El ébola golpea “peor que una guerra” a la economía de los países

Los expertos calculan una caída del 2% del PIB en la región por la epidemia

El FMI otorgará 285 millones de euros para Guinea, Liberia y Sierra Leona

Un hombre fumiga un químico en una de las calles de Monrovia (Liberia). / A. D. (AP)

“Las consecuencias económicas de esta epidemia de ébola son peores que las de una guerra. Cuando hay un conflicto hay sectores perjudicados, pero otros siguen funcionando. Pero el ébola —y sobre todo el miedo al ébola— es capaz de paralizar por completo a un país, como está siendo el caso de Liberia”, asegura Demba Moussa Dembele, reconocido economista senegalés. Fronteras cerradas al tránsito de personas y mercancías, compañías aéreas que dejan de volar a los países afectados, tierras de cultivo que se abandonan, turismo que cae en picado, inversores que huyen, empresas internacionales que suspenden sus operaciones. Los expertos ya prevén una caída del PIB de en torno al 2% en África occidental, ante lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI), que habla de un impacto “agudo” en la economía, ha previsto otorgar una ayuda financiera adicional que en principio iría destinada a Guinea, Liberia y Sierra Leona, los países por ahora más afectados, de 285 millones de euros.

En la calle Sandiniery, junto al mercado de Sandaga de la capital senegalesa, Yunus Haidara vende frutas y verduras. Bueno, vendía. Toda su mercancía venía de Guinea y hace tres días que no llega ni un solo camión. “Esto es lo que me queda”, dice, señalando tres tomates y un puñado de ajos. “De todas maneras llevo tres meses complicados, la gente no quiere comprar nada que venga de Guinea. Pero ahora con el cierre de fronteras voy a tener que echar el cierre. No sé de qué voy a vivir”, se lamenta. Senegal es el principal importador de la producción hortofrutícola guineana. Pero el problema es mucho más amplio. En total, son seis los países de África occidental que han prohibido la entrada de todo lo que provenga de la zona afectada por el ébola: Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Malí y la propia Senegal.

“Al cierre de fronteras hay que añadir que la decisión de las compañías aéreas de cancelar todos sus vuelos con la región va a tener un impacto enorme en nuestras economías”, ha asegurado Donald Kaberuka, presidente del Banco Africano de Desarrollo (BAD). “Hay países a 8.000 kilómetros de aquí, como Sudáfrica, que han prohibido la entrada a los ciudadanos de África occidental. No se justifica de ninguna manera”.

Tras unos años noventa marcados por las guerras, Sierra Leona y Liberia, y con ellas toda África occidental, estaban experimentando un crecimiento económico que la convertían en una región cada vez más atractiva para la inversión extranjera. Pero la epidemia de ébola va a ser, sin duda, un frenazo. En seco.

Un empresario turístico que opera en Senegal —país que este viernes ha confirmado su primer y único caso— asegura que “esto es una catástrofe”. “Todos los días recibo una media de dos cancelaciones. No hay más que darse una vuelta por Sally y La Somone, uno de los principales destinos turísticos del país. Los hoteles están vacíos”, se queja. Un ejemplo: la selección estadounidense de baloncesto tenía previsto jugar en amistoso en Senegal y lo cancelaron por el ébola antes incluso de que hubiera ningún caso confirmado.

Y es que las consecuencias se están dejando notar en África como destino. Algunos países que lo empiezan a sufrir, como Kenia o Sudáfrica, están a miles de kilómetros del brote epidémico. “Es un terremoto que afecta a todos. Hay un epicentro en tres países, pero la onda expansiva llegará en mayor o menor medida a todo el continente”, insiste Dembele, presidente del African Research and Cooperation for Supporting Endogenous Development.

En Liberia, la empresa minera Solomon ha suspendido todas sus actividades y buena parte de su personal se dedica ahora a recorrer los centros de ébola tratando de llevar comida y ropa a la gente. ArcelorMittal, gigante mundial del acero, ha suspendido las obras que tenía en marcha en la mina de Yekepa y en el puerto de Buchanan, evacuando a todos sus trabajadores. En Freetown (Sierra Leona), el hotel Radisson, recién inaugurado y muy utilizado por los grandes empresarios, ha visto caer en picado las reservas. “Hay una gran inquietud, el dinero ha dejado de circular”, asegura Alan Duncan, empresario residente en la capital sierraleonesa.

