El ataque contra simpatizantes de la milicia islamista demuestra la desconfianza de la población a las medidas tomadas por el Gobierno tras el secuestro de más de 200 estudiantes
Apenas un mes después del secuestro de 200 estudiantes de un internado al noreste de Nigeria, el ojo por ojo comienza a abrirse paso en el Estado de Borno. En las últimas horas, al menos 100 presuntos miembros de la milicia islamista de Boko Haram han fallecido tras una ola de ataques protagonizados por patrullas ciudadanas en la localidad de Kalabalge, situada a apenas unos kilómetros del epicentro del rapto de más de dos centenares de estudiantes el pasado mes, según confirmaron fuentes del Ejército de Nigeria.
Las matanzas comenzaron el pasado martes, después de que una turba armada atacara dos camiones con simpatizantes del grupo armado. Unas agresiones, que demuestran la falta de confianza de la población local en las medidas tomadas por el Ejecutivo en su lucha contra Boko Haram.
La cuestión es: ¿Quién vigila a los vigilantes?
Solo en los tres primeros meses año, el incremento de los ataques de la milicia islamista de Boko Haram, así como las represalias incontroladas de las fuerzas de seguridad provocaron la muerte de al menos 1.500 personas al noreste Nigeria (más de la mitad de los cuales, civiles) en los tres primeros meses del año.
Entre las principales matanzas documentadas, la ocurrida el pasado 14 de marzo, cuando milicianos de Boko Haram atacaron un complejo militar en Maiduguri, en el Estado de Borno, liberando a varios presos. Posteriormente, una vez recuperado el control por el Ejército, cerca de 600 detenidos (en su mayoría desarmados) fueron ejecutados extrajudicialmente en varios lugares de Maiduguri.
El caso no es nuevo. Ya a finales de 2012, Amnistía Internacional denunciaba las «graves violaciones de derechos humanos» en la guerra contra la milicia islamista Boko Haram.
En el informe -«Nigeria: Trapped in the cycle of violence»-, la organización condenó entonces la detención arbitraría sin cargos de «cientos de personas acusadas de vínculos con Boko Haram», así como «las ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzosas» llevadas a cabo por las fuerzas armadas.
De igual modo, recordaba a las dos partes en conflicto que «hay un círculo vicioso de violencia actualmente en Nigeria» y «el pueblo nigeriano está atrapado en medio». Y los números, lo cierto, le otorgan la razón.
Negociar o no
Sin embargo, el secuestro, el pasado 14 de abril, de dos centenares de estudiantes en un internado de Nigeria parece ser la gota que ha colmado el vaso. Sobre todo, ante el silencio gubernamental. «Esperamos que la comunidad internacional apoye a Nigeria para rescatar a las niñas. No podemos hacerlo solos. Otras naciones con experiencia en secuestros deben colaborar con nosotros», destacaba recientemente a ABC Hadiza Bala Usman, líder de las protestas que en los últimos días salpican Nigeria para garantizar la liberación de las jóvenes.
Mientras, el Ejecutivo debate la idoneidad o no de una negociación con los terroristas, después del comunicado de Boko Haram donde pedían un intercambio de las estudiantes por presos del grupo.
Pese a que, el martes, el ministro local de Asuntos Especiales de la Presidencia, Alhaji Tanimu Turaki, aseguraba que el Gobierno de Abuyase encuentra «preparado» para entablar un diálogo con la milicia, el presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, ya ha descartado cualquier negociación con los islamistas.
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