La lucha de los mapuches gana peso

La ONU exige a Chile que deje de aplicar la Ley Antiterrorista de Pinochet contra los indígenas que protestan por sus derechos

“Chile no está enfrentando ninguna amenaza terrorista”, aseguró Ben Emmerson, relator especial para la ONU de derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo. En el marco de las reivindicaciones de tierras y las protestas para lograr mayor autonomía por parte de grupos mapuches —la mayor etnia chilena— en el sur del país, el funcionario de la ONU exhortó al Gobierno y al poder judicial a dejar de aplicar la Ley Antiterrorista y, en cambio, pidió que se utilizaran las leyes comunes en la decena de casos hoy en curso contra 85 indígenas. Tras una visita oficial que comenzó el 17 de julio, Emmerson dio a conocer las observaciones preliminares de su trabajo en una rueda de prensa que realizó en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en Santiago de Chile, donde dijo que ley se ha aplicado de modo discriminatorio y confuso, “lo que ha resultado en verdadera injusticia, ha menoscabado el derecho a un juicio justo y se ha percibido como estigmatizante”.

A juicio de Emmerson, quien cree que seguir por el mismo camino podría causar “una violencia generalizada” en el sur de Chile, “la legislación se ha convertido en parte del problema y no parte de la solución. Se ha aplicado de forma desproporcionada contra los defendidos mapuches y se ha implementado sin una política coherente y objetiva”.

Dictada en 1984 durante la dictadura de Pinochet para enfrentar a grupos de resistencia, la Ley Antiterrorista castiga con penas mucho más severas respecto a la legislación ordinaria casos de homicidios, secuestros, incendios y detonaciones de artefactos explosivos. En la práctica, entre otras desventajas procesales, la norma implica la utilización de testigos sin rostro en los juicios y, previo a estos, permite periodos más extensos de prisión preventiva.

Después del retorno a la democracia en 1990, la ley se ha aplicado sobre todo en casos contra activistas mapuches, quienes —entre otras demandas, como protección de sus lugares sagrados y derechos de aguas— reclaman la restitución de los territorios despojados por la fuerza por el Estado chileno. Según el periódico La Tercera, los incidentes —enfrentamientos con la policía, ataques incendiarios a camiones y casas y cortes de caminos— aumentaron un 76% entre 2009 y 2012 en la región de La Araucanía, ubicada a 700 kilómetros al sur de la capital. En la zona viven 500.000 mapuches, mientras que en todo Chile son 1.500.000, poco más del 10% de la población total del país.
En 2009, durante el Gobierno de Michelle Bachelet —la más probable ganadora de las elecciones presidenciales de noviembre próximo—, que también recurrió a la normativa en casos de violencia en La Araucanía, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU ya había instado al Estado chileno a no aplicar la polémica ley contra mapuches.

Tras su visita de 14 días a Chile, Ben Emmerson pidió además un reconocimiento constitucional para el pueblo indígena dentro del Estado chileno y, “en un plazo definido y relativamente breve”, llamó a crear una “estrategia nacional” para afrontar el conflicto a largo plazo. 

Además, el relator de la ONU pidió terminar con el uso de la fuerza excesiva por parte de la policía en los allanamientos a las comunidades e hizo hincapié en la impunidad de la violencia contra los indígenas, destacando el caso de Matías Catrileo, un activista mapuche muerto en 2008 a causa del disparo de un carabinero. El agente no fue dado de baja de inmediato de la institución luego de ser identificado.

Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, organismo autónomo del Estado chileno, comentó a este diario que se encontraba satisfecha con los planteamientos de Emmerson, pues apuntan a solucionar los problemas urgentes en la zona y también, a largo plazo, insta al futuro Gobierno —que tomará posesión en marzo del año próximo— a ofrecer una solución integral al conflicto. “Coincidimos en que, sin defender la impunidad, creemos que judicializar el problema no es la forma de resolver el conflicto entre el Estado y las comunidades mapuches”, dijo Fríes.

RODRIGO CEA Santiago de Chile