“Incluso en el supuesto de que la epidemia se llegue a controlar en seis meses, como dice la OMS, la economía tardará aún dos o tres años en volver a la situación de 2013”, añade Dembele. “África occidental estaba atravesando un periodo realmente bueno de estabilidad y avances hacia una mayor unión. Para 2020 estaba previsto alcanzar la unión monetaria. Pero estoy convencido de que todos estos procesos se van a ralentizar”. Los expertos no dudan en que esta crisis económica vendrá acompañada de una mayor conflictividad social y de inestabilidad política en los gobiernos de los países más afectados.

JOSÉ NARANJO Dakar

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Los robos de recién nacidos que conmueven a Chile

La Justicia investiga una treintena de casos ocurridos en hospitales públicos durante los 70 y 80

La Justicia chilena investiga una treintena de robos de recién nacidos en hospitales públicos de Chile durante los años 70 y 80 que afectaron, sobre todo, a madres y parejas muy jóvenes y humildes. Los niños y niñas fueron dados por muertos después de nacer y, mediante mentiras y sin papeles oficiales, funcionarios de la salud los entregaron a familias acomodadas, en algunas ocasiones con ayuda de monjas y sacerdotes.

Los casos han comenzado a desvelarse después de una investigación periodística publicada en abril, pero ni los tribunales ni el Gobierno han logrado dimensionar el verdadero alcance de esta trama. “Es probable que lo que ha sucedido en Chile haya sido tan masivo como lo que ocurrió en España, porque era una práctica extendida”, señala la abogada del Servicio Nacional del Menor (SENAME), Consuelo Gazmuri.

El 8 de junio de 1980, Olivia dio a luz a una niña en el hospital del Salvador, en Santiago. Provenía de una familia humilde, pero le hacía mucha ilusión tener a la pequeña, porque tenía cuatro hijos varones. Nació a los nueve meses, pesó 3,2 kilos y apenas se produjo el parto, la madre la tomó en su regazo. El médico que la atendió, Gustavo Monckeberg, la sorprendió abrazando a la recién nacida. La regañó e incluso le dio una fuerte palmada en su muslo. Pocas horas después, a la mujer le informaron que su hija había muerto. Al día siguiente, sin embargo, le llevaron al mismo bebé para amamantarlo: Olivia se dio cuenta de que estaba sana y la tuvo consigo durante horas. En un momento, llegó el médico con una pareja a observarla:

—No es nada de fea la mujer—, señaló la visitante y los tres salieron de la habitación.

Ese mismo día, una enfermera le informó de que la niña estaba grave y que debían trasladarla a otro hospital, especializado en menores. La madre se resistió, dijo que no la había visto enferma, pero se la arrebataron de todas formas. Fue la última vez que Olivia vio a su hija. Algunas horas después, le indicaron nuevamente que había muerto. Cuando quiso hacerle un funeral, le señalaron que su cuerpo había sido donado a la ciencia. La madre fue al hospital Calvo Mackenna, donde supuestamente había sido trasladada su pequeña, pero en ese centro le indicaron que su niña nunca había sido ingresada. En el Registro Civil tampoco pudo encontrar un certificado de defunción.

La madre siempre sospechó que su hija había sido dada en adopción por la pareja que llegó a verla junto al médico. En 2014, Olivia se animó a denunciar los hechos al conocer por la prensa el testimonio de otras mujeres a las que les robaron a sus hijos con el mismo método. En algunos casos —no está determinada la cantidad exacta— también participó el doctor Monckeberg, que falleció en 2008. El SENAME habilitó una página web para recopilar las denuncias y han llegado cerca de 150. La semana pasada, el organismo del Gobierno se querelló por seis casos ocurridos en Santiago. Uno de ellos es el de la madre que llegó a parir al hospital del Salvador ese 8 de junio de 1980 y su relato está en poder de la Justicia y será investigado. “Posiblemente vamos a presentar nuevas querellas en otras ciudades del país”, señala la abogada Gazmuri.

El ministro de la Corte de Apelaciones, Mario Carroza, investiga otra veintena de casos. El magistrado tiene dedicación exclusiva en causas de violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990, los 17 años de dictadura de Pinochet. Carroza explica que la indagación recién comienza, pero ha logrado configurar el método que hizo posible la sustracción de recién nacidos: “Las madres de escasos recursos se iban a atender a hospitales públicos y se les comunicaba que su hijo había fallecido, pero se los habían entregado a otras familias. Se está investigando la participación de matronas, médicos, enfermeros y religiosos”. El magistrado señala que no ha logrado determinar que haya habido pagos, descarta que se haya tratado de sustracción sistemática de hijos de opositores a la dictadura y señala que existen presunciones de que algunos niños robados están fuera de Chile.

