Alberto Nájar
BBC Mundo, Ciudad de México
A media tarde dos jóvenes llegaron armados a una pequeña tienda de Iztapalapa, en Ciudad de México, y para obligar al dueño a entregar las ganancias del día apuntaron con una pistola a su hija de cuatro años de edad.
No hubo dudas. En pocos segundos los ladrones salieron tranquilamente con unos miles de pesos en los bolsillos.
El comerciante ya había sufrido varios robos pero nunca con tanta violencia, le dice a BBC Mundo el empresario Pedro Salcedo García, quien conoció el caso pues la víctima es vecino de su familia. De hecho, el asalto ocurrió horas antes de la entrevista.
La consecuencia era previsible, añade. "Ese negocio ya no va a abrir, el propietario decidió que no arriesgará de nuevo a su familia".
Casos como éste ocurren en casi todo el país. El gubernamental Instituto Nacional de Estadísticas (Inegi) revela que en los últimos tres años al menos 40.000 empresas pequeñas y medianas cerraron sus puertas debido a la inseguridad.
Muchas no pudieron pagar las extorsiones, lo que aquí se conoce como "derecho de piso", que frecuentemente aplican bandas vinculadas a carteles de narcotráfico. Otras fueron incapaces de sobrevivir a los frecuentes robos.
Las autoridades reconocen que el problema es serio, aunque aseguran que ya se buscan soluciones.
"Sabemos que se afecta la competitividad y productividad del país por el tema de la inseguridad, y por eso es que estamos trabajando en el esquema de un programa nacional de prevención", dijo recientemente Xiuh Guillermo Tenorio, director de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.
Alto costo
Salcedo García es presidente de la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios (Alampyme). Desde ese cargo ha conocido decenas de historias de violencia contra sus compañeros.
Lo más frecuente, cuenta, son las amenazas de muerte para obligar a los empresarios a pagar el "derecho de piso".
"Mucha gente que trabaja en mercados públicos y en tiendas de comercio o que son pequeños industriales han sido atacados por la mafia. Y les pagas o cierras porque no tiene ningún sentido exponer la vida o trabajar para otros", afirma García.
La mayoría de los casos ocurre en los estados donde se libra con violencia la guerra contra el narcotráfico, como Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, Coahuila o Veracruz, pero recientemente se han denunciado extorsiones en el Estado de México y el Distrito Federal, donde los carteles no habían operado antes abiertamente.
La delincuencia afecta a muchos tipos de negocios. Por ejemplo, el líder de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias de México (Unefarm), Oscar Zavala Martínez, denuncia una ola de ataques contra sus negocios.
"Este año hemos registrado el cierre de 3.600 farmacias en todo el país, principalmente en los estados de México, Guerrero, Michoacán y Morelos", asegura.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2012 del Inegi (la edición más reciente), en promedio 37,7% de un total de 3,7 millones de compañías mexicanas sufrieron al menos un delito.
Para las empresas la violencia es cara. En algunos casos contratan policías o guardias privados para cuidar todos sus vehículos de reparto y evitar robos; otros asignan guardaespaldas a sus directivos y la mayoría invierte en sistemas de alarma para sus instalaciones.
Según el Inegi, el año pasado el costo de la inseguridad para el sector privado fue de unos US$8.800 millones, equivalentes a 0,75% del Producto Interno Bruto.
La Tuta
Actualmente para las empresas mexicanas la situación más grave se presenta en Michoacán, donde la guerra entre los carteles de Jalisco Nueva Generación, Los Caballeros Templarios y grupos de autodefensa ha causado serias pérdidas económicas.
Desde hace un par de años los Templarios, encabezados por el profesor Servando Gómez Martínez, "La Tuta", son denunciados por organizaciones de productores por bloquear con frecuencia la cosecha y venta de limón y aguacate, dos de los principales productos del estado.
También controlan la distribución de alimentos, agua, combustibles o productos agrícolas en las regiones donde viven sus adversarios, según señaló el obispo de Apatzingán, Miguel Patiño Velázquez, en una carta que recientemente hizo pública.
Este cartel, reconocen autoridades locales y organizaciones empresariales, cobra "derecho de piso" a prácticamente todos los negocios de los municipios del estado, además de presuntamente extorsionar a otros de estados vecinos.
Además lograron controlar muchas actividades en la ciudad de Lázaro Cárdenas, el tercer puerto marítimo más importante del país, según denuncia José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
"Quien gobierna en Lázaro Cárdenas es La Tuta, él dice qué entra y qué sale, extorsiona a empresarios de minerales ferrosos, cobra derecho de piso por cada barco que sale hacia China o hacia cualquier parte del extranjero", asegura.
Preocupación oficial
La violencia en Michoacán y la que padecen los empresarios en otros varios estados es uno de los temas que preocupan a las autoridades, reconoce el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
"Sabemos que hay estados en los que se tiene que seguir para regresarles la seguridad, como Michoacán y Tamaulipas, pero es con la participación de la ciudadanía y con una acción transparente de las autoridades como vamos a lograr avanzar", dijo recientemente.
Por lo pronto, a pesar de la inseguridad en algunas regiones del país, hay empresarios que creen que la situación empieza a mejorar.
El quinto Sondeo de Seguridad Empresarial de la Cámara Americana de Comercio señala que la mayoría de los entrevistados considera que su empresa es igual o más segura que antes. Y 70% no considera necesario mudar sus instalaciones por la delincuencia.
El relevamiento también reconoce que las empresas desarrollaron esquemas de protección y evaluaciones de riesgo: una forma de adaptarse a la inseguridad que vive México.
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