Políticos, famosos y ciudadanos anónimos contratan a empresas para ocultar datos personales o informaciones negativas que aparecen en los buscadores y que pueden dañar su imagen
Un alto ejecutivo de una multinacional española recibió, hace algún tiempo, una elevada indemnización por su jubilación y venta de acciones, hecho que quedó recogido en varios artículos de prensa que aparecían de forma destacada cada vez que se tecleaba su nombre en los buscadores de Internet, principalmente Google. El directivo consideraba que esto atentaba contra su privacidad y, además, podía convertirle en objeto de robos o extorsiones y poner en peligro a su familia, por lo que decidió contratar los servicios de una empresa especializada en borrar datos de la Red. Al cabo de unos meses, al teclear otra vez su nombre en Google, ya no quedaba rastro de aquella noticia.
El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) acaba de dictaminar, en respuesta a una cuestión prejudicial presentada por la Audiencia Nacional, que los buscadores como Google deben retirar los enlaces a informaciones publicadas en el pasado si son lesivas para alguna persona y no son relevantes. Es decir, reconoce que el llamado derecho al olvido puede prevalecer sobre el derecho a la información. El buscador ya ha anunciado que pronto tendrá lista una herramienta para que los europeos pidan la eliminación de esos enlaces, pero hay empresas que ofrecen desde hace años este servicio. Y no solo a particulares cuyos datos no son de interés público, sino también a figuras de relevancia como políticos, famosos o empresarios. Lo hacen pidiendo la supresión del enlace a la fuente original —ya sea un medio de comunicación, un blog, un foro o un documento oficial como el BOE— o introduciendo informaciones positivas que vayan sustituyendo a las que se consideren negativas.
“No se puede suprimir todo de golpe, hay que hacerlo de forma estratégica para que no se note. Con el tiempo, podemos hacer desaparecer cualquier dato. En un año, hasta podríamos conseguir que se olvidara el caso Bárcenas”, asegura Diego Sánchez, presidente deEliminalia, la empresa a la que contrató aquel ejecutivo. “Cada vez tenemos más casos como este. El año pasado atendimos a 220 políticos que querían suprimir datos o informaciones que podrían perjudicar su imagen. También tuvimos unos 500 clientes particulares, personajes de relevancia pública, empresas o bancos”, continúa. “Algún político, por ejemplo, no quiere que se sepa que tiene empresas o pide eliminar noticias molestas o incidentes negativos; otros quieren mejorar su reputación en general”. El precio puede ir desde 100 euros por hacer desaparecen un dato personal del BOE hasta 20.000 por los trabajos más difíciles. ¿Cuánto le cobrarían a Bárcenas? “Por lo menos 100.000”.
Elisabet Baille, socia de otra empresa de borrado de datos, Voluntad Digital, considera que la sentencia del TJUE ayudará a resolver casos hasta ahora imposibles de cerrar. “Cuando el dato que se quiere ocultar procede de un medio de comunicación o del BOE, el responsable está identificado y casi siempre, si se trata de personas particulares sin relevancia, logramos la retirada del enlace o la sustitución de un nombre completo por iniciales. Pero cuando se trata de un blog o un foro antiguo, a veces no podemos encontrar al responsable y no tenemos más remedio que pedírselo al buscador”, explica Baille. Su empresa, que nació hace unos dos años, recibe 20 consultas al mes, la mayoría de particulares. “No todos acaban contratando el servicio, pero estamos notando mayor demanda porque la gente ya empieza a saber que puede hacerlo”, apunta.
Cualquier ciudadano, no solo políticos o famosos, puede verse perseguido eternamente por informaciones negativas sobre su persona que en algún momento fueron relevantes y legítimas pero han quedado obsoletas. Verónica Alarcón, directora jurídica de Eprivacidad, otra firma dedicada a la eliminación de enlaces, ha solucionado decenas de casos de clientes —que prefieren mantenerse en el anonimato precisamente para no volver a aparecer en Google—. Por ejemplo, el de un hombre que fue detenido por una presunta vinculación con una organización criminal rusa. Decenas de noticias sobre su arresto aparecieron en la prensa, con sus enlaces en Internet, pero ninguna posterior que aclarara que el delito nunca pudo ser probado. Otro cliente, un sacerdote director de un colegio, fue acusado falsamente de corrupción de menores y, aunque su causa fue archivada, seguía apareciendo en la Red como pedófilo. “De nada había servido su absolución, pues había perdido su trabajo y seguía condenado por la sociedad”, dice Alarcón. “En casos como este los medios suelen colaborar. No borran ni modifican informaciones que forman parte de sus archivos, lógicamente. Pero les ponen unos códigos a esos enlaces para que los buscadores no los encuentren”.
Pero no siempre las fuentes originales ceden de forma amistosa. Esos son los casos que acaban en la Agencia de Protección de Datos o en los tribunales, como los 220 que hay pendientes en la Audiencia Nacional contra Google y que han forzado el dictamen del TJUE. Alarcón, que lleva varios litigios, subraya que su empresa y otras similares nunca eliminan un enlace clandestinamente. “No somoshackers. Si no lo conseguimos de forma amistosa, lo denunciamos y vamos a juicio”, dice.
No obstante, algunas situaciones requieren un tratamiento especial en el que no funcionan ni los requerimientos amistosos ni las citaciones judiciales. “Hay personas que publican datos, fotos comprometidas o informaciones falsas de exparejas o de otras personas por venganza. En esos casos, cualquier petición puede ser contraproducente (el llamado efecto Streisand), por lo que usamos otras vías. Por ejemplo, si son fotos o insultos publicados en blogs o redes sociales, solicitamos a esas plataformas que los elimine, y suelen hacerlo”, dice Samuel Parra, otro socio de Eprivacidad.
Derecho al olvido tras la muerte
El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación publicó hace dos años un estudio que reflejaba la creciente preocupación de los ciudadanos por la privacidad en Internet. Cuatro de cada 10 internautas españoles declararon haber solicitado que borraran o cancelaran sus datos personales de algún registro o plataforma. Entre los usuarios de redes sociales, el 42,5% afirmó que le resultaba difícil gestionar la privacidad en su perfil, e incluso un 7,2% reconoció que le había resultado imposible hacerlo en alguna ocasión. La mayoría (84,4%) opinó que toda persona tiene derecho a poder eliminar su rastro en Internet, y solo el 6,7% piensa que el derecho al olvido es una forma de censura y cree que el derecho a la información debe primar sobre el derecho a la protección de datos.
Otra inquietud aumenta entre los internautas: ¿qué ocurre con toda la información que queda en la red sobre una persona cuando muere? “Cada vez tenemos más clientes que acuden a nosotros no para borrar datos propios, sino los de un familiar”, asegura Elisabet Baille, de Voluntad Digital, que ofrece un servicio específico para gestionar la reputación de fallecidos en Internet. “No es agradable que cada vez que tecleas el nombre de un ser querido en Google aparezca una multa de tráfico, la foto de su orla o comentarios desagradables en blogs o redes sociales. Nosotros hacemos que esos enlaces desaparezca y ayudamos también a gestionar todas las cuentas y perfiles que hayan podido quedar abiertas”, explica. Sus clientes, afirma, son sobre todo familiares de internautas jóvenes que tuvieron mucha actividad digital en vida. Se calcula que unos 30 millones de perfiles de Facebook pertenecen a personas fallecidas en todo el mundo.
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