Alberto Nájar
BBC Mundo, Ciudad de México
Ha permanecido en prisión durante más de 13 años acusado de organizar una emboscada en la que murieron siete policías, a pesar de que se demostró que no existían pruebas en su contra. Ahora el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció que le concederá el indulto.
Es el profesor Alberto Patishtán Gómez, indígena tzotzil originario de la comunidad El Bosque, en Chiapas.
Organizaciones civiles como Amnistía Internacional afirman que su caso es uno de los más emblemáticos de las dificultades de los indígenas para obtener justicia en México.
Durante el juicio Patishtán no tuvo acceso a un traductor a su lengua materna, el abogado que se le designó cometió serios errores, el testigo que le acusó de organizar la emboscada se contradijo varias veces y los jueces desecharon testimonios que ubicaron al profesor en otro sitio cuando ocurrió el ataque.
Sin embargo, el maestro fue condenado a 60 años de prisión, sentencia que se ratificó por varios tribunales.
Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se negó revisar una petición de los abogados del maestro, quienes demandaron se le reconociera su inocencia.
El color de la piel
Casos como el de Patishtán Gómez ocurren con frecuencia en México, pues de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el país hay más de 8.500 indígenas que permanecen en prisión.
La mayoría sufrió el mismo proceso que enfrentó el maestro: nunca tuvieron acceso a traductores y los jueces, fiscales y abogados que los defendieron no conocían los usos, las costumbres, la cultura o el idioma de la población indígena del país, advierte el ómbudsman.
Muchos jamás supieron los detalles del juicio que enfrentaron, ni tampoco fueron informados de sus derechos.
En algunos casos los inculpados no comprenden que cometieron algún delito, pues se comportan con base en sus usos y costumbres culturales.
Otros son detenidos por cometer una falta menor, pero ante la falta de una defensa legal adecuada permanecen más tiempo del que legalmente corresponde al delito del que se los acusa.
La ley no se aplica igual en México, asegura Héctor Patishtán, hijo del profesor encarcelado.
"Hay una clara discriminación, vemos que la libertad y la justicia sólo la pueden tener los que tienen dinero, los que son de otros colores", asegura.
En prisión los indígenas suelen padecer abusos, según denuncian organizaciones civiles, porque no tienen dinero para pagar las cuotas que les exigen los custodios y otros prisioneros para no hacerles daño.
El 75% de los detenidos se concentran en once de los 32 estados del país: Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Guerrero, Distrito Federal, Yucatán, Chihuahua, Hidalgo, San Luis Potosí y el Estado de México.
La historia
Alberto Patishtán fue detenido en junio de 2000 acusado de participar en una emboscada donde murieron siete policías de Chiapas y otras dos personas más sobrevivieron, una de ellas el hijo del presidente municipal de El Bosque con quien el profesor tenía diferencias políticas.
El sobreviviente dijo que el maestro participó en el ataque. La Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) presentó un informe donde aparentemente comprobó que el profesor disparó armas de fuego.
Luego se comprobó que ese documento fue manipulado, que en la emboscada participaron entre 10 y 15 personas con el rostro cubierto, y que al momento del atentado el maestro se encontraba a decenas de kilómetros del lugar.
Pero el primer juez responsable del caso desechó estas pruebas y sólo tomó en cuenta el informe de la PGR y el argumento del testigo principal.
Esta decisión fue ratificada por otro juez, encargado de la apelación, y un tribunal colegiado. Más de una década después que inició el caso un nuevo equipo de abogados solicitó a la SCJN que analizara la posibilidad de reconocer la inocencia del maestro, pero hace unas semanas los ministros rechazaron la petición.
Así, el único camino para la libertad de Patishtán Gómez era el indulto presidencial.
El camino para conseguirlo no era fácil: según el Código Penal Federal esta posibilidad sólo podría aplicarse a los detenidos que demostraran "un alto grado de readaptación social", que no hubieran sido sentenciados por "delitos contra la vida", sabotaje o terrorismo.
Recientemente la Cámara de Diputados añadió un artículo adicional al Código para permitir que el indulto se conceda también cuando se demuestre que hubo violaciones a los derechos humanos del sentenciado, como ocurrió con Patishtán.
Fracaso
Para algunas organizaciones civiles el caso del profesor tzotzil demuestra los problemas que enfrenta México con su sistema judicial.
"Es el fracaso de la justicia mexicana", afirma Daniel Zapico, representante de Amnistía Internacional en el país. "No funciona adecuadamente; no tener recursos sociales, pertenecer a una comunidad indígena supone una condena en muchísimos casos".
En todo caso el indulto presidencial al maestro de Chiapas puede ser útil, pues otros indígenas en la misma condición que Patishtán tienen la posibilidad de usar este recurso.
Héctor Patishtán lo define: "Abre la puerta para los demás. La libertad de un hombre abre la puerta a la justicia de muchos".
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