La criminalidad afecta negativamente la formación de capital humano
América Latina es una de las regiones más violentas del mundo. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), que todos los años presenta un reporte anual sobre la violencia y el tráfico de drogas, reporta que la región alberga al 8% de la población mundial pero concentra más del 30% de las muertes violentas que suceden en el mundo. La tasa de homicidios latinoamericana —28 muertes cada 100.000 habitantes— contrasta con el 18 por cada 100.000 que registra toda África.
Junto a las tragedias individuales detrás de estos números, los altos niveles de violencia crean una barrera infranqueable para el desarrollo. La inseguridad compromete la creación de capital humano y social, debilitando los esfuerzos para mejorar la educación y la salud y amenazando la inversión. Los datos de la ONU muestran que el impacto acumulativo global de la violencia asciende al 11% del PIB; en América Latina, sólo los homicidios comprometen más del 4% del PIB.
La población carcelaria latinoamericana está en el epicentro de esta crisis. La World Prison Population List (Lista Mundial de Población Carcelaria, en su traducción al español), un proyecto del International Centre for Prison Studies, monitorea la reclusión mundial. Su más reciente reporte revela que, de los 10 millones de presos en el mundo, 1,3 provienen de América Latina —una tasa de 229 reclusos cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio mundial de 144—. Y en las últimas dos décadas, las tasas de reclusión regionales crecieron en un 120% con la intensificación de las luchas antidrogas.
Estos picos de población carcelaria han disparado un interrogante para casi todos los países: ¿cómo mejorar la empleabilidad de los reclusos para que puedan reinsertarse en la fuerza de trabajo? Este desafío, a su vez, dispara otras tantas preguntas acerca de qué programas son más efectivos para reinsertar a los internos en la sociedad, y el rol de la educación formal e informal en este sentido.
Esto es particularmente prometedor para países como Brasil, Argentina, México y Chile, donde más del 40% de los presos son reincidentes. Expertos en población carcelaria señalan que el enfoque actual se centra en abonarles a los reclusos poco más que un “boleto de autobús y algo de cambio” cuando salen, cuando lo que se necesita es trabajar sobre un esfuerzo integral de reinserción social.Lo que está claro es que hay enormes beneficios potenciales —tanto para la sociedad como para los tesoros públicos— de la reinserción exitosa de los presos. RAND Corporation, en un importante informe de 2013, reveló que por cada dólar gastado en programas educativos en las cárceles se ahorraron entre cuatro y cinco dólares por la disminución de la reincidencia. En particular, se encontró que la suma de prácticas de educación técnica y vocacional redujeron hasta el 43% la probabilidad que los reclusos volvieran a prisión.
Como indicaron los investigadores de RAND, mejorar el nivel educativo de los reclusos es quizás el modo más efectivo de aumentar sus oportunidades de reinserción exitosa. Dado que muchos, sino la mayoría, no han terminado la enseñanza básica previo a su ingreso a prisión, tienen altas dificultades en encontrar empleos que los motiven a incorporar nuevas habilidades. RAND halló que las posibilidades de encontrar trabajo tras la liberación fue hasta un 13% mayor entre reclusos que participaron en programas educativos carcelarios, frente a las de aquellos que no lo hicieron.
También se encontraron datos interesantes sobre el potencial de las tecnologías educativas, incluidos el “e-learning”, para ampliar el acceso a clases a más convictos tanto durante la reclusión como tras cumplir su condena. En términos de efectividad comparativa, el e-learning puede ser equiparado a métodos más tradicionales: “Los aprendizajes en lectura y matemática entre reclusos expuestos a una instrucción online fueron similares a los de aquellos que fueron entrenados bajo una metodología tradicional (cara a cara)”, argumenta RAND.
Siendo así, la enseñanza en línea tiene una ventaja inigualable: su poder para reducir la estigmatización del preso en el mundo exterior. Ese estigma es uno de los principales obstáculos para que quienes cumplieron sus condenas procuren capacitaciones presenciales. Al permitirles continuar educándose con algún nivel de anonimato, las tasas de retención —y por tanto de graduación— crecen.
Invertir los recursos de manera más inteligente será clave si América Latina desea superar su creciente brecha de capital humano, profundizada por la ola de inseguridad. La región se encuentra atrapada en una espiral negativa de criminalidad que provoca mayor reclusión y peores oportunidades educativas y de empleo. Ambos desafíos deben ser enfrentados al mismo tiempo.
Diego Gorgal es Fullbright Fellow en la Maestría en Políticas Publicas de Georgetown University. Twitter @DGorgal. Gabriel Sánchez Zinny es presidente de Kuepa.com. Twitter @gzinny.
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