Los retrasos en la investigación, los problemas forenses y la falta de tacto hacia las familias vuelven a desnudar carencias institucionales
En su primer año de mandato, el Gobierno de Enrique Peña Nieto afrontó colateralmente un episodio de naturaleza similar al de Iguala, aunque de menor envergadura en el nivel de barbarie –si es que esta se puede medir por niveles– y en su repercusión local y mundial.
Se trató del ‘caso Heavens’, en el que un grupo de 13 jóvenes de extracción popular fue secuestrado en mayo de 2013 a la salida de un ‘after’ en el centro de México DF por una banda de delincuentes que incluía policías locales corruptos. Sus cuerpos mutilados aparecieron en una fosa después de tres meses de investigación errática. Aquel caso lo encabezó la fiscalía de la capital en coordinación con la fiscalía federal, la PGR, que ahora, dirigida como entonces por el fiscal Jesús Murillo Karam, es la responsable de resolver el ‘caso Iguala’, en el que los desaparecidos también son jóvenes y humildes, pero 43; en el que los culpables también son mezcla de sicarios y agentes; y en el que la búsqueda de las víctimas también se dilata. En el ‘caso Heavens’ se apreciaron carencias sustanciales en la respuesta institucional. Esas mismas carencias se reiteran en Iguala.
1. Falta de capacidad forense.En Iguala se han hallado 11 fosas que suman en total 38 cadáveres. El peso de su identificación lo lleva un equipo de forenses argentinas, y no peritos del Gobierno mexicano. En el ‘caso Heavens’ fueron esas mismas forenses argentinas las que se encargaron de corroborar la identidad de los cuerpos. Las familias no tuvieron certezas sobre los restos hasta nueves meses después de su hallazgo. Eugenia Ponce, tía de una de aquellas víctimas, asegura que, antes del trabajo de las forenses, los fallos de las autoridades mexicanas habían llegado al extremo de mezclar partes de unos cadáveres con otros: “Uno de ellos tenía dos piernas derechas, una de un tamaño y otra de otro. Eso consta en los dictámenes”.
2. Desatención a los familiares de las víctimas. El jueves 9 de octubre el fiscal Murillo Karam anunció en rueda de prensa que se habían hallado nuevas fosas. En la Escuela Normal de Ayotzinapa, donde estudiaban los desaparecidos y el precario lugar en el que sus padres y madres esperan novedades, las familias se enteraron al mismo tiempo que los periodistas. En el ‘caso Heavens’, los familiares se quejaron reiteradamente de no ser informados de los avances de la investigación antes que la prensa. María Victoria Barranco recuerda que a los dos días de hallarse la fosa del Heavens se enteró de que había indicios de que uno de los cadáveres era su hijo a través de unsms de un servicio de noticias que le llegó mientras iba en metro.
3. Desconfianza en las autoridades. El 20 de octubre, los familiares de los desaparecidos de Iguala tuvieron una reunión con la PGR. Al salir, un vocero de las familias, Vidulfo Rosales, dijo: “No se tiene ni la más mínima confianza en ellos”. En el ‘caso Heavens’ las familias llegaron a emitir un comunicado en el que exigían que el peritaje de los cadáveres lo hiciesen forenses independientes:“Tenemos TOTAL desconfianza en los trabajos de la PGR”, afirmaron.
4. Tensión entre instituciones. En el ‘caso Iguala’ la PGR ha reconocido ante las familias que en el proceso de exhumación de las primeras fosas el personal de la Fiscalía del Estado de Guerrero, al que pertenece Iguala, cometió errores; es decir, que hubo fallos antes de que el caso quedase bajo responsabilidad de la PGR. El 23 de octubre el Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre –del PRD– presentó su dimisión, y en su discurso deslizó que su gobierno estatal había avisado al Gobierno federal –del PRI– de los problemas de colusión entre poderes públicos locales y mafias; un ámbito, el del crimen organizado, que por ley es responsabilidad federal, no estatal.
En el ‘caso Heavens’, el gobierno de la capital adujo que se trataba de un problema entre bandas locales, no de crimen organizado, y por eso la potestad sobre el caso se mantuvo bajo su cargo. Sin embargo, durante la investigación, un alto mando de seguridad del gobierno de Peña Nieto, Manuel Mondragón, dejó caer en una entrevista que en la capital sí era visible un problema de crimen organizado. “Parece ser que la situación se está desbordando un poco”, afirmó en lo que se leyó como un golpe de guante blanco federal al poder de la capital, en manos del PRD.
5. Investigaciones que se dilatan. En el ‘caso Heavens’ pasaron tres meses hasta que aparecieron los cuerpos y otros nueve hasta que los identificaron. En Iguala, al cabo de un mes, han aparecido cadáveres pero el Gobierno aún no ha confirmado si son los desaparecidos. La renuncia de Aguirre, que desde el inicio fue un reclamo urgente de la opinión pública, no llegó hasta la cuarta semana, y también a lo largo del caso la sociedad civil no ha dejado de urgir al Gobierno a que encuentre cuanto antes a los desaparecidos y detenga a los culpables. Una figura moral de referencia en México, el cura Alejandro Solalinde, ha criticado la demora: “Este gobierno está apostando por un control de daños políticos, más que por una solución o por buscar justicia”.
6. Expectación por arrestos de impacto. En el ‘caso Heavens’ se conjeturaba que para secuestrar en el centro de la capital a 13 personas, sacarlas de la ciudad en vehículos atravesando calles vigiladas por cámaras y matarlas y enterrarlas en un monte de las afueras, era verosímil que los delincuentes hubiesen contado con protección de mandos de seguridad de cierto nivel. A lo largo de la investigación hubo más de una treintena de arrestados, entre ellos agentes policiales de rango menor. Como supuesto cabecilla de la matanza fue detenido al cabo de un año un traficante local que, según las autoridades, en el momento de su arresto, siendo objetivo policial prioritario, llevaba encima 2.130 pastillas, cuatro trozos de cocaína y dos básculas grameras. En el ‘caso Iguala’ ya han sido arrestados 56 involucrados, entre ellos también policías locales e incluso el supuesto jefe del cartel que operó la desaparición de los estudiantes. Pero lo que se espera es que sean detenidos el alcalde de Iguala, su esposa y el secretario de seguridad municipal. Un mes después, siguen prófugos.
Son dos casos con un aire de familia aunque de diferente magnitud. La prueba de que el ‘caso Iguala’ se sitúa en una categoría criminal superior, además de la notable indignación ciudadana, es que en el ‘caso Heavens’ Peña Nieto no se pronunció, mientras que con respecto a Iguala ha hecho declaraciones. El calibre del crimen y su repercusión mundial han puesto al Gobierno en la necesidad acuciosa de dar una respuesta antes de que siga pasando el tiempo. Pero parece que sus herramientas para lograrlo no han evolucionado de forma significativa.
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