El Gobierno difunde un indicador que los analistas consideran certero, después de siete años de maquillar sus cifras
Se acabaron siete años de mentiras sobre el indicador de inflación en Argentina. Presionado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner difundió este jueves un índice de precios al consumidor (IPC) que los analistas independientes consideraron verdadero. Después de años en que el Ejecutivo solo admitía una inflación de alrededor del 1% mensual, cuando las provincias y las consultoras calculaban más del doble, esta vez el ministro de Economía, Axel Kicillof, que asumió el cargo en noviembre pasado, anunció que en enero pasado, el mes de la devaluación del peso, el IPC ascendió al 3,7%.
"Es un índice verosímil", opinó el economista y exgerente general del Banco Central argentino Eduardo Levy Yeyati ante la consulta de EL PAÍS. Lucas Llach, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, compartió esa opinión en su cuenta de la red social Twitter: "La inflación nacional que anunciaron es la verdad, aproximadamente".
De esta manera, el Gobierno de Fernández reconoce una inflación mayor a la admitida desde 2007, cuando aún era presidente su marido fallecido, Néstor Kirchner. La manipulación del IPC fue una idea aplicada por Kirchner para evitar el reconocimiento de una inflación que comenzaba a superar el 20% anual y que solo bajó de ese nivel en la crisis mundial de 2009. El mentor de la mentira fue el entonces superpoderoso secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
Si el Gobierno admite una mayor inflación, también tendrá que reconocer que hay más pobres de los calculados hasta ahora
Pero la falta de un índice creíble aumentó las expectativas de inflación, lo que terminó impactando en forma negativa en los precios. La población acabó pensando que la inflación era aún mayor que la calculada por provincias y consultoras. Por ejemplo, el año pasado el Gobierno de Fernández reconoció una inflación del 10%, las agencias provinciales de estadística dijeron que fue del 27% y las consultoras, del 28%. La Universidad Di Tella encuestaba a ciudadanos sobre cuánta era la inflación y ellos respondían que más del 30%.
Los primeros que denunciaron la manipulación del IPC fueron los propios trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que ayer se manifestaron otra vez en las calles, como lo hicieron durante siete años pese a las sanciones que sufrieron algunos de ellos.
El delegado sindical de ellos, Raúl Llaneza, lamentó ante este diario que el Gobierno de Fernández no reaccionara ante esas protestas sino ante la amenaza que el FMI le hizo a Argentina en 2012 de que la amonestaría si seguía subestimando la inflación. Las sanciones del Fondo van desde la interrupción de líneas de financiamiento, a las que en la actualidad el país sudamericano no recurre, hasta la expulsión del organismo. Al Gobierno de Fernández no le interesan las recetas de ajuste que recomienda el FMI, pero tampoco quiere romper lazos con el que puede ser prestamista de última instancia si se profundizara la actual crisis cambiaria y sobre todo porque necesita de la bendición del Fondo para acabar con la actual negociación de su deuda impaga con el Club de París, grupo de 19 países acreedores, entre los que están Alemania, Japón, España, EE UU y Holanda. En un tiempo en que Argentina ha sufrido una subida del 20% del dólar frente al peso por la escasez de divisas en el país, un acuerdo de reestructuración de la deuda del Club de París podría facilitar la llegada de nuevos préstamos de países y del sector privado. Pero el club impone como condición que el país deudor se encuentre bajo un programa del FMI, exigencia que Argentina rechaza pero que podría ser reemplazada con un monitoreo económico anual del Fondo. Ese control, que no implica exigencias de política económica sino solo opinión de parte del Fondo sobre la situación de un país, se dejó de hacer en 2006 y ahora, con el nuevo IPC más creíble, seguramente será un poco menos crítico.
El reconocimiento de la inflación por parte del Gobierno argentino seguramente tendrá varias consecuencias. Se trata de admitir un problema que antes se negaba. Fue posible en parte porque en noviembre pasado Moreno se marchó del Gobierno y porque quien tomó las riendas de la política económica fue Kicillof, que como investigador universitario era crítico de la subestimación del IPC pero guardó silencio en el periodo en que fue viceministro de Economía, entre 2011 y 2013. Si el Gobierno admite una mayor inflación, también tendrá que reconocer que hay más pobres de los calculados hasta ahora. El INDEC decía que solo el 4,7% de los argentinos sufría la pobreza, pero organizaciones como la Universidad Católica Argentina advertían que un cuarto de ellos padecían carencias básicas.
ALEJANDRO REBOSSIO Buenos Aires
Para El Paìs de Madrid
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