Los trabajadores, que permanecieron 69 días atrapados a 700 metros de profundidad en 2010, reaccionan con malestar ante la decisión
La investigación de tres años que llevó a cabo la Fiscalía de Atacama por el derrumbe de la mina San José, donde 33 mineros quedaron atrapados –durante 69 días, a 700 metros de profundidad– en 2010 ha concluido sin culpables. “Hoy día nos mataron”, dijo en entrevista con la radio ADN Mario Sepúlveda, uno de los mineros rescatados, criticando la decisión del fiscal Héctor Mella, quien aseguró que “no había convicción para formular una acusación”.
El derrumbe se produjo el 5 de agosto de 2010. Solo 17 días más tarde se comprobó que los mineros seguían vivos. Por una serie de boquetes, a los trabajadores se les envió alimento, ropa y equipos de comunicación hasta el 13 de octubre, día en que fueron rescatados –en la cápsula Fénix 2, diseñada especialmente para la misión– uno a uno en un lapso de 25 horas, que fueron transmitidas en directo a todo el mundo.
Tras el accidente, la Fiscalía de Atacama en Copiapó –ciudad ubicada 800 kilómetros al norte de Santiago de Chile–, abrió una investigación para establecer responsabilidades penales por la falta de medidas de seguridad en el yacimiento. Las indagaciones apuntaron a los funcionarios regionales del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), oficina pública que tiene como misión fiscalizar las faenas, y a los dueños de la compañía San Esteban, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, propietaria de la mina de cobre y oro.
Catalina Lathrop, abogada defensora de los empresarios, elogió la decisión del fiscal y comentó que así quedaba demostrado que sus representados no habían cometido ningún delito. “Nosotros siempre hemos sostenido que si bien los 33 fue un lamentable accidente, [pero] es sólo eso, un accidente, y tampoco se pudo establecer que había alguna responsabilidad de mis clientes en este caso”, señaló Lathrop al periódico La Tercera.
En distintas entrevistas durante el día, algunos de los mineros manifestaron su molestia ante la resolución del fiscal, destacando que la mayoría de “los 33” –como se conoce al grupo– hoy vive en condiciones económicas precarias y que aún varios presentan efectos traumáticos producto de los 69 días de encierro. “Siendo patriota, que he ido a poner la cara a más de 30 países, hablando de mi Chile, de que Chile tiene la capacidad de hacer justicia, quiero que en mi país haya justicia. Quiero que a los trabajadores, a los obreros de mi Chile no se les pase a llevar con esta noticia”, dijo Mario Sepúlveda.
A la espera del resultado de una demanda que pide 500.000 dólares para cada uno de los rescatados, algunos de ellos se encuentran cesantes y viven gracias a los 13.000 dólares que recibieron por los derechos de filmación de una película que se rodará en los próximos meses, además de la donación de otros 10.000 dólares que les entregó a cada uno el millonario chileno Leonardo Farkas. Quienes han vuelto a trabajar se ganan la vida con pequeñas empresas que han fundado gracias a esos dineros, en empleos esporádicos, mientras que otros se han visto forzados a regresar a las faenas mineras.
En el plano civil, el Consejo de Defensa del Estado ya determinó que los dueños de la empresa –que se declaró en quiebra luego del accidente–, debía pagar 5 millones de dólares al Estado en razón de los costos de las faenas de rescate, que incluyeron el trabajo del gobierno, empresas privadas chilenas y extranjeras, y organizaciones internacionales como la NASA.
Rodrigo Cea Santiago de Chile
El derrumbe se produjo el 5 de agosto de 2010. Solo 17 días más tarde se comprobó que los mineros seguían vivos. Por una serie de boquetes, a los trabajadores se les envió alimento, ropa y equipos de comunicación hasta el 13 de octubre, día en que fueron rescatados –en la cápsula Fénix 2, diseñada especialmente para la misión– uno a uno en un lapso de 25 horas, que fueron transmitidas en directo a todo el mundo.
Tras el accidente, la Fiscalía de Atacama en Copiapó –ciudad ubicada 800 kilómetros al norte de Santiago de Chile–, abrió una investigación para establecer responsabilidades penales por la falta de medidas de seguridad en el yacimiento. Las indagaciones apuntaron a los funcionarios regionales del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), oficina pública que tiene como misión fiscalizar las faenas, y a los dueños de la compañía San Esteban, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, propietaria de la mina de cobre y oro.
Catalina Lathrop, abogada defensora de los empresarios, elogió la decisión del fiscal y comentó que así quedaba demostrado que sus representados no habían cometido ningún delito. “Nosotros siempre hemos sostenido que si bien los 33 fue un lamentable accidente, [pero] es sólo eso, un accidente, y tampoco se pudo establecer que había alguna responsabilidad de mis clientes en este caso”, señaló Lathrop al periódico La Tercera.
En distintas entrevistas durante el día, algunos de los mineros manifestaron su molestia ante la resolución del fiscal, destacando que la mayoría de “los 33” –como se conoce al grupo– hoy vive en condiciones económicas precarias y que aún varios presentan efectos traumáticos producto de los 69 días de encierro. “Siendo patriota, que he ido a poner la cara a más de 30 países, hablando de mi Chile, de que Chile tiene la capacidad de hacer justicia, quiero que en mi país haya justicia. Quiero que a los trabajadores, a los obreros de mi Chile no se les pase a llevar con esta noticia”, dijo Mario Sepúlveda.
A la espera del resultado de una demanda que pide 500.000 dólares para cada uno de los rescatados, algunos de ellos se encuentran cesantes y viven gracias a los 13.000 dólares que recibieron por los derechos de filmación de una película que se rodará en los próximos meses, además de la donación de otros 10.000 dólares que les entregó a cada uno el millonario chileno Leonardo Farkas. Quienes han vuelto a trabajar se ganan la vida con pequeñas empresas que han fundado gracias a esos dineros, en empleos esporádicos, mientras que otros se han visto forzados a regresar a las faenas mineras.
En el plano civil, el Consejo de Defensa del Estado ya determinó que los dueños de la empresa –que se declaró en quiebra luego del accidente–, debía pagar 5 millones de dólares al Estado en razón de los costos de las faenas de rescate, que incluyeron el trabajo del gobierno, empresas privadas chilenas y extranjeras, y organizaciones internacionales como la NASA.
Rodrigo Cea Santiago de Chile
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