En algunos de los casos se ha determinado la participación de monjas y curas en las sustracciones. Carroza ha interrogado en calidad de inculpada a la religiosa María Graciela Soto, de 93 años, que habría entregado a niños en el hospital Barros Luco de la capital chilena, donde se concentra la mayor cantidad de robos. El abogado Cristian Letelier, que representa a 13 casos, señala que se le ha pedido al magistrado que investigue a una monja de nombre Gertrudis Kuijpers que actualmente vive en Holanda. “Sacó 99 niños chilenos, hijos de madres vulnerables, de forma absolutamente ilegal. Hoy tienen entre 30 y 35 años”, señala el jurista.

ROCÍO MONTES Santiago de Chile

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Rescatan a 20 mineros atrapados en una mina del norte de Nicaragua

Al menos nueve personas permanecen en paradero desconocido desde el pasado jueves.

Los equipos de rescate han logrado salvar a 20 mineros que quedaron atrapados tras un derrumbe en una mina de oro en el norte de Nicaragua, según ha confirmado la portavoz del Gobierno, Rosario Murillo. Según las primeras informaciones el grupo de personas atrapadas desde el pasado jueves por un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias ascendía a 29 personas, por lo que hay todavía nueve personas en paradero desconocido.

Las autoridades locales aseguran que dos mineros pudieron salir tras el alud y que los rescatistas trabajan desesperadamente para auxiliar a los demás rescatar a los demás. La funcionaria ha comentado que las 20 personas rescatadas ya se encuentran en un hospital de la zona. El viceministro de Gobernación del país, Carlos Nájar, ha añadido por su parte que un grupo de 17 bomberos especializados ha usado una entrada alternativa a la mina para poder llegar a los mineros.

Julio Quintero, jefe de la compañía minera nicaragüense Hemco, filial de la firma colombiana Mineros SA, ha explicado que la mina en el proyecto Bonanza, ubicada a unos 420 kilómetros al noreste de Managua, fue cerrada hace aproximadamente cuatro años después de que se considerase insegura.

Las autoridades locales informaron de que habían advertido a los mineros del peligro que significaba socavar en el cerro El Comal, debido a la inestabilidad del terreno, pero estos trabajadores artesanales prefirieron correr el riesgo a perder la oportunidad de encontrar oro, en una región rica en este metal precioso. En Bonanza, municipio localizado dentro de la reserva de biosfera de Bosawas –un inmenso bosque tropical cuyo núcleo supera los ocho mil kilómetros cuadrados–, es normal ver a estos mineros artesanales asentados con sus herramientas en los ríos que atraviesan la localidad, en busca de polvo de oro o pequeños trozos del metal, que luego venden a las grandes empresas mineras asentadas en la zona. En el mercado internacional, el oro se cotizaba este viernes a 1,289.4 dólares la onza Troy, equivalente a 31 gramos.

Sin embargo, los mineros continuaron trabajando pese a las órdenes de la empresa, y Quintero asegura que Hemco continuó comprándoles minerales hasta la semana pasada. La minería informal es legal en el empobrecido país centroamericano, donde sirve como una vía para que más personas se beneficien de la industria.

En un comunicado, la colombiana Mineros ha explicado que el derrumbe se produjo la madrugada del jueves en la montaña El Comal, a cuatro kilómetros de su mina en Bonanza. La mina ya sufrió lo efectos de las lluvias estacionales en el pasado, según ha añadido la compañía. De hecho, hace solo dos meses otro deslizamiento de tierra le costó la vida a otros dos mineros.

En Nicaragua, según el Centro Humboldt –organización que trabaja temas ambientales– el 13,47% del territorio está entregado a concesiones mineras, es decir, 17, 562 kilómetros cuadrados, en un país de 130.000 kilómetros cuadrados. El oro fue el principal producto de exportación de Nicaragua en 2013, al generarle a este país centroamericano ingresos por el orden de los 436 millones de dólares. Esta actividad genera más de cuatro mil empleos formales, pero grupos de defensa del medioambiente han advertido de los daños causados a los ríos y bosques del país.

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Mantener el conflicto armado en Colombia es un mal negocio

La guerrilla en ese país ha tenido un costo económico de un 36% del PIB y se ha cobrado más de 200.000 vidas

Con los actuales diálogos en La Habana, Colombia intenta por cuarta vez en su historia poner fin a décadas de lucha armada. Para Luis Eduardo Celis, columnista de la revista digital Las dos orillas e investigador en temas de paz y conflicto de la Fundación Paz y Reconciliación y la Corporación Nuevo Arcoiris, esta nueva negociación dará los resultados que se esperan y se producirá (“en dos años”) la esperada firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la principal fuerza guerrillera del país.

