Los padres de los estudiantes desaparecidos en Iguala emplazan al presidente de México a encontrarles con vida rápidamente y muestran su desconfianza en las investigaciones
Una ausencia, larga y profunda, se adueñó este miércoles de la Residencia Oficial de Los Pinos. Bajo su sombra se vieron las caras por primera vez el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y los padres de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos hace más de un mes en Iguala. La reunión, de cinco horas, acabó con comunicados por separado y con una exigencia irrenunciable de los familiares: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. El presidente mostró su comprensión por el dolor de las víctimas y prometió dar con los culpables, sin dejar resquicio alguno a la impunidad.
En una imagen que permanecerá durante mucho tiempo en la retina de los mexicanos, los parientes de los normalistas, rehuyendo del protocolo palaciego y de la imagen conjunta con Peña Nieto, eligieron la sencilla sede del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, para expresar los sentimientos que les remuerden su interior tras 33 días de búsqueda fallida. “El sufrimiento no se negocia, las vidas no tienen precio, sólo queremos reencontrarnos con nuestros hijos en la escuela. Llevamos más de 30 días en el infierno, sin dormir, sin comer. Que sepa el presidente que no confiaremos en él ni en el Estado hasta que nos los devuelvan vivos”, afirmó Felipe de la Cruz, padre de un desaparecido.
Vestidos modestamente, algunos con dificultades para expresarse en público, los familiares se subieron a un estrado para mostrar su desapego hacia las autoridades. Una y otra vez insistieron en que la falta de resultados había erigido un muro que sólo el hallazgo de los jóvenes podría derribar. Sin perder la fe en que siguen con vida, pese a los múltiples indicios que apuntan a su exterminio por el narco, exigieron a Peña Nieto que acelere las investigaciones. “Se han burlado de nosotros, solo hemos perdido el tiempo. Desde aquella noche estamos a la espera. Y el dolor nos hunde. Cuando como, pienso qué estará comiendo él, cuando bebo, pienso, qué estará bebiendo él; esto es una pesadilla de la que no podemos despertar”, afirmó emocionado Epifanio Álvarez, padre de un normalista. “No podemos confiar sin resultados. Estamos dispuestos a dar la vida por nuestros compañeros. Hoy el presidente solo nos ha dado promesas y nosotros necesitamos hechos”, remachó David Flórez Maldonado, compañero de estudios de los desaparecidos.
El presidente, en un mensaje televisado y sin corbata, mostró su solidaridad con las familias, con las que dijo compartir la "indignación, el dolor y la incertidumbre". "No hay resquicio para la impunidad, vamos a dar con los culpables y aplicar la ley tope donde tope", afirmó el mandatario.
Aunque la distancia entre las familias y el presidente quedó patente en las declaraciones de los padres, la reunión en Los Pinos acabó con un acuerdo firmado por ambas partes, en el que se recogen 10 peticiones de las víctimas. Entre ellas destaca la creación de una comisión mixta, con representantes del Gobierno y las familias, para mantener un flujo constante de información. También se establece rediseñar un plan de búsqueda de los estudiantes desaparecidos, y dar atención a las familias de los seis fallecidos la noche del 26 de septiembre. Por último, Peña Nieto anunció su apoyo para "dignificar" a las escuelas normales rurales.
La reunión, a puerta cerrada, disuelve una de las críticas más lacerantes que se hacían al mandatario y muestra la voluntad del Gobierno mexicano por enderezar un caso cuyo final se presume cercano y dramático. Tras un inicio errático, en que la investigación quedó a cargo del ya defenestrado gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, las autoridades federales se vieron obligadas a recuperar el timón, haciéndose cargo de las pesquisas policiales y, al mismo tiempo, tomando la bandera de las víctimas, cuyo abandono y malestar habían generado una oleada de protestas en todo el país. Este acercamiento desembocó en la reunión de miércoles.
En la cita, las familias han insistido en que no se dé por muertos a los normalistas y que se enfoque su búsqueda como un secuestro, un aspecto espinoso por la multitud de indicios que apuntan a que fueron asesinados a sangre fría. En este sentido, también pidieron que se evite la criminalización de los estudiantes, ante las informaciones que les vinculan con las policías comunitarias, unas oscuras autodefensas que se mueven en los márgenes de la ley, y con el cartel de Los Rojos, el clan rival de Guerreros Unidos.
El momento elegido para el encuentro con el presidente no es casual. La investigación ha entrado en un punto clave. La captura del líder supremo de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, ha empezado a arrojar nueva luz sobre lo ocurrido aquella trágica noche el 26 de septiembre. Las detenciones se han disparado y el hallazgo de una nueva fosa en Cocula, una localidad vecina de Iguala, indica que el puzle está a punto de resolverse. Aunque las autoridades se resisten a hablar de muerte, un tabú para las familias, en la mente de los investigadores está claro que los estudiantes fueron liquidados por los sicarios de Guerreros Unidos tras su entrega por la policía municipal de Iguala y Cocula, dos fuerzas sometidas al narco.
El motivo del más que probable exterminio es aún un misterio. La declaraciones de Sidronio Casarrubias, reveladas por Reforma, apuntan, una y otra vez, a que los estudiantes fueron tomados por miembros de un clan rival, Los Rojos, e incluso que entre sus filas se habían infiltrado 17 sicarios enemigos que tenían por objetivo asesinar al jefe de plaza del cartel en Iguala. Esta versión, llena de aristas y en cierto modo exculpatoria, traza un peligroso nexo entre los normalistas y los criminales. Un vínculo que los familiares niegan tajantemente y que, en todo caso, no da razón de una matanza de tales dimensiones. Menos problemática es la parte de la confesión del líder de Guerreros Unidos que confirma la pertenencia al cartel del alcalde de Iguala y su esposa, ahora prófugos. La mujer era, según esta versión, la responsable de las finanzas de la organización criminal, la principal promotora económica de la campaña del exgobernador Aguirre y también, presuntamente, su amante. Esta declaración abre la vía a que se investigue penalmente al exgobernador por sus vínculos con la pareja, ahora mismo, las dos personas más buscadas de México.
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