La ONU publica un estudio del impacto de la inseguridad en el desarrollo económico y social de la región
Califica el nivel actual de homicidios de epidémico
Un altar en honor a muertos en el Estado mexicano de Guerrero. / EFE
Nadie discute el éxito de América Latina al sacar a millones de personas de la pobreza. Un esfuerzo que elogian el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que está permitiendo emerger a una nueva clase media que aspira y exige más a sus gobernantes. También desde Naciones Unidas. Pese a los avances económicos y sociales, es la región más desigual e insegura del mundo.
De acuerdo con los datos del Programa para el Desarrollo (PNUD), más del 30% de los latinoamericanos se las tiene que ingeniar para vivir con menos de cuatro dólares al día. Están por debajo del umbral de la pobreza. El 16% de la población vive en la extrema pobreza; con menos de 2,5 dólares diarios. El 30% se considera parte de la clase media y el 2% son ricos.
Es cierto que la brecha de la desigualdad en los ingresos se redujo durante la última década en 16 de los 18 países de la región. Pero de los 15 países con más desigualdad del mundo, 10 se encuentran en América Latina. Y hay, además, una paradoja: en la última década la región no solo fue escenario de una gran expansión económica, también de una expansión delictiva.
La inseguridad, insiste la ONU, es un reto compartido y un obstáculo para el desarrollo social y económico en todos los países de América Latina. El último informe de desarrollo humano refleja con nuevos datos como el crimen y la violencia impactan en la región. Hay un dato que visualiza la dimensión de un problema en aumento: más de 100.000 asesinatos al año.
Es decir, mientras que la región fue un motor del crecimiento mundial, más de un millón de personas murieron asesinadas entre 2000 y 2010. El PNUD denuncia que en más de la mitad de los países analizados la tasa de homicidio aumentó, incluso en los que tienen menores niveles de pobreza. En 11 países se superan los 10 asesinatos por 100.000 habitantes, un nivel “epidémico”.
El informe elaborado por el departamento que dirige el chileno Heraldo Muñoz, bajo la supervisión de Rafael Fernández de Castro, muestra que cinco de cada diez ciudadanos percibe un deterioro de la seguridad en su país. Los casos de robo, por ejemplo, se triplicaron durante las últimas dos décadas y media. Es el delito que más afecta a los latinoamericanos.
Además, uno de cada tres latinoamericanos señaló haber sido víctima de un delito con violencia en 2012. Esta percepción creciente de la inseguridad explica, por ejemplo, que en América Latina haya 3,8 millones de vigilantes privados, un 50% más que agentes de policía. Son los más armados del mundo. El crecimiento de la contratación de guardas de seguridad es del 10% anual.
La creciente inseguridad, como dice el PNUD, provoca que los ciudadanos tengan que cambiar su rutina para evitar ser víctimas del delito, lo que restringe sus libertades. Entre el 45% y el 65% de los encuestados, dependiendo del país, dejó de salir de noche y un 13% habla de la necesidad de cambiar su residencia, lo que equivale a 58,8 millones de personas aproximadamente.
El mensaje de las Naciones Unidas lo resume de la siguiente manera la administradora del PNUD, Helen Clark: “Sin paz no puede haber desarrollo, y sin desarrollo no puede haber una paz duradera”. "Este grave problema sí tiene remedio”, añade Heraldo Muñoz, pero precisa que “requiere visión y voluntad política de largo plazo”. “No hay soluciones mágicas”, remacha.
El reto, explica Fernández de Castro, es mayor porque las amenazas a la seguridad se entrecruzan. Suele referirse al narcotráfico para explicar el actual nivel de inseguridad en América Latina. Pero como indica el experto del PNUD, las dinámicas regionales, nacionales y locales son mucho más diversas. También señala que la política de la “mano dura” no funciona.
Quizás el primer paso que se puede dar en este sentido es acabar con la politización que sufre el problema de la inseguridad, estableciendo cada país un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana entre gobierno, partidos políticos y sociedad civil. Es decir, como indica el embajador, se trata de “transformar” la seguridad en una política de Estado.
La ONU hace así otras recomendaciones, que van más allá de las medidas de control del delito. Para lograr una reducción duradera de la inseguridad, además de impulsar un crecimiento “incluyente y equitativo”, se aboga por reducir la impunidad fortaleciendo la eficacia de las instituciones de seguridad y justicia y por políticas públicas que estimulen la convivencia.
A esto se le suma acciones como regular y reducir desde una perspectiva integral y de la salud pública lo que denomina como los “disparadores del delito”, como el alcohol, drogas y armas. Eso mientras se elevan las oportunidades reales de desarrollo humano para los jóvenes, se previene la violencia de género y se protegen activamente los derechos de las víctimas.
El estudio hace mención, además, a lo que califica como “delito aspiracional”, derivado del aumento de las expectativas de consumo y relativa falta de movilidad social en la región. El crecimiento rápido y desordenado de las ciudades, junto a los cambios en la estructura familiar y los problemas en la escolarización, añade la ONU, generan condiciones que inciden en la criminalidad.
Naciones Unidas pone cifra al impacto económico de la inseguridad. El organismo calcula que “el exceso de muertes” reduce en un 0,5% el potencial de la región, lo que equivale a unos 24.000 millones de dólares anuales. A esto se le suma la pérdida en la expectativa de vida. Eso sin contar con el alto coste para las cuentas públicas del delito y la violencia.
SANDRO POZZI Nueva York
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