Naciones Unidas concluye que la desaparición de miles de personas a manos de las fuerzas de seguridad se extiende “por gran parte del territorio”
México tiene aún demasiadas tumbas abiertas. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU dio este viernes un sonoro vapuleo al Estado mexicano por su incapacidad para cerrar uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente: la desaparición de miles de personas a manos de las fuerzas de seguridad. Lejos de considerarlas un caso aislado y ya superado, Naciones Unidas alerta de que este tumor aún se extiende “por gran parte del territorio” y que representa para las autoridades un “serio desafío en materia de prevención, investigación y sanción”. Como ejemplo de esta lacra, la ONU destaca la reciente tragedia de los 43 normalistas secuestrados en Iguala a manos de la policía municipal y, según la versión oficial, asesinados por sicarios del narco. “El comité se muestra preocupado por la impunidad respecto a los numerosos casos denunciados por desaparición forzada y que se expresa en la casi inexistencia de condenas por este delito”, denuncia el informe de Naciones Unidas.
El análisis del comité es fruto de una minuciosa investigación en la que se ha dado audiencia al Estado mexicano y a representantes de la sociedad civil. Aunque en las conclusiones se reconocen los avances logrados en materia legislativa y el diálogo constructivo mantenido con los representantes gubernamentales, el grueso del documento se centra en las graves carencias en la lucha contra este terrible delito, cuyo cálculo, para mayor espanto, resulta aún imposible. Las cifras oficiales, como apunta la ONU, carecen de depuración. El Ejecutivo ha contabilizado 23.000 desaparecidos hasta la fecha. Pero nadie ha puesto orden en ese agujero negro. Ni hay un registro eficaz ni una normativa general sobre esta materia. Y el constante descubrimiento de fosas arroja cada día nuevos interrogantes. Aunque seis Estadosacumulan el 30% de la casuística, el problema se extiende por casi todo el territorio, y la mayoría de las veces no se sabe a ciencia cierta si se debe a la mano oscura del narco, algún cuerpo policial, los militares o su combinación. En esta línea se han intentado algunas aproximaciones explicativas. Por ejemplo, la organización no gubernamental Human Right Watch, en un estudio realizado en 2013 sobre 249 desapariciones, concluyó que en un 60% de las desapariciones concurrían las fuerzas de seguridad y, por lo tanto, podían ser definidas como forzadas.
La mayoría de las veces no se sabe si se debe a la mano oscura del narco, algún cuerpo policial, los militares o su combinación
En esta línea, el grueso de los casos aún corresponde a la era del panista Felipe Calderón (2006-2012), el presidente que declaró la guerra al narco y sacó las tropas a la calle. Decenas de miles de soldados llevan desde entonces librando un sangriento combate contra el crimen organizado. La llegada al poder del PRI en 2012, con Enrique Peña Nieto, redujo la virulencia de esta ofensiva, aunque en algunos puntos, como Tamaulipas, la batalla se ha recrudecido.
El uso de la maquinaria bélica, pese a la vitoreada caída de los grandes capos, ha traído frutos amargos. El ataque frontal a las grandes estructuras del narco ha propiciado la atomización de las organizaciones criminales. Los carteles se han multiplicado y se desangran en desquiciadas luchas territoriales. Hay Estados donde combaten entre sí una decena de grupos criminales, con sus respectivas y cambiantes cohortes de sicarios. En este escenario convulso, ocho años después de iniciada la guerra, a la muerte le siguen acompañando las desapariciones. La tragedia de Iguala, como señala la ONU, lo demuestra. Pero el mal no se agota en esta pesadilla.
El comité recuerda la “dramática situación” que sufren colectivos como los migrantes, objeto de las mafias dedicadas al tráfico de personas y, periódicamente, saqueados por los sicarios. La vulnerabilidad de este colectivo que fluye por decenas de miles hacia Eldorado estadounidense les convierte en una presa fácil. Sin documentos ni apoyos legales su desaparición se convierte en un borrón que nadie se encarga de resolver. Otro grupo en situación de alto riesgo son las mujeres y los niños. “El comité desea enfatizar la singular crueldad con la que las desapariciones forzadas afectan a los derechos humanos de las mujeres y de los niños; las mujeres son particularmente vulnerables a actos de violencia sexual y otras formas de violencia de género, y los niños son particularmente vulnerables a múltiples violaciones, incluida la sustitución de su identidad”, señala el informe.
JAN MARTÍNEZ AHRENS México
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