La organización afirma que el respeto a los Derechos Humanos no son prioritarios para el Gobierno mexicano y denuncia “demoras inexplicables” y “escasos resultados” en su actuación en Guerrero
“Muy tarde”. El hecho de que el presidente Enrique Peña Nieto tardara cuatro días en pronunciarse por primera vez sobre la desaparición de decenas de estudiantes de magisterio en Iguala, en el estado de Guerrero, muchos de los cuales aparecieron después asesinados, es un síntoma más del problema de fondo que, a juicio deHuman Rights Watch (HRW), tiene el actual Gobierno mexicano: los casos de violaciones de derechos humanos no son una prioridad de este Ejecutivo, que trata de “esconderlos bajo la alfombra porque los ven como mala publicidad para México”.
¿Dónde queda Iguala? ¡A menos de 200 kilómetros del Distrito Federal, a tres horas por carro! ¡No hay excusa! Éste no es un sitio remoto que queda en la selva distante, y sin embargo le tomó cuatro días al presidente de México intentar incluso delegar responsabilidades en las autoridades de Iguala”.
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, no ahorró en críticas este miércoles a la actuación del actual ejecutivo mexicano ante una “crisis de derechos humanos de enormes proporciones” que aunque haya sido heredada del gobierno de Felipe Calderón no deja, a su juicio, de tener la máxima vigencia.
“Parece que le preocupaba más la imagen de su gobierno que resolver la situación de los estudiantes secuestrados y probablemente salvar la vida de muchos de ellos”, sostuvo el responsable de HRW. “Muy tarde, Peña Nieto, muy tarde, este asunto podría haberse resuelto probablemente si hubiera quedado clara la responsabilidad inicial del gobierno federal con esos estudiantes”, insistió Vivanco.
La matanza de Iguala ahora, al igual que hace pocos meses el encubrimiento oficial de la masacre de Tlatlaya, constituyen para HRW una prueba de la “desidia” oficial ante el problema de derechos humanos que sigue arrastrando el país.
El gobierno de Peña Nieto se comprometió a esclarecer las más de 26.000 desapariciones reconocidas por el ejecutivo anterior e impulsó iniciativas “prometedoras” para responder a este problema, reconoce la organización. Sin embargo, todos los esfuerzos emprendidos han estado plagados de “demoras inexplicables, anuncios contradictorios y escasos resultados”, lamenta HRW, que ve una “enorme improvisación” en la manera de actuar precisamente por el bajo nivel de prioridad que le dan al tema.
Esta “preocupación ante los limitados avances” en los casos de desapariciones forzadas y de personas llevadas ilegalmente contra su voluntad, así como la falta de condenas judiciales por estos hechos desde 2006, la expresa Vivanco personalmente en una extensa carta enviada este mismo miércoles al secretario de Gobernación mexicano, Miguel Ángel Osorio Chong.
“El gobierno de Peña Nieto está muy lejos de cumplir con su compromiso de esclarecer qué le sucedió a las miles de personas cuyo paradero se desconoce, y ahora incluso recorta el presupuesto de la unidad especial de la Procuraduría General de la República (PGR) que ese mismo gobierno creó para ocuparse de estos casos”, explicó Vivanco el sentido de la misiva. En ésta, entre otros se insta al ejecutivo de Peña Nieto a aclarar las “contradictorias” cifras de desaparecidos y presuntos reaparecidos -“que depuren las cifras”, según Vivanco-, así como “definir una estrategia clara de prevención del delito para que no ocurran las desapariciones”, o asegurar una “colaboración genuina” entre las autoridades federales y estatales, entre otros.
Está en manos del gobierno, según HRW, “empezar un camino que no es fácil, que no es de corto plazo, que permita recuperar la confianza en la justicia y en las instituciones en México”.
SILVIA AYUSO Washington
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