El general retirado Odlanier Mena Salinast murió en su casa, donde pasaba los fines de semana por un permiso penitenciario
Odlanier Mena Salinas, exjefe de la Central Nacional de Informaciones (CNI) –policía secreta de Augusto Pinochet entre 1977 y 1990, responsable de decenas de asesinatos, secuestros y torturas– se suicidó con un disparo en la sien, según informes preliminares entregados por la policía. El hecho se produjo en su domicilio ubicado en la acomodada comuna de Las Condes, en el sector oriente de Santiago de Chile, donde el general en retiro hacía uso del beneficio penitenciario de libertad de fin de semana. Mena iba a ser trasladado a otra prisión tras el cierre del penal en el que cumplía su condena junto a otros nueve militares.
Mena, de 87 años, fue uno de los líderes de la llamada Caravana de la Muerte, comitiva militar que ejecutó a opositores políticos en distintas ciudades del país tras el golpe militar que terminó con el gobierno de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Más tarde, después de que Pinochet decretara el fin de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) –organismo responsable de miles de violaciones a los derechos humanos–, en 1977 Mena se convirtió en el primer director de la CNI, cargo en que permaneció hasta 1980.
Condenado en 2007 a diez años de presidio –que se redujeron a seis con el fallo definitivo–, Mena cumplía sentencia por su responsabilidad como autor de los homicidios de los dirigentes socialistas Manuel Donoso, Oscar Ripoll y Julio Valenzuela. El exmilitar se encontraba en su hogar gracias a que, tras cumplir la mitad de su condena, desde 2011 se le permitiera estar en libertad entre las 18.00 del viernes y las 22.00 del domingo.
El suicido de Mena se produjo dos días después de que el presidente Sebastián Piñera anunciase el cierre el Penal Cordillera, donde convivía con otros nueve militares condenados por delitos cometidos durante la dictadura de Pinochet (1973-1990). Entre ellos se encuentran reconocidos violadores de derechos humanos como Miguel Krassnoff, Marcelo Moren Brito y Manuel Contreras, el exdirector de la DINA condenado a 360 años de cárcel más dos cadenas perpetuas.
El 10 de septiembre pasado, en medio del agitado clima político que vivió el país a propósito del aniversario de los 40 años del golpe de Estado, Contreras –a quien se le atribuye la muerte de más de 1.500 opositores al régimen– dijo en una entrevista de televisión que en el Penal Cordillera los gendarmes estaban para “sostenerle el bastón”, y negó tener participación en cualquier delito.
Las declaraciones de Contreras generaron polémica y malestar entre los familiares de las víctimas de la dictadura –hubo 3.214 ejecutados políticos, de ellos un millar permanecen desaparecidos–, y desde entonces resurgió el cuestionamiento por las comodidades con que permanecen encarcelados los militares en el Penal Cordillera. La cárcel cuenta con baños privados, agua caliente, televisión, computadores y jardines con césped: una realidad muy distinta a la que viven los presos comunes en Chile. Ubicada junto al comando de Telecomunicaciones del Ejército, en el sector suroriente de Santiago, la cárcel fue creada gracias a un decreto firmado en 2004 por el expresidente Ricardo Lagos (2000-2006).
Tras el anuncio de Piñera, el cierre de la cárcel es inminente, y se espera para las próximas horas el traslado de sus nueve internos hacia el Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco. Ubicado 60 kilómetros al norte de la capital chilena, en la localidad de Tiltil, en Punta Peuco hay 44 militares implicados en violaciones a los derechos humanos, quienes también gozan de comodidades como habitaciones individuales, televisores, computadores, biblioteca y un sector para tratamientos terapéuticos.
A 50 días de las elecciones del próximo 17 de noviembre –en las que, según todas las encuestas, triunfará la expresidenta socialista Michelle Bachelet–, la decisión de Piñera, quien calificó de “criminales” a los militares presos, ha provocado un quiebre en el oficialismo. Según informó el diario La Tercera, Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional –partido liberal de derecha al que pertenece el mandatario–, se habría quejado ante el Gobierno por el cierre de la cárcel ya que la decisión implica “agravar las penas” y significa un “cambio injusto y excesivo en las condiciones”. Más allá, la queja de Larraín apuntó al “efecto político” de la medida, pues incomoda a parte de la derecha que apoyó el régimen de Pinochet, y en especial a la candidata presidencial del sector, Evelyn Matthei.
