En un país abrumado por la violencia, la próxima víctima podría ser lo poco que le queda de democracia
Había un partido de izquierda, Corriente Democrática, luego PRD. Surgió en 1988 bajo el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro, prócer histórico del nacionalismo revolucionario. Fracción disidente del PRI, le desafió en las elecciones de aquel julio. Ganó, dice la historia, pero el fraude le impidió llegar a Los Pinos.
Ese partido casi no existe hoy. Agobiado, su fundador renunció, un concluyente señalador de su crisis terminal. Ocurre que el alcalde de Iguala, electo por el PRD, fue quien dio la orden de reprimir a los normalistas y entregarlos al cartel Guerreros Unidos. Es difícil regresar de ese lugar.
Había otro partido, de centro-derecha, surgido en 1939. Vinculado a la elite industrial norteña, pero al mismo tiempo pragmático, fue el partido que interrumpió la hegemonía del PRI en el año 2000. Gobernó dos sexenios, pero con el tiempo fue adoptando rasgos de su antiguo rival: clientelismo, corrupción, colusión con los grupos económicos y un creciente autoritarismo. El saldo de cien mil víctimas durante su segundo periodo en el poder, entre muertos y desaparecidos, ilustra el punto.
Derrotado en la elección de 2012, el papel del PAN se ha reducido a ser el socio pasivo y minoritario de la agenda legislativa de Peña Nieto. Su propia crisis de liderazgo, de Cordero a Madero, y sus conflictos de largo alcance no son más que un síntoma de la profunda descomposición en curso.
Y también estaba el PRI, que sigue estando. De regreso al poder en 2012, funciona anclado en los grandes negocios y con poder transversal, es decir, con sólidos lazos con diferentes partidos al mismo tiempo. Su agenda continúa siendo la reforma energética y el pacto por México. Es la vieja fórmula del salinismo: liberalización económica e iniciativa política. El problema es que su insensibilidad frente a la violencia del narcotráfico—“fue el Estado” y “ya me cansé”—y la corrupción—de la casa blanca al tren de alta velocidad—lo han hecho cada vez menos creíble y menos capaz de gobernar.
En este contexto de baja competitividad electoral, México vota el domingo 7 de junio en elecciones de medio término, con partidos de oposición debilitados, casi inexistentes, y un oficialismo amarrado al poder pero desorientado y con un creciente déficit de legitimidad. En este contexto, precisamente, no puede sorprender que la población esté desafectada del proceso electoral.
O, mejor dicho, está afectada—no es que sea indiferente—pero en sentido negativo. En vastas zonas del país, la propia idea de la elección ha perdido su significado. Es el caso de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, quienes advirtieron que no habría elección en paz si no aparecían sus hijos. Usaron la noción de “farsa electoral” e indicaron que sabotearían el comicio.
La voz de los padres de los normalistas es representativa de las zonas rurales en general, las más castigadas por el narcotráfico y la pobreza. En algunas de ellas—además de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, por ejemplo—existe una sociedad civil radicalizada, que ya ha incursionado en modos de acción directa y que espera impedir la normal realización de las elecciones. El bajo número de candidaturas independientes también ha contribuido al llamado masivo a la anulación del voto y la abstención. En zonas urbanas, a su vez, el descreimiento se manifiesta de formas más civiles, pero no por ello menos significativas. No hay más que recordar la inocultable decepción con la política que ha expresado el mundo de las artes y la cultura.
En este escenario, con un solo partido, probablemente gane el PRI. Claro que “ganar” es un eufemismo para un partido que no parece conocer, ni mucho menos comprender, el país que debe gobernar. Solo así se entiende que este México violento, fragmentado y cada vez más desigual le haya explotado al gobierno en la cara, casi sin que se diera cuenta, y que todavía no haya sido capaz de reaccionar, o que le interese hacerlo.
Es un país ahora marcado por varias crisis simultáneas: la corrupción, la criminalidad y la baja representatividad de los partidos, todo ello erosionando la legitimidad de su sistema político. Agréguese que, para vastos segmentos de la población, la vida cotidiana transcurre sin ley y sin Estado, en la total desprotección. También se trata de una sociedad huérfana y sin normas.
México enfrenta un escenario de enorme incertidumbre política, económica y social. Lo más grave de este escenario es que, en un país sobrepasado por la criminalidad y la violencia, la próxima víctima bien podría ser lo poco que le queda de democracia.
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