150 millones de afrodescendientes se quedaron fuera de las recientes conquistas sociales
Para tener menos acceso a la educación, más posibilidades de morir durante el parto o en los primeros meses de vida, ganar menos dinero, o tener prácticamente vetada la participación en política, en América Latina basta con una sola condición: tener la piel más oscura.
Según datos de las organizaciones internacionales, los afro-descendientes de América Latina tienen una probabilidad dos veces menor de acceder a escuelas secundarias que sus contrapartes de raza blanca.
En Brasil, las mujeres afrodescendientes son el segmento con menor ingreso de toda la población.
Su participación en la vida política es mínima, y solo una pequeña fracción ha sido elegida alguna vez como representante en el parlamento.
En Ecuador, la tasa de mortalidad infantil en la ciudad de Esmeraldas (de mayoría afro-descendiente) es el doble que la media nacional. En la costa del Pacífico de Colombia, donde también es predominante la población de descendencia africana, esta tasa es cuatro veces mayor que la media nacional.
Las mujeres afro-brasileñas tienen una probabilidad tres veces mayor de morir durante el parto que las de raza blanca. El 57% de los bebés nacidos de madres afro-colombianas lo hacen de manera prematura.
Estas estadísticas siempre han estado ahí, pero ahora organizaciones defensoras de los afrodescendientes las han vuelto a sacar a la luz por el inicio del Decenio Afrodescendiente (2015-2024), una iniciativa de la Organización de Naciones Unidas para que este colectivo sea considerado un grupo específico cuyos derechos humanos deben promoverse y defenderse.
“Algo está mal”
“América Latina es la región de mayor paz, la de más democracia, en la que más se han reconocido los derechos de los pueblos originarios en las constituciones y las leyes, pero los afrodescendientes disfrutan muy poco de esas ventajas, tenemos que reconocer que algo está mal”, dijo Romero Rodríguez, embajador itinerante del gobierno de Uruguay para Asuntos Afrodescendientes.
Rodríguez y otros responsables de temas afrodescendientes en gobiernos de América Latina estuvieron en Washington para participar de las actividades oficiales de inicio del Decenio Afrodescendiente en la región.
Durante un evento en la sede del Banco Mundial los asistentes debatieron cómo hacer frente a la clara exclusión de los afrodescendientes en la vida de los países, especialmente en lo que concierne al trabajo de la institución anfitriona: el desarrollo y la erradicación de la pobreza.
Pastor Murillo, asesor de Asuntos Afrodescendientes del Viceministerio para la Participación e Igualdad de Derechos de Colombia, destacó que uno de los problemas son los censos de población, pues no siempre se cuenta a las personas como afrodescendientes.
Destacó que aunque en su país el último censo oficial revela que hay unos dos millones de afrodescendientes en Colombia, cree que la cifra puede ser seis veces superior, es decir, casi un tercio de la población colombiana.
Lo peor, asegura, es que por no estar contados como tales en los censos de población, los afrodescendientes se quedaron fuera de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y afirma que todos los involucrados en el tema tienen que trabajar juntos en la solución. “El reconocimiento diferenciado de los derechos de los afrodescendientes es un desafío regional”, afirmó.
Racismo, un mal negocio
Además de las políticas diferenciadas para los afrodescendientes, los gobiernos de la región ya están tomando algunas medidas específicas como en Uruguay, donde los organismos públicos deben cumplir con una cuota de contratación de personas afrodescendientes y las culturas africanas tradicionales forman parte del programa escolar.
También en Colombia se ha puesto en marcha una de las demandas más viejas de las comunidades afrocolombianas, que es el reconocimiento de la propiedad colectiva de las tierras, un proceso que ha sido apoyado por el Banco Mundial.
En Costa Rica -un país donde buena parte de la población afrodescendiente es, además, angloparlante- se trabaja ahora en que la discriminación racial se considere delito, una falta que ahora es apenas una contravención cuya multa más elevada apenas equivale al costo de dos gaseosas.
Los asistentes coincidieron en que existe en la sociedad latinoamericana un “racismo estructural” al que se debe combatir no únicamente protegiendo a los afrodescendientes sino también haciendo consciente al resto de la sociedad sobre la existencia de esta discriminación basada en el color de la piel.
Combatir el racismo, además, no es solo cuestión de justicia, sino de simple lógica económica, según Marisela Montiliu-Muñoz, directora de la Práctica Global de Desarrollo Social, Urbano y Rural del Banco Mundial.
“Imaginemos que los 150 millones de latinoamericanos que hoy están excluidos por su color de piel estuvieran contribuyendo a los mercados, ¿qué impacto tendría eso en la economía?”, se pregunta.
José Baig es editor online del Banco Mundial
http://internacional.elpais.com/
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