Una familia sudamericana gasta en promedio entre el 20 y el 30% de lo que gasta en salud para comprar medicamentos.
Eso sostenía en octubre pasado una comunicación de la UNASUR, el bloque regional, al anunciar medidas contra un problema constante a lo largo de muchos países de la región.
La percepción generalizada de carestía de los medicamentos en América Latina esconde sin embargo grandes diferencias entre países.
Que abarcan el espectro desde Cuba, en donde los medicamentos son parte de un sistema estatal con importantes subsidios al consumo que abaratan sustancialmente los precios, hasta otras naciones como Chile o Colombia que han dejado más espacio al libre juego del mercado.
Pero en la región resalta la experiencia de Colombia, tal vez el país que más lejos fue en esta desregulación de los precios de medicinas, con resultados controversiales que el actual gobierno intenta solucionar.
Un experimento aparte
En medio de un continente con varios gobiernos intervencionistas en materias económicas, el colombiano se ha caracterizado por seguir creyendo en el libre mercado.
Por eso podría sorprender a algunos el anuncio en días pasados por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos de imponer controles de precios a centenares de medicamentos, al tiempo que una nueva ley de salud, promulgada la semana pasada, fortalece la capacidad de las autoridades para intervenir en dichos precios, definiéndola por primera vez como una política de Estado.
Pero para muchos otros colombianos parece ser la confirmación de que termina de cerrarse un experimento que desde la década pasada se empeñó en dejar el precio de los medicamentos enteramente al libre juego del mercado.
Lo que resultó en que Colombia se convirtiera en el país del vecindario con precios más altos para los medicamentos.
"En ninguna parte del mundo"
En 2006, durante el anterior gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), las autoridades liberaron los precios de los medicamentos.
"Al no existir precio de referencia, los laboratorios médicos podían cobrar lo que quisieran por cualquier medicamento", asegura Oscar Andia, vicepresidente de la Federación Médica Colombiana.
El resultado fue un incremento inusitado en los precios de los medicamentos.
Andia pone como ejemplo lo que pasó con el Novoseven, un medicamento usado por los hemofílicos.
El precio promedio de este medicamento en 21 países era de 2,5 millones de pesos (cerca de US$1.000, mientras que en Colombia llegó a costar 14 millones de pesos (aproximadamente US$5.600), aseguró Andia a BBC Mundo.
"El proceso de desregularización a ultranza es exclusivo de Colombia en esa magnitud. En ninguna parte del mundo ha pasado un desastre similar", añade el experto, quien también ejerce como director del Observatorio de Medicamentos de la Federación Médica Colombiana.
Un vocero gremial de la industria de medicamentos en Colombia acepta que fue un periodo de abusos.
"Todo el mundo aprovechó esa falta de control por parte del gobierno", asegura Rodrigo Arcila, Director Ejecutivo de la Cámara Farmacéutica de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI).
"En un momento determinado no podemos negar que hubo abusos en toda la cadena", añade Arcila, vocero de una organización que representa a fabricantes extranjeros y nacionales de medicamentos en Colombia.
Sin embargo, insiste que otros factores aparte de la actitud de los productores, incluyendo la falta de capacidad del gobierno para vigilar la industria, también contribuyeron a que, por años, los colombianos pagaran cifras muy elevadas por sus medicamentos.
Cambios
Con la llegada del gobierno de Juan Manuel Santos al poder en Colombia en 2010 se empezó a dar gradualmente un cambio de estrategia frente al problema de los precios desbocados de los medicamentos.
En 2011, el entonces vicepresidente Angelino Garzón admitió que "Colombia es el país de la región que tiene los precios de medicamentos más altos, lo que queremos es que la industria química farmacéutica entienda que los precios de los medicamentos deberíamos nivelarlos por lo bajo, no es justo que en algunos países limítrofes con Colombia o en España, los medicamentos sean mucho más baratos".
En 2012 el gobierno estableció nuevos lineamientos y en concertación con la industria han venido discutiendo nuevas reglas para evitar los abusos que se presentaron en la década anterior.
Arcila de la ANDI es cauto a la hora de evaluar la imposición de nuevos controles de precios.
"Siempre hemos dicho que la política de precios debe tener dos pilares fundamentales: precios justos para los medicamentos pero también que existan incentivos para que la industria pueda colocar cada vez mayor volumen de productos en el mercado", sostiene.
"De esa manera se tiene un equilibrio entre los controles y el beneficio de los consumidores pero también los incentivos a mayor inversión por parte de la industria. Si ese equilibrio se rompe, lo que puede conducir es al desabastecimiento en muchos medicamentos", advierte Arcila.
Medidas
La ofensiva del gobierno colombiano contra los altos precios de las medicinas se ha intensificado este año.
En enero de 2015 la Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa de 3.500 millones de pesos, (aproximadamente US$1.4 millones) a la multinacional Novartis, acusada de haber vendido un medicamento a precios por encima de los permitidos.
La empresa alegó en un comunicado que "ha buscado ser respetuosa y cuidadosa en la aplicación de las diferentes regulaciones de precios emitidas por el gobierno durante los últimos años".
Y a finales de enero, el ministerio de Salud colombiano añadió 230 medicinas a una lista que ya completa 546 medicamentos cuyos precios son controlados por el Estado.
Oscar Andia, de la Federación Médica Colombiana considera que estos son pasos en la dirección correcta, aunque asegura que hay todavía camino por recorrer.
Problema regional
La polémica por los precios de los medicamentos, por supuesto, no se limitan a Colombia.
La respuesta al problema ha variado según las circunstancias de los distintos países de América Latina.
Pero pocos apuestan a una estrategia de precios de medicamentos que no incluya algún elemento de supervisión del Estado.
Incluso en un país como Colombia, donde la intervención del estado en la economía ha sido vista con más recelo por su dirigencia, quedan pocos defensores de la idea de dejar enteramente al mercado el precio de los medicamentos.
Un experimento que en Colombia parece haber fracasado y que le costó millones de dólares al Estado y a los consumidores.
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