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"Tiene el derecho de hablar con un abogado. Si no puede pagar un abogado, se le asignará uno de oficio".
Muchos de nosotros hemos oído estas palabras en numerosas películas y series de televisión estadounidenses.
Sin embargo, no siempre es así.
Miles de menores inmigrantes que llegaron a Estados Unidos sin compañía o que son hijos de inmigrantes indocumentados deben comparecer ante cortes migratorias sin representación legal.
- Los pequeños, que en algunos casos no llegan a los 5 años, se tienen que defenderse a sí mismos en procesos judiciales en los que se exponen a su propia deportación.
Para ello se espera que comprendan la compleja legislación migratoria.
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El gobierno estadounidense se apoya en el hecho de que la obligación de asignar abogados de oficio a quienes no se lo pueden permitir sólo atañe a los procesos penales y los casos migratorios se dirimen en cortes civiles.
Del otro lado, organizaciones de derechos humanos luchan por cambiar esa realidad y esperan que se resuelva una demanda colectiva que presentaron contra el Departamento de Justicia de EE.UU. para que se fuerce al gobierno a ofrecer asistencia legal a los menores.
En medio de este litigio, están los protagonistas de esta historia: los niños.
Casos en los que peligra la vida
Arturo (nombre ficticio) tenía 3 años cuando llegó a EE.UU. en abril de 2014.
Su madre tuvo que huir de El Salvador, donde fue amenazada por el hombre que la violó y la dejó embarazada de Arturo, y el niño se quedó con su tía.
La familia continuó temiendo por su seguridad en el país centroamericano y Arturo fue trasladado a través de México hasta la frontera con Texas.
Inmediatamente fue puesto bajo custodia del gobierno estadounidense que inició el proceso para su deportación.
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Mientras espera la resolución del proceso, Arturo está en Los Ángeles, California, con su madre, que tiene la residencia permanente.
Sin asistencia legal y con apenas 6 años, Arturo no puede explicar ante una corte de migración si puede optar a protección en EE.UU.
"Tener que presentarse solos ante una corte migratoria tiene un efecto devastador sobre los menores", le dice a BBC Mundo Clara Long, investigadora de la organización Human Rights Watch, especializada en política migratoria de EE.UU.
"Los niños tienen que presentar argumentos legales, solos ante el juez, mientras en la mesa del otro lado se enfrentan a abogados formados", añade.
"Cualquiera de nosotros tendría problemas, los niños son el caso extremo".
Tener que presentarse solos ante una corte migratoria tiene un efecto devastador sobre los menores".
No piensa lo mismo el juez de inmigración Jack H. Weil, quien en octubre de 2015 desató la polémica al declarar que los niños de 3 y 4 años son capaces de comprender la legislación migratoria.
"He enseñado derecho migratorio literalmente a niños de 3 y 4 años", indicó Weil como parte de un testimonio jurado en una corte federal.
"Requiere mucho tiempo y mucha paciencia. Lo entienden. No es lo más eficaz, pero se puede hacer".
Tras la indignación generada por sus declaraciones, Weil matizó sus palabras y dijo que se sacaron de contexto.
Ansiedad y temor
La profesora de antropología en la Universidad de Georgetown, EE.UU., Susan Terrio, entrevistó a miles de jóvenes que se han visto en esta situación.
Lo que vio fue una serie de niños asustados, que apenas respondían con monosílabos a las preguntas del juez y que a menudo no entendían lo que se les preguntaba.
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En conversación con BBC Mundo, Terrio habla de la ansiedad y el temor que percibió en los menores.
"La primera aparición ante una corte migratoria federal fue una experiencia desconcertante y aterradora para todos los jóvenes que entrevisté", afirma.
"En la audiencia la mayoría se enfrenta sin representación legal a poderosos abogados que representan al gobierno. Esto no hace más que aumentar su ansiedad y el temor a la deportación".
Terrio sostiene que los jóvenes con los que habló recordaban muy poco sobre sus derechos bajo custodia federal.
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"No distinguían entre las autoridades adultas que trabajan directamente para el gobierno (personal de los centros de detención, jueces de inmigración, fiscales públicos, agentes de la frontera) de los que afirman ser independientes (abogados de oficio y trabajadores sociales contratados para hacer una revisión independiente de sus casos)", relata.
"Del país rojo"
- "¿De qué país eres?", le pregunta una voz en off a una niña que no llega a los 3 años y que mira sonriente a la cámara.
- "Del país rojo", responde, y más tarde aclara: "en realidad es rosa".
Otros menores exclaman "¡de Nueva York!", "¡de Massachussetts!" hasta que la misma voz le pregunta a una niña de más de 6 años: "¿Sabes lo que es un país?". "No", dice la menor.
Son imágenes de un video que forma parte del material con el que cuenta la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) para exigirle al gobierno de EE.UU. que cambie su normativa y garantice representación legal para cada uno de los menores que corren el riesgo de ser deportados.
La ACLU junto con otras organizaciones como American Immigration Council, Northwest Immigrant Rights Project, Public Counsel y K&L Gates LP presentó en 2014 una querella en un tribunal de distrito de Seattle, estado de Washington.
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En la demanda, conocida como el caso J.E.F.M. vs Lynch, se acusa a las autoridades de violar la cláusula de la Constitución que garantiza el debido procesoy la ley de inmigración y nacionalidad que defiende "una vista completa y justa" ante un juez de inmigración.
Reacción del gobierno
El gobierno, por su parte, desestimó la demanda y argumentó que no tiene una obligación constitucional de ofrecer un abogado a los niños en cortes de inmigración.
Además, aseguró en su defensa que ningún menor se ha visto perjudicado por esta realidad.
"Esta reacción del gobierno es sorprendente", señala la abogada Kristin Macleod-Ball, de American Immigration Council.
"Hay información fácilmente comprobable, datos del TRAC con los que es muy claro ver que cada año a miles de niños sin abogado se les ordena que abandonen el país", subraya.
La instancia que menciona Macleod-Ball es la organización Transactional Records Access Clearinghouse, un servicio de recopilación, investigación y distribución de datos de la Universidad de Siracusa.
"Si se estudian los datos, se ve que los casos de los niños que sí tienen abogado van mucho mejor, es más probable que tengan un resultado exitoso en su proceso", prosigue la abogada.
"Creo que en un básico sentido de justicia, estos chicos deben tener una oportunidad para al menos argumentar sus casos ante la corte con la representación adecuada, es realmente lo único que estamos pidiendo", concluye.
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