Las tres ocasiones anteriores (en los 80, los 90 y a principios de este siglo) lograron algunos avances y colocar ciertos temas en la agenda pública, pero nunca consiguieron poner fin a las acciones armadas ni a sus consecuencias: más de 200.000 muertes, cerca de 5 millones de desplazados y pérdidas millonarias en infraestructura y bienes civiles, con un costo económico que algunos especialistas ubican en un 36% de del PIB.

Durante una conferencia en el Instituto Estadounidense para la Paz (USIP, por sus siglas en inglés), en Washington, Celis desglosó las razones que llevaron a un sector de la población a alzarse en armas y los argumentos por los cuales él cree que la paz está más cerca que nunca antes en la historia de Colombia.

Pregunta. ¿Por qué cree que esta vez sí va a haber resultados?

Del lado de la guerrilla ya no hay ninguna ilusión de triunfo"

Respuesta. Del lado de la guerrilla ya no hay ninguna ilusión de triunfo, y del lado de la élite que está al frente del Estado colombiano, ya hay la comprensión de que si bien la guerrilla está disminuida y debilitada, no está derrotada. Y al no estar derrotada, el costo para la economía colombiana es muy alto. Hay un cálculo de beneficio, y la élite que representa el presidente Juan Manuel Santos tiene la decisión de llegar a un acuerdo sobre temas que van a ser importantes para la economía.

P. ¿Es más rentable la paz que el conflicto?

R. Por supuesto. Durante muchos años, el conflicto se vivió en las zonas más alejadas, más desestructuradas de la economía —donde estaba la coca, por ejemplo—, pero la otra economía, la del sistema financiero, la de la industria, el comercio y otros de la dinámica económica del país se mantenían. Pero ahora es tal la necesidad de la economía de ocupar nuevos territorios y desarrollar nuevas actividades, que no se puede hacer con violencia. Entonces, si se quiere dinamizar la economía, se requiere cerrar el conflicto armado.

P. En este proceso ha habido una particularidad y es que se está abordando el tema de las víctimas. ¿Habrá justicia para las víctimas?

Lo que hay que hacer es reconciliar a la sociedad colombiana y eso parte de reconocer todos los derechos de las víctimas"

R. La base para cerrar este conflicto es el reconocimiento a los derechos de las víctimas. Lo que hay que hacer es reconciliar a la sociedad colombiana y eso parte de reconocer todos los derechos de las víctimas. Si no se hace eso, no va a haber ningún proceso estable. Hay madurez en la sociedad colombiana, por lo menos en la que apoya el proceso de paz, no en los que se oponen, en avanzar en reconocer al máximo los derechos de las víctimas.

P. Entonces para cerrar el conflicto de una vez ¿Qué falta por hacer?

R. Primero que todo, falta otra mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (el segundo grupo guerrillero de Colombia), que no existe. Y falta concluir el proceso con las FARC, que tiene tres puntos ya parcialmente acordados. Falta resolver temas pendientes en desarrollo rural, participación política y el tema de drogas. Faltan, por supuesto, los mecanismos de verdad, justicia y reparación. Y falta, además, el tema del fin del conflicto que, afortunadamente, ya se empezó a discutir. Yo creo que estamos hablando de un horizonte de dos años más de negociaciones.

JOSÉ BAIG Washington 

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Las fotos de bodas más curiosas e inolvidables

La sesión de fotos en una boda es imprescindible para no dejar pasar ningún instante o recuerdo memorable. Algunos novios quieren fotos unicas y originales, sin embargo estas a veces se convierten en sesiones graciosas, raras y curiosas.

http://www.planetacurioso.com/2014/08/25

La franja de Gaza trata de ponerse en pie sobre las ruinas

La principal emergencia es la reconstrucción de las 17.200 viviendas destrozadas por Israel

Gaza vuelve a empezar. Lo hace con ilusión, la de quien confía en que la nueva tregua abra las puertas a una paz duradera que no se rompa con otra nueva ofensiva. Las calles de la Franja, cubiertas de escombros, estaban ayer llenas de vida, con los ciudadanos tratando de recobrar la rutina y de recontar lo perdido. Según las estimaciones del Gobierno palestino, harán falta no menos de 4.500 millones de euros para recuperar la Gaza previa al 8 de julio, cuando comenzó laOperación Margen Protector. Se han perdido 90 millones de euros al día. Falta la estimación de los últimos ocho días de batalla, por lo que la cifra ascenderá con seguridad, confirma el economista y viceprimer ministro palestino Mohamed Mustafá.

