Un informe revela además que la mitad de las investigaciones por hechos de violencia generados por la policía fueron archivadas
Los homicidios aumentan y la impunidad persiste. Las personas LGBT que viven en Colombia están en peligro. No han sido suficientes las campañas que buscan su inclusión y el respeto por la diferencia. Según el informe Cuerpos excluidos: rostros de impunidad, que presenta este jueves en Bogotá la ONG Colombia Diversa (autoridad en el país en la defensa de los derechos de estos colectivos), durante el año 2015, 110 lesbianas, gais, bisexuales y transexuales fueron asesinados en el país.
El estudio, respaldado por Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación, señala que desde el año 2011, cuando se reportaron 119 casos, no se tenía una cifra tan alta. Este dato coloca a Colombia en la parte alta de la tabla de países de la región donde hay más violación de los derechos humanos de las personas LGBT, junto con Honduras en donde los casos superan los 100 y Brasil, con 300.
Del total de homicidios, 52 de las víctimas fueron registradas como hombres gais, 33 como personas trans, 11 lesbianas, siete fueron identificadas como personas bisexuales y siete más que fueron reconocidas como LGBT sin establecer su orientación sexual o identidad de género. La mayoría de los casos se presentaron en las ciudades capitales y sus áreas metropolitanas. Allí ocurrieron 69 de los 110 homicidios.
La investigación destaca la desprotección de las personas trans, que desde muy jóvenes se ven expuestas a la violencia. En algunos casos no alcanzaban la mayoría de edad cuando fueron asesinadas y en al menos 15 hechos se encontró que los ataques fueron generados por prejuicios hacia su identidad o expresión de género. Además, el informe encontró que los hechos de violencia policial más frecuentes fueron contra esta población. Un patrón que había sido identificado por la CIDH en su informe sobre violencia hacia personas LGBT en Latinoamérica en el año 2014. “En las zonas donde hay presencia constante de mujeres trans en ejercicio del trabajo sexual o habitantes de calle, la violencia policial es constante, injustificada y desproporcionada”, señala Colombia Diversa, que además advierte que la mitad de investigaciones por hechos de violencia policial en 2015 fueron cerradas y archivadas.
Los líderes sociales y defensores de derechos humanos también están en el centro de los ataques a la población LGBT, con nueve asesinatos en 2015. De estos, cuatro habían recibido amenazas previamente y no obtuvieron la protección que pedían por parte del Estado. Los afectados por el conflicto armado no cuentan con la infraestructura necesaria para que puedan realizar sus denuncias y sobre todo que se garantice la confidencialidad y privacidad de la información proporcionada como víctimas.
“Las entidades del Ministerio Público no tienen instalaciones idóneas para la protección de la identidad. Además, los niveles de subregistro que existen de las víctimas LGBT en el país son muy grandes. Muchas, al momento de hacer la declaración, no son informadas de la existencia de un enfoque diferencial o consideran que por cuestiones de seguridad es mejor no presentarse como persona LGBT”, señala el informe.
De acuerdo con el Registro único de víctimas, los mayores hechos victimizantes denunciados contra las personas LGBT en el marco del conflicto armado son el desplazamiento forzado, las amenazas y el homicidios. El informe revela que la visibilidad de líderes sociales que no siguen los patrones de algunos grupos armados los ha hecho más vulnerables y objeto de amenazas y asesinatos.
Por eso destacan que en el acuerdo de paz que se firmó con las FARC, que no ha podido ser implementando por el triunfo del no en el plebiscito, uno de los temas más complejos es el del enfoque de género. Un aspecto que la oposición ha utilizado para rechazar el acuerdo y sobre el que uno de los máximos promotores del no, el exprocurador Alejandro Ordóñez, ha llegado a decir que se trata de ideología de género y no del enfoque que, según lo acordado con las FARC, espera que garantice el respeto a la vida de todos los colombianos sin importar su orientación sexual.
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