Está acusado de apropierse de una empresa para contratar con el Estado la impresión de billetes
El juez Ariel Lijo ha citado para el martes 15 de julio al vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, con el fin de que responda a las acusaciones que le involucran desde hace dos años y medio en un caso de tráfico de influencias. Se trata de la primera vez, en los 30 años de democracia argentina, en que un vicepresidente del Gobierno ha de responder como acusado ante un juez. Tras estudiar las aportaciones efectuadas por los fiscales en la instrucción del caso, el juez estima que cuando Boudou era ministro de Economía (2009-2011) adquirió junto a su socio José María Núñez Carmona, el 70% de la compañía quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica “con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial”. El juez indica que el vicepresidente perpetró la “maniobra” a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, supuesto hombre de paja o testaferro.
La citación vuelve a colocar la figura de Boudou en el primer plano de la agenda política y oscurece así para el Gobierno el gran logro alcanzado por su ministro de Economía, Axel Kicillof, al firmar un acuerdo con los acreedores internacionales del Club de París. Ahora quedan solo dos semanas para que comience el Mundial de Brasil.
Con la llegada del Mundial de fútbol el 12 de junio la actualidad política se verá desplazada por la deportiva. Pero justo dos días después de que se juegue la final será cuando Boudou deba presentarse en los juzgados para prestar su declaración indagatoria. También deberán personarse su antiguo socio, José María Núñez Carmona, el supuesto testaferro y los antiguos dueños de Ciccone Calcográfica.
Tras conocer la citación, el vicepresidente indicó que no piensa renunciar ni tomarse ningún permiso laboral, tal como se pronostica en los medios más críticos del Gobierno desde hace varias semanas. Indicó que se ha tomado “con mucha tranquilidad” la decisión del juez, añadió que esperaba ese momento para demostrar su inocencia y recalcó que las acusaciones responden a “un caso mediático, que tiene que ver con la agenda de los diarios”.
Boudou ya declaró en un programa de la televisión pública emitido el 18 de mayo que está dispuesto a prestar declaración “para lo que haga falta, en el momento que haga falta”. “Esta causa tiene tres hipótesis”, señaló. “O yo hice algo desde el Gobierno para ayudar a la empresa Ciccone, o yo me quedé con la empresa Ciccone, o hubo lavado de dinero en el rescate de la empresa Ciccone. Empecemos por la más fácil, la tercera: no hay ni un peso mío dando vuelta alrededor (…), no tengo nada que ver con lavado de dinero. En cuanto a la primera, yo no hice nada a favor de la empresa Ciccone en el levantamiento de la quiebra porque yo no lo podía hacer. Y le voy a decir más: nadie en el Gobierno hizo nada para levantar la quiebra de la empresa Ciccone (…). Y esta persona, Vandenbroele, que dicen que es un supuesto testaferro mío… De los papeles de la causa surge que Vandenbroele no tiene ningún bien. Entonces, mal podría ser testaferro de nadie, no de Boudou, a quien no conoce, sino de nadie", señaló Boudou.
Sin embargo, el juez Lijo indica en su citación que Boudou aprovechó “su condición de funcionario público” para acordar con los propietarios de la compañía la cesión del 70% de Ciccone Calcográfica “a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública”. “En este sentido, Amado Boudou habría tenido injerencia, de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición”, indica el escrito de seis folios. A renglón seguido, el juez añade: “Asimismo, [Amado Boudou] habría intervenido, a través de personas interpuestas, en los actos necesarios para el levantamiento de la quiebra, con el objetivo de obtener el certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional. Esa finalidad se habría visto satisfecha una vez que Boudou ya era vicepresidente en, al menos, una oportunidad con Casa de la Moneda”.
A pesar de que la presidenta del Gobierno no suele aludir en sus discursos a la denuncia contra Boudou, Cristina Fernández le ha expresado su apoyo de forma inequívoca al mantenerlo en el cargo. En abril de 2012, en plena ebullición del caso Ciccone -léase Chicone-, daba la impresión de que Boudou podía dimitir en cualquier momento. Pero en lugar de eso, ofreció una conferencia de prensa en el Senado sin derecho a preguntas. Vertió acusaciones contra al fiscal general Esteban Righi, un peronista histórico de 73 años que presentó su dimisión poco después; atacó también al juez y al fiscal que lo investigaban y ambos fueron apartados del caso. Boudou venció claramente pero no convenció a todos. Su poder dentro del Gobierno se fue diluyendo, aunque Cristina Fernández nunca le pidió la renuncia.
Ahora, el abogado de Amado Boudou ha pedido apartar del caso al juez Lillo con el argumento de que tomó declaración como testigos a miembros de la familia Ciccone que estaban imputados en el caso. Por tanto, la misma Cámara formada por tres jueces que en su día apartó del caso al juez que inició la investigación, deberá decidir si el juez Lijo continúa con la instrucción.
FRANCISCO PEREGIL Buenos Aires
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