La principal emergencia es la reconstrucción de las viviendas totalmente destrozadas por Israel, 17.200 según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA). Hay 38.000 más seriamente dañadas. Los ataques contra casas particulares —sólo desde el fin de semana, el Ejército israelí hundió cinco torres de viviendas, dejando sin techo a unas 2.000 personas— han elevado la cifra de refugiados a 475.000. De ellos, 290.000 están en escuelas de la UNRWA, la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos, y el resto en colegios públicos o casas de familiares. “Este dato es seis veces el máximo de desplazados que prevén nuestros planes de contingencia y no tiene precedentes en 64 años en Gaza”, remarca la OCHA.

También hay 216 escuelas alcanzadas por los proyectiles, en las que es imposible dar clases. El Ministerio de Educación palestino confirma que el grueso de las aulas podría estar “adecentado” para las clases en dos semanas, pero sólo si llega la ayuda suficiente. En situación de emergencia están también los 58 hospitales y centros de salud dañados o hundidos, cuya recuperación es imprescindible. Además, hay carencias de un centenar de medicamentos que, si se empiezan a cumplir los términos del alto el fuego, han de entrar de forma prioritaria. El cruce israelí de Kerem Shalom se está preparando para ello.

El primer ministro Benjamín Netanyahu, que advirtió que Israel responderá con firmeza si los palestinos no respetan la tregua, subrayó ayer respecto al levantamiento parcial del bloqueo que lo pactado es “una rehabilitación humanitaria bajo supervisión”. Netanyahu afirmó además que le gustaría ver entrar a las fuerzas de Mahmud Abbas en la Franja.

El dinero urgente se está tratando de lograr desde diferentes agencias de la ONU, antes de que en la primera semana de septiembre se celebre en Egipto una gran conferencia internacional de donantes. Las naciones occidentales acuden con “buena disposición” pero “firmes” a la hora de defender los proyectos pagados con sus fondos, destruidos a veces hasta tres veces por los bombardeos de Israel, informó la pasada semana el Ministerio de Exteriores de Noruega, uno de los padrinos de la cumbre.

Gaza quiere volver al punto de partida pero, en realidad, no puede, porque le faltan los 2.138 vecinos muertos en la ofensiva. De ellos, 484 son menores. Del total, el 70% eran civiles, insiste la ONU, pese a que Israel sostiene que ha matado al menos a mil milicianos. Hay 142 familias que han perdido a tres miembros o más del clan, y 89 en las que han muerto todos sus componentes. Los heridos palestinos rozan los 10.300. Entre ellos hay mil niños que sufrirán una discapacidad permanente, por la gravedad de sus heridas o por la deficiente atención médica posterior. El único centro para rehabilitación, el Al Wafa, está cerrado por derribo. 373.000 menores necesitan apoyo psicosocial urgente por los traumas de la guerra: pesadillas, violencia, aislamiento…

Los gazatíes han logrado tener una media de seis horas de luz gracias a las reparaciones parciales que se han hecho en los días de alto el fuego, aunque el suministro de agua va más lento y casi el 40% de la población necesita recurrir a los camiones cisterna.

CARMEN RENGEL Jerusalén

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La policía de Brasil desarticula la “mayor banda de destructores” del Amazonas

Los detenidos invadían, quemaban, parcelaban y vendían terrenos públicos

El Gobierno cree que han causado daños ambientales superiores a los 174 millones de euros

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La Policía Federal de Brasil ha anunciado la desarticulación en el Estado de Pará (al norte del país) de la mayor "banda de destructores de la selva amazónica", quienes supuestamente habían invadido enormes extensiones de tierras públicas, donde habían quemado la floresta, las habían parcelado y las habían vendido ilegalmente a granjeros y agricultores. Los investigadores han valorado en unos 174 millones de euros los daños ambientales que han causado.

La operación, desarrollada fundamentalmente en la ciudad de Novo Progresso (en una zona selvática recóndita), pero se extiende por cuatro Estados. El Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) asegura que la banda desarticulada durante la operación Castanheira había llegado a destruir parte del Parque Nacional de Jamanxin.

El Ibama explica en una nota de prensa de que han sido emitidas 22 órdenes de detención, así como otras once de prisión preventiva, entre otras medidas. El centro de la operación está en Novo Progresso, pero también se está desarrollando en los Estados de Sâo Paulo, Paraná y Mato Grosso, en el sur del país.

Este organismo público, al igual que la policía, considera a los detenidos "son actualmente los mayores deforestadores de la Amazonia brasileña", y que la lista de crímenes que acumulan podría acarrearles hasta 50 años de presidio.

