La primera resolución redactada en una lengua indígena 40 años después de ser declarada oficial muestra un giro en el sistema judicial del país
El quechua y el aymara fueron declarados lenguas oficiales en Perúen 1975. Han tenido que pasar, sin embargo, 40 años para que se redacte la primera sentencia judicial en una lengua indígena, el aymara concretamente. “Yo también me he preguntado por qué ha pasado tanto tiempo”, admite Julio César Chucuya, el juez de 39 años encargado de dictarla, el pasado 13 de marzo. La sentencia condenaba a seis años de cárcel y a una multa de 2.000 nuevos soles, unos 650 dólares, a un hombre por abusos sexuales. “Alguien tenía que dar el primer paso de escribir una sentencia en una lengua indígena”, añade el juez.
Aunque la primera sentencia en lengua indígena haya sido en aymara, no significa que el quechua no se emplee. Miles de jueces de paz administran justicia en quechua en varias comunidades. Sin embargo, el resultado de su trabajo suele ser el arreglo o la conciliación, que se adecua mejor a las costumbres. Ahora, Perú ha puesto en marcha un tribunal en Huancapi.
Durante años, varias generaciones de peruanos no aprendieron quechua en sus casas porque sus padres creyeron que serían menos discriminados si pronunciaban el español sin impregnación de la lengua indígena. Es el caso de Antenor Jorge, de 67 años, presidente de la Corte Superior de Ayacucho, una de las regiones que más ha sufrido el terrorismo en Perú. “Mis padres no me quisieron enseñar”, revela desde Huamanga, capital de Ayacucho. Él es uno de los impulsores de que se formalice la atención en la lengua materna de los ciudadanos.
El titular del Juzgado Intercultural en la provincia de Víctor Fajardo, el juez Percy Vargas Ayala —cuya lengua materna es el quechua— explica otro factor por el cual Huancapi (la capital de la provincia) es la sede de este nuevo servicio: “En Víctor Fajardo, en los años 80 y 90 la violencia política tuvo mucho alcance, de ahí que quizás exista descontento de la población por la falta de presencia del Estado”.
Según el informe de la Comisión de la Verdad, que investigó el período de la violencia en Perú entre 1980 y 2000, en la provincia de Víctor Fajardo se produjeron la mayor cantidad de muertes en 1983, año del ingreso de las fuerzas armadas a Ayacucho para enfrentar al grupo terrorista Sendero Luminoso: 517 víctimas. Además, la población de esa circunscripción se redujo en casi el 40% entre 1981 y 1993: pasaron de 43.000 a 27.079 habitantes.
“Es una obligación atender al quechuahablante en su lengua, porque se trata de un idioma oficial, como el castellano, lo afirma el artículo 48 de la Constitución. El hablante de quechua, por lo general, se maneja en los dos idiomas, pero cuando va a declarar ante el juez en castellano, no lo domina muy bien. Los que trabajamos en el Estado desde hace décadas, cuando había violencia en Ayacucho, estamos pidiendo que se instaure el idioma quechua. El juez de paz del mundo occidental nunca los va a atender [en su lengua], por lo que no llegan las apelaciones. Ahora, en el nuevo Juzgado Intercultural hay un libro de reclamos en quechua, donde recepcionamos los problemas”, explica el juez decano Jorge.
JACQUELINE FOWKS Lima //http://internacional.elpais.com/
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