año. México considera una cuestión prioritaria su envío a Estados Unidos
Joaquín Guzmán Loera no ha temido jamás a los sicarios ni a las cárceles mexicanas. Su verdadero miedo, como tantos otros narcos, es otro: acabar sus días en una prisión de Estados Unidos. Un universo hermético donde ni el plomo ni la plata lograrán ablandar a los guardianes. Para evitar su extradición, el líder del cártel de Sinaloa ya ha presentado en menos de un año siete recursos de amparo. Esta catarata de impugnaciones, combinada con otras 14 destinadas a mejorar su situación penitenciaria, muestran, según medios fiscales, que la pretendida intención de El Chapo de negociar su salida y abandonar México, aireada por sus abogados, no es más que una cortina de humo. “Bastaría con que dijese que acepta la extradición para que al día siguiente lo enviásemos a Estados Unidos”, señala una fuente de la Procuraduría General de la República.
Sobre Guzmán Loera pesan ahora dos peticiones formales de Estados Unidos. Allí tiene al menos siete causas abiertas; la de mayor envergadura radica en un juzgado de Nueva York. Es un macrosumario por narcotráfico en cuya investigación participó la ahora fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, y que presumiblemente, si se consuma la extradición, subsuma al resto. “Existe la posibilidad, reconocida por tratado, de que sean los estadounidenses quienes decidan dónde tiene que ir el preso”, indica una fuente fiscal.
Pero sin la aquiescencia de El Chapo, su entrega a las autoridades estadounidenses puede convertirse en un proceso plagado de meandros. Así ocurrió, por ejemplo, con el sanguinario Edgar Valdés Villareal, La Barbie. Aunque su envío fue autorizado por la justicia mexicana en 2011, no culminó hasta octubre de 2015.
Difícilmente lograrán Guzmán Loera y sus 13 abogados una dilación similar. La determinación del presidente Enrique Peña Nieto es clara y su extradición se ha vuelto un asunto prioritario. Pero hasta los más optimistas calculan que al menos tardará un año en completarse. Un tiempo que corre en contra del narcotraficante. Y también del Ejecutivo.
Las dos fugas de El Chapo penden como una espada de Damocles sobre el presidente. Tras la humillación que supuso su huida en julio pasado por un túnel de 1.500 metros, otra evasión de la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano supondría un golpe demoledor al mandatario. Para evitarlo se han adoptado medidas de seguridad extremas. A su alrededor se ha levantado una fortaleza insomne. Una cárcel dentro de la cárcel, con cambios de ubicación continuos, controles térmicos, un equipo especial de 35 agentes y hasta perros que prueban su comida.
Ningún experto cree que bajo estas condiciones pueda recuperar la libertad en estos momentos. Pero también alertan de que es una cuestión de tiempo. Si algo caracteriza a El Chapo es su capacidad de corrupción e intimidación. Un poder que le ha permitido salir a su antojo de los dos presidios en los que ha estado encerrado en los últimos 20 años. En el primero, el Penal de Puente Grande, dejó a sus espaldas a 62 funcionarios corrompidos. Y en el último, aunque la investigación sigue abierta, fuentes de la Procuraduría dan por hecho que contó con la connivencia de uno o dos altos cargos penitenciarios, aparte del apoyo de parte del personal de seguridad.
Junto al reto carcelario, la extradición ha adquirido también un peso político. Durante los dos primeros años de mandato, Peña Nieto redujo el ritmo de los envíos de presos e incluso hizo gala de su vena patriótica al anteponer en su caso estelar, el de Guzmán Loera, el cumplimiento de su pena en México a la seguridad de tenerlo encerrado al norte del río Bravo. “El Chapo se tiene que quedar aquí a agotar su condena y después lo extradito. Unos 300 o 400 años después”, llegó a jactarse el entonces procurador general.
La fuga fulminó esta estrategia y convirtió la repudiada extradición en un valor en alza. Una vez capturado, en enero pasado, el giro se consumó. Y lo que en un principio pudo parecer un reconocimiento del fracaso institucional de México y de su capacidad para custodiar a un preso, se tornó una demostración de fuerza. Ante el narcotráfico, ante una ciudadanía desengañada y ante las sospechas de connivencia. Ese es el desafío. El Chapo lo sabe. Y hará todo lo posible por impedirlo. La cuenta atrás ha empezado.
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