La operación ha sido bautizada como Castanheira (castaña en castellano), en alusión al árbol Bertholletia excelsa (también conocido como la nuez de Brasil o castaña de Pará), una especie protegida, símbolo del Amazonas. En el operativo han participado 96 agentes de la Policía Federal y 19 fiscales del Ibama.

La operación de la Policía Federal se produce en plena campaña de las elecciones presidenciales, en las que se ha producido la inesperada ascensión de la ecologista y candidata por el Partido Socialista Brasileño (PSB), Marina Silva. Precisamente, los grupos ecologistas brasileños han alertado de forma reiterada contra la "impunidad" con la que actúan los deforestadores del Amazonas. La destrucción de este pulmón de la Tierra creció un 28% durante el año pasado, según la organización Greenpeace.

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“Maduro es un hombre de diálogo”

A Ernesto Samper (Bogotá, 1950) se le había olvidado lo que era mudarse a otro país, o, como él dice, un “trasteo internacional: una especie de derrumbe”. La última vez que dejó Colombia fue cuando se instaló en Madrid, en 1998, tras acabar su mandato como presidente. Un periodo salpicado por las acusaciones de haber utilizado dinero procedente del narcotráfico para financiar su campaña. Su principal rival político entonces, el también expresidente Andrés Pastrana, ha criticado su nombramiento como secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Samper, que cuenta con el respaldo del actual mandatario, Juan Manuel Santos, prefiere no pronunciarse: “Creo que mi contribución a la estabilidad en la región no consiste en pisar incendios, sino en apagarlos”, asegura por teléfono desde Bogotá.

El expresidente ultima sus días en Colombia antes de viajar el sábado a Quito (Ecuador), donde se instalará. Una semana, esta, de despedidas, llena de “nostalgia” por “separarse, poco a poco, de los nietos, que son muy querendones”. “El lunes estaremos ya despachando”, asegura sobre su nueva ocupación al frente del organismo de integración creado en 2008 y sobre cuya funcionalidad hay todavía muchas dudas.

Pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos de Unasur?

Respuesta. La región ha hecho muchos esfuerzos por reducir los niveles de la pobreza, pero el fenómeno de la desigualdad sigue siendo crónico. Otra tarea debe ser aprovechar los recursos naturales que tenemos. Habrá que tratar también temas que tendrán que ver con la gobernabilidad. La región está atravesada por muchas lanzas relacionadas con la inseguridad: la ciudadana, la alimentaria, naturales, como el calentamiento global... Más las patologías tradicionales, como el narcotráfico o el tráfico de armas. Aunque la región ha mostrado un comportamiento adecuado en los últimos 10 años, no está exenta de dificultades. Mi intención es prevenir que esas dificultades se conviertan en problema.

Unasur tiene que recuperar su papel de ser un escenario de diálogo político”

P. ¿Por qué Unasur no termina de ser efectivo?

R. Porque de alguna manera ha abandonado su misión original, que era servir de escenario para establecer un diálogo político en la región. Ese papel hay que recuperarlo. Unasur tiene que redefinir los términos de relación con otros países, particularmente con Estados Unidos, pero no sobre la base de la confrontación.

P. ¿Va a participar Unasur en las negociaciones entre Colombia y las FARC?

R. No propiamente en las negociaciones, porque el esquema que se ha diseñado para el proceso que se está dando en La Habana es sin intermediación internacional. Un proceso en el cual ha servido muchísimo la tarea de facilitación que han tenido países como Cuba, como Venezuela, como la que podrían cumplir en el inminente proceso de negociación con el ELN otros países como Ecuador y Brasil. A partir de las negociaciones lo que vienen son una serie de procesos relacionados con la justicia para establecer la verdad, para hacer justicia, para ofrecer reparación a las víctimas. En toda esta etapa creo que el papel que puede cumplir Unasur es importante, porque tiene credibilidad en las dos partes.

Pienso que en un plazo razonable se reiniciará el diálogo en Venezuela”

P. Uno de los impulsores de la Unasur fue Lula. ¿Por qué cree que Dilma no se ha implicado tanto?

R. Ella ha estado encima de una serie de temas que le interesan. Le puedo asegurar que Brasil está metido en los temas de Unasur. En los temas que les interesan están muy entusiasmados.

P. ¿Qué impacto puede tener en la región un acuerdo de paz entre Colombia y las FARC?

R. Definitivo. Constituiría una zona de paz en el mundo. En Sudamérica no hay conflictos étnicos o religiosos al estilo europeo, no hay una presencia nuclear ofensiva. La cereza en el pastel era acabar con el conflicto armado más viejo en el mundo.

P. Recientemente se reunió con el presidente de Ecuador, Rafael Correa. ¿Concretaron la participación de Ecuador en una posible negociación con el ELN?

