La matanza de 22 supuestos narcos en México muestra las sombras de una guerra bajo control militar
La nota oficial se titula “personal militar repele una agresión” y dice que todo ocurrió a las 5.30 en el poblado de Cuadrilla Nueva, en un agreste rincón del sur del Estado de México. Un convoy militar que inspeccionaba el terreno se topó casualmente con una bodega custodiada por “personal armado” que al ver a los soldados empezó a disparar. El resultado fueron 22 “supuestos agresores” muertos y un militar herido sin gravedad. La versión oficial, aparte de la liberación de tres mujeres pretendidamente secuestradas, no cuenta mucho más. No da identidades, no explica a qué banda pertenecían los muertos ni qué hacía allí el Ejército a esas horas. Nada. La versión oficial de la matanza de Cuadrilla Nueva, ocurrida este mismo lunes a dos horas en coche de la capital federal, encierra en 273 palabras una sangría que en otras latitudes habría desatado mil sospechas y generado otras tantas explicaciones, pero que en México, un país donde a diario mueren agentes baleados por los narcos, no ha movilizado a ningún partido político. Para muchos representa un episodio más de una guerra que sigue, enconada y terrible, pero con sordina. En este caso, contra los Guerreros Unidos, una organización criminal nacida de las cenizas del cartel de los Beltrán Leyva y que ahora libra una salvaje guerra contra las autoridades.
“La lucha continúa fuerte en Estados como Tamaulipas, Michoacán o Guerrero, donde la presencia del narco es poderosa. Allí ocurren enfrentamientos de este tipo. Y como otras veces quedará la duda de qué pasó. El propio relato oficial mueve a todo tipo de interrogantes. Dice por ejemplo que dos mujeres murieron y que otras tres supuestamente secuestradas fueron liberadas; cabe preguntarse si las fallecidas eran víctimas de rapto. Pero nada se sabrá, y al final, nada pasará”, afirma el experto en seguridad Alejandro Hope, antiguo directivo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la agencia nacional de inteligencia.
Parte de la opacidad que rodea las acciones contra el narco procede del uso de las Fuerzas Armadas en tareas policiales. Entre 30.000 y 40.000 militares han sido movilizados en el frente. Su despliegue responde a un doble objetivo: no están tan tocados por la corrupción como otros cuerpos armados y, sobre todo, son los únicos capaces de hacer frente a unas organizaciones criminales equipadas con material de gran potencia de fuego. “Pero esto tiene un problema, el Ejército utiliza medios a veces desproporcionados; convierten el enfrentamiento en un combate militar, no policial”, señala Hope. O como indica la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: “Las Fuerzas Armadas no se limitan únicamente a actuar como apoyo a las autoridades civiles y a aceptar sus órdenes, sino a realizar tareas que corresponden exclusivamente a las autoridades civiles”.
Este control militar ha encendido las alertas, incluso fuera del país. El relator especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Chistof Heyns, tras su reciente visita a México, ha advertido de la dureza de la “represión militar” y de la ausencia de una “rendición de cuentas por los atropellos cometidos”. Heyns, en su informe, ha denunciado una situación de “impunidad sistemática y endémica” no solo porque los militares son juzgados por sus pares en casos de delitos contra civiles, sino porque el sistema judicial se ha convertido en un agujero negro donde “solo del 1% al 2% de los delitos, incluidos los homicidios, dan lugar a sentencias condenatorias”. En esta línea, las propias muertes de Cuadrilla Nueva serán conceptuadas en las estadísticas, según los expertos consultados, no como homicidios, sino como fallecimientos en intervenciones legales y operaciones de guerra.
A este panorama de opacidad, se suma el cambio de narrativa impuesto en México por la presidencia de Enrique Peña Nieto. En el anterior sexenio, la guerra contra el crimen organizado, con 70.000 muertos, se convirtió en el eje estelar del mandato; los operativos, las detenciones, las organizaciones eran exhibidos a la luz pública. El efecto fue, en opinión de los estrategas del actual mandatario, una sobrexposición. “Solo se hablaba del narco en relación a México; y los propios criminales empezaron a cobrar aires de leyenda”, señala un alto cargo gubernamental. Para acabar con esta deriva se impuso el silencio. Ahora, como reconocen fuentes oficiales, se informa al mínimo, las notas son esqueléticas y se evita incluso el nombre de los carteles. La consecuencia ha sido una mejora de la percepción de la seguridad, pero también un mutismo tan sonoro como el de Cuadrilla Nueva, donde 22 muertes han quedado reducidas a cuatro párrafos.
JAN MARTÍNEZ AHRENS México
http://internacional.elpais.com/
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