Joaquín Lavín, líder de la Unión Demócrata Independiente –partido conservador de la derecha– y jefe de la campaña de Matthei, prefirió evitar los roces con Piñera y contraatacó destacando que Bachelet no fue quien dio la orden de cerrar el Penal Cordillera. “No deja de ser una paradoja que sea un gobierno de la Concertación el que haya abierto penal Cordillera y haya sido un Gobierno de centroderecha el que lo cierra”, dijo Lavín al canal de televisión 24 Horas.
RODRIGO CEA Santiago de Chile
Mena, de 87 años, fue uno de los líderes de la llamada Caravana de la Muerte, comitiva militar que ejecutó a opositores políticos en distintas ciudades del país tras el golpe militar que terminó con el gobierno de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Más tarde, después de que Pinochet decretara el fin de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) –organismo responsable de miles de violaciones a los derechos humanos–, en 1977 Mena se convirtió en el primer director de la CNI, cargo en que permaneció hasta 1980.
Condenado en 2007 a diez años de presidio –que se redujeron a seis con el fallo definitivo–, Mena cumplía sentencia por su responsabilidad como autor de los homicidios de los dirigentes socialistas Manuel Donoso, Oscar Ripoll y Julio Valenzuela. El exmilitar se encontraba en su hogar gracias a que, tras cumplir la mitad de su condena, desde 2011 se le permitiera estar en libertad entre las 18.00 del viernes y las 22.00 del domingo.
El suicido de Mena se produjo dos días después de que el presidente Sebastián Piñera anunciase el cierre el Penal Cordillera, donde convivía con otros nueve militares condenados por delitos cometidos durante la dictadura de Pinochet (1973-1990). Entre ellos se encuentran reconocidos violadores de derechos humanos como Miguel Krassnoff, Marcelo Moren Brito y Manuel Contreras, el exdirector de la DINA condenado a 360 años de cárcel más dos cadenas perpetuas.
El 10 de septiembre pasado, en medio del agitado clima político que vivió el país a propósito del aniversario de los 40 años del golpe de Estado, Contreras –a quien se le atribuye la muerte de más de 1.500 opositores al régimen– dijo en una entrevista de televisión que en el Penal Cordillera los gendarmes estaban para “sostenerle el bastón”, y negó tener participación en cualquier delito.
Las declaraciones de Contreras generaron polémica y malestar entre los familiares de las víctimas de la dictadura –hubo 3.214 ejecutados políticos, de ellos un millar permanecen desaparecidos–, y desde entonces resurgió el cuestionamiento por las comodidades con que permanecen encarcelados los militares en el Penal Cordillera. La cárcel cuenta con baños privados, agua caliente, televisión, computadores y jardines con césped: una realidad muy distinta a la que viven los presos comunes en Chile. Ubicada junto al comando de Telecomunicaciones del Ejército, en el sector suroriente de Santiago, la cárcel fue creada gracias a un decreto firmado en 2004 por el expresidente Ricardo Lagos (2000-2006).
Tras el anuncio de Piñera, el cierre de la cárcel es inminente, y se espera para las próximas horas el traslado de sus nueve internos hacia el Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco. Ubicado 60 kilómetros al norte de la capital chilena, en la localidad de Tiltil, en Punta Peuco hay 44 militares implicados en violaciones a los derechos humanos, quienes también gozan de comodidades como habitaciones individuales, televisores, computadores, biblioteca y un sector para tratamientos terapéuticos.
A 50 días de las elecciones del próximo 17 de noviembre –en las que, según todas las encuestas, triunfará la expresidenta socialista Michelle Bachelet–, la decisión de Piñera, quien calificó de “criminales” a los militares presos, ha provocado un quiebre en el oficialismo. Según informó el diario La Tercera, Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional –partido liberal de derecha al que pertenece el mandatario–, se habría quejado ante el Gobierno por el cierre de la cárcel ya que la decisión implica “agravar las penas” y significa un “cambio injusto y excesivo en las condiciones”. Más allá, la queja de Larraín apuntó al “efecto político” de la medida, pues incomoda a parte de la derecha que apoyó el régimen de Pinochet, y en especial a la candidata presidencial del sector, Evelyn Matthei.
Joaquín Lavín, líder de la Unión Demócrata Independiente –partido conservador de la derecha– y jefe de la campaña de Matthei, prefirió evitar los roces con Piñera y contraatacó destacando que Bachelet no fue quien dio la orden de cerrar el Penal Cordillera. “No deja de ser una paradoja que sea un gobierno de la Concertación el que haya abierto penal Cordillera y haya sido un Gobierno de centroderecha el que lo cierra”, dijo Lavín al canal de televisión 24 Horas.
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