R. No. Estos no son temas que maneja Unasur. Son temas que se están manejando por el Gobierno colombiano y por las partes que se sentarían en la mesa. Pero debo reconocer que Ecuador ha sido un país muy solidario con los procesos de reconciliación de Colombia, incluso pagando un coste muy alto por ello.

P. Unasur logró que el Gobierno y la oposición venezolana iniciaran un diálogo tras los disturbios de febrero. Las conversaciones no llevaron a nada. ¿Le preocupa la situación de Venezuela?

R. Por supuesto, pero el diálogo en este momento está congelado, no roto. La acción que han venido desarrollando los cancilleres de Ecuador, Brasil y Colombia en nombre de Unasur ha sido una acción discreta, pero efectiva. Tengo elementos de juicio para pensar que en un plazo razonable habría posibilidades de volver a reiniciar esa tarea. Mi posición particular es que más importante que lo que se negocie en este tipo de mesas es lo que se prenegocie para que no fracasen y lleguen a buen término. Tenemos un buen ejemplo en lo que fue la preparación de los diálogos de La Habana, en los que se llegaron a más de 120 prenegociaciones antes de sentarse en la mesa.

P. ¿Venezuela es una de sus prioridades?

No podemos pasar del fundamentalismo de la prohibición al de la legalización en la lucha contra las drogas”

R. Sí, por supeusto. Temas como el de la paz de Colombia, la estabilidacion política de Venezuela, respetando las reglas de la democracia, la reivindicación de la soberanía económica que tienen los países del área a raíz del caso de Argentina con los fondos buitres... Todos son temas a los que habrá que prestar atención

P. El presidente Maduro ha celebrado su nombramiento. ¿Cómo es su relación con él?

R. Tenemos una buena relación. Era el puente de comunicación con el presidente Chávez cuando sucedieron algunos enfrentamientos entre Colombia y Venezuela hace algunos años. Yo intervine para tratar de calmar los ánimos y él era canciller. El presidente Maduro es un hombre de diálogo, un hombre de paz. Sobre eso se pueden trabajar muchas cosas para el bien de la región.

P. ¿Qué cree que habría que cambiar en la política de lucha contra las drogas?

R. Las opiniones que yo exprese no necesariamente comprometen de manera específica a los países de Unasur. El péndulo está cambiando. Estamos pasando de la prohibición hacia otra política. Personalmente no pienso que sea la de la legalización. No podemos saltar del fundamentalismo de la prohibición al de la legalización. Estamos siendo duros con los eslabones débiles de la cadena: con los consumidores, con los campesinos, con los pequeños correos que transportan la droga. Y estamos siendo blandos con los duros, que son los narcotraficantes y el crimen organizado, que es contra quienes tienen que ir destinados los esfuerzos de represión. Seguramente esos temas serán discutidos en la próxima cumbre [30 de octubre en Uruguay] de manera informal. No se trata de sacar resoluciones o producir decretos, pero sí ir ambientando unas posiciones concretas alrededor de esos temas.

JAVIER LAFUENTE Madrid

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La huelga general paraliza el transporte y el comercio en Buenos Aires

Tres centrales y los partidos de izquierda organizan un paro con piquetes en carreteras

Los trenes y algunas líneas de metro se adhieren a la protesta, pero funcionan los autobuses

Tres de las cinco centrales sindicales de Argentina, las tres identificadas con la oposición al Gobierno de la peronista Cristina Fernández de Kirchner, coinciden este jueves en una huelga general en protesta por la crisis económica que está sufriendo el país sudamericano. Una de ellas, la rama opositora de la izquierdista Central de Trabajadores de Argentina (CTA), había comenzado el paro el miércoles al mediodía y había organizado una manifestación desde la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, hasta el Congreso.

Manifestantes de la CTA opositora y de los partidos trotskistas, que han ganado peso en las últimas elecciones legislativas y en los comités de empresas de varias industrias en la medida en que el kirchnerismo ha sufrido desgaste, también se han adherido a la huelga de 36 horas y a la protesta callejera con piquetes en siete carreteras de acceso a Buenos Aires durante la mañana del miércoles. Pero la huelga es mayor este jueves con la participación de las dos divisiones opositoras y la poderosa Confederación General del Trabajo (CGT). Han paralizado camiones, trenes, una línea de metro, autocares interurbanos, aviones, bancos, restaurantes, tribunales, gasolineras, puertos, la recolección de residuos y las boleterías de los estadios de fútbol. Los autobuses urbanos funcionan, pero los ingresos a la capital otra vez están bloqueados por protestas.

