El país sudamericano ha echado a andar sus cambios estructurales en medio de un ambiente polarizado y de desaceleración económica
El pasado 24 de diciembre, en medio de una actividad pública con los niños accidentados por los fuegos artificiales, la presidenta Michelle Bachelet envió un saludo a sus compatriotas a propósito de la Navidad: “Celebremos unidos y en paz”. El mensaje protocolar también pareció un anhelo político para esta socialista agnóstica de 63 años que ha debido enfrentar un arranque complejo de su segundo período en La Moneda: 2014 ha sido un año de polarización en Chile.
Después de cuatro años de receso donde gobernó el presidente de derecha Sebastián Piñera, Bachelet regresó el 11 de marzo. Pero a diferencia de su primera Administración, en la que siguió la línea con que la Concertación de centroizquierda estuvo en el poder desde 1990, la médico llegó arropada de un nuevo conglomerado que por primera vez incluyó al Partido Comunista, la Nueva Mayoría. También de un programa de Gobierno ambicioso que pretende cambiar algunos aspectos estructurales de Chile.
El arranque de las reformas de Bachelet fue la noticia esencial que marcó el año en Chile. Primero la tributaria que se aprobó en septiembre en el Congreso después de un fuerte debate entre el mundo político y empresarial. Actualmente se discute en el Parlamento la primera parte de una compleja reforma educacional, que ha tenido detractores fuertes incluso en el oficialismo. Para 2015 se espera que comiencen a tomar forma los cambios a la Constitución y a las leyes laborales, lo que también ha puesto nervioso al sector privado pese a las señales de tranquilidad que se esmeran en otorgar desde el Ejecutivo.
Chile también tuvo que enfrentar desastres importantes este 2014. Apenas algunas semanas después del retorno de Bachelet, a comienzos de abril, un terremoto de 8,2 en la escala de Richter sacudió el norte del país. Aunque la infraestructura de las regiones de Arica y Tarapacá resistieron, se vivieron jornadas de tensión y alertas de tsunamis que movilizaron a una inmensa parte de la población que habita en la costa de Chile. Pocas semanas después, el 12 de abril, una nueva tragedia: un incendio afectó la ciudad portuaria de Valparaíso, a 100 kilómetros de la capital. Al menos 15 muertos, unas 2.200 viviendas quemadas y cerca de 8.000 damnificados por las llamas. El desastre afectó sobre todo a personas humildes que vivían en las zonas altas de los cerros, característicos de esta ciudad, donde hace décadas surgieron poblados en lugares no aptos para la edificación de viviendas.
El país ha vivido además situaciones de alto impacto público en los últimos doce meses. Los grupos antisistema que actuaban en Chile esporádicamente desde 2005, en septiembre dieron un golpe duro a las policías, los servicios de inteligencia y el Gobierno: hicieron explotar un artefacto en un centro comercial cercano a una estación de metro, por primera vez en un horario punta y en un lugar donde transitaban personas. Catorce resultaron heridas en este atentado terrorista que fue catalogado por el Gobierno como el de mayor gravedad de este tipo desde el retorno a la democracia en 1990. La Administración de Bachelet anunció un paquete de medidas para hacer frente a estos grupos anarquistas y, entre otras acciones, el ministerio del Interior solicitó la colaboración de países como España, con experiencia en el combate contra grupos subversivos.
En el aspecto de la seguridad pública, Chile comenzó a vivir una situación peculiar desde este diciembre: el Gobierno determinó que al menos 60 cajeros automáticos de su banco estatal se comenzarán a instalar en comisarías policiales. La medida se explica porque en 2013 empezó a regir un decreto que exigía a todos los bancos reforzar la seguridad de sus cajeros. Las compañías calcularon un costo cercano a los 60 millones de dólares y, en 2014, el número de dispensadores en Chile bajó de nueve mil a ocho mil. Paralelamente, los robos no cesaron: en los últimos doce meses hubo unos 115. En medio de una controversia entre el Gobierno y la banca por la responsabilidad en este tipo de delitos, la situación derivó en que, finalmente, la falta de dinero líquido comenzara a afectar a parte de la población que utiliza tarjetas para obtener efectivo.
Las relaciones internacionales han sido otro de los terrenos de especial relevancia este año para Chile. En enero pasado, Perú logró una victoria parcial en su empeño por trazar una nueva frontera marítima con Chile en el Océano Pacífico, de acuerdo a la decisión del Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (TIJ). Pero aunque los magistrados determinaron que Chile debe ceder derechos económicos en unos 22.000 kilómetros cuadrados del Pacífico, la sensación final fue que la derrota podría haber sido de mayor gravedad y el país respiró aliviado. A diferencia de las relaciones con Perú, que han tomado un camino de normalidad, el vínculo con Bolivia se ha tensado con los meses. El Gobierno de Evo Morales presentó una demanda marítima ante la Haya en abril de 2013 y las declaraciones de ambas cancillerías han subido de tono. El ministro de Relaciones Exteriores chileno, Heraldo Muñoz, ha hecho llamados a Bolivia para que “detenga sus intentos de desestabilizar la relación bilateral”. El Gobierno de Bachelet además ha desplegado una potente estrategia comunicacional para dar a conocer sus argumentos frente a la comunidad internacional, como el sitio web www.mitoyrealidad.cl y la cuenta de Twitter @mitoYrealidad
Para 2015 las expectativas de todas las fuerzas políticas están centradas en que la situación de la economía mejore, luego de un 2014 en que el crecimiento bajó de un 4% a un 2% por razones externas y factores internos. También se espera que en enero próximo comience a tomar forma la primera parte de los cambios al sistema educativo de Bachelet, cuya popularidad ha bajado hasta el 38%.
ROCÍO MONTES Santiago de Chile
http://internacional.elpais.com/
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