El sindicalismo opositor reclama que el Gobierno de Fernández prohíba por un año los despidos y suspensiones en las empresas. El paro ha subido al 7,5% en el segundo trimestre de 2014, respecto del 7,2% de un año antes. La economía se ha mantenido estancada en junio pasado, el último mes medido, y la inflación asciende al 31,2% anual, según cifras oficiales. El propio Ejecutivo ha admitido que los sindicatos han pactado este año un alza media de salarios del 29,7%. Por eso, los opositores piden que se reabran las negociaciones de las nóminas, dado que consideran que los precios han subido más de lo que esperaban a principios de 2014. También reclaman que los asalariados dejen de pagar el impuesto a la renta, algo que difícilmente el Gobierno pueda aceptar, por lo que la discusión más realista radica en un ajuste del tributo por inflación.

La presidenta afronta la tercera huelga en contra

La fuerte subida del dólar en el pequeño pero influyente mercado ilegal de cambios, hasta alcanzar este miércoles los 14,38 pesos, un 71% por encima de lo que cuesta en la plaza oficial, también recalienta las expectativas de una devaluación en este segmento legal, lo que elevaría aún más la inflación. La tensión cambiaria ha reaparecido en Argentina, después de la depreciación del peso en enero pasado, ante la crisis de deuda iniciada el 30 de julio. El Banco Central ha debido deshacer la reciente bajada de tipos de interés para alentar la economía, más preocupado ahora por una devaluación.

La jornada del miércoles comenzó en Buenos Aires con piquetes que provocaron atascos, aunque no impidieron que finalmente los coches, camiones y autobuses llegaran desde los suburbios al centro de la ciudad. La Gendarmería Nacional amenazó con desalojar una carretera y consiguió que los manifestantes liberaran el tránsito en algunos de los carriles. El secretario de Seguridad de Argentina, Sergio Berni, no ha descartado otras intervenciones policiales para desactivar este jueves los más de mil bloqueos prometidos en todo el país.

Por la tarde del miércoles, los piqueteros trotskistas se unieron a la CTA opositora, con representatividad en la administración pública, en una marcha por el centro de Buenos Aires. Horas antes también se habían manifestado por allí, aunque en paralelo a la huelga, los cientos de familias desalojadas de un barrio de chabolas el pasado sábado en la capital por las fuerzas de seguridad del Gobierno de Fernández y del ayuntamiento a cargo del conservador Mauricio Macri, candidato presidencial para las elecciones de 2015.

El líder de una de las CGT, Hugo Moyano, que fue kirchnerista hasta 2011, responsabilizó este miércoles al Ejecutivo por cualquier incidente que se produzca el jueves. Su colega de la CTA opositora, Pablo Micheli, no dudó en recurrir a la ofensa para criticar a los sindicalistas de la CGT y la CTA kirchneristas, que representan a amplios sectores de trabajadores: los tachó de “cagones” (miedosos) por no aprobar la huelga. Algunos partidos de Primera División se iban a suspender este jueves, pero los clubes han decidido a último momento jugarlos, quizá para evitar roces con el Gobierno de Fernández, el mismo que los subvenciona indirectamente con la transmisión de todos los partidos en la televisión estatal.

Sindicalistas kirchneristas han reconocido problemas como la inflación y la necesidad de actualizar el impuesto a la renta, pero consideran que no es un buen momento para presionar al Gobierno argentino en plena pelea con la justicia de EE UU por el impago de la deuda. Precisamente, este miércoles en el Congreso ha sido aprobado por una comisión el proyecto de ley para ofrecer a los acreedores de EE UU, Europa y Japón que puedan cobrar en Argentina, de modo de evitar el bloqueo judicial norteamericano que obliga a Buenos Aires a abonar primero a losfondos buitre que rechazaron la reestructuración del pasivo en 2005 y 2010 antes que aquella mayoría que la aceptó.

Un día antes, otra comisión del Parlamento había aprobado una reforma de la ley de abastecimiento que elevará los controles de precios y suministro del Estado sobre las grandes empresas. En paralelo, el Gobierno ha aclarado que no ha prohibido la exportación de carne vacuna sino que la han racionado para bajar los precios internos del plato preferido de los argentinos. Además, este miércoles, el Congreso ha sancionado una ley que permitirá a 500.000 ancianos pobres el acceso a una pensión. Todas estas medidas muestran que Fernández descarta quedarse de brazos cruzados ante la crisis y aplicará su receta para enfrentarla. La de este jueves será la tercera huelga general que afronta. La primera fue en 2012 y la última, en abril pasado

ALEJANDRO REBOSSIO Buenos Aires

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