El Gabinete de Ministros anuncia que no pagará a los acreedores a final de mes
El jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich. / EFE
Argentina da un mensaje cuando sus abogados hablan con el juez de Nueva York que la condenó a pagarles a los acreedores que litigan por deudas impagadas desde la crisis de 2001 y otro muy distinto cuando sus máximos funcionarios se pronuncian ante los periodistas. El jefe de Gabinete de Ministros argentino, Jorge Capitanich, negó este jueves en su rueda de prensa diaria lo que había prometido el abogado que representa al país sudamericano ante los tribunales de EE UU, Carmine Boccuzzi, el día anterior ante el juez Thomas Griesa. Capitanich desmintió que haya una “misión” o “comitiva” de funcionarios “preparada para un eventual viaje a EE UU” la semana próxima para negociar con los fondos buitres y demás acreedores que rechazaron la reestructuración de la deuda en 2005 y 2010 y que optaron por la reclamación judicial para cobrar el 100% del valor del pasivo original.
Si no hay negociación o cambio de la sentencia del juez Griesa, que la resolvió en 2012 pero fue ratificada este lunes por el Tribunal Supremo de EE UU, entonces Argentina debe pagar el 30 de junio unos 1.500 millones de dólares en efectivo a los acreedores litigantes antes de cumplir ese mismo día con el vencimiento de los intereses de la deuda reestructurada por 225 millones. Frente a esa exigencia, el Ministerio de Economía argentino anunció en la noche del miércoles que no podrá abonar esos 225 millones porque considera inviable económicamente para su país el pago a los buitres, pues surgir seguir otras demandas de acreedores litigantes por un total de 15.000 millones. Esta decisión aún no supone la suspensión de pagos de Argentina, que sería la segunda en el siglo actual, después de la de 2001. Los bonos tienen una cláusula que otorga un periodo de gracia de 30 días. Es decir, Buenos Aires tiene tiempo hasta el 30 de julio para cumplir con la mayoría de acreedores que aceptaron canjear el 93% de las acreencias en 2005 y 2010. La deuda que corre riesgos de moratoria asciende a 28.000 millones y fue emitida en Nueva York, Londres y Japón.
El pasado martes, el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, había anunciado a la prensa que su país buscaría eludir el bloqueo del juez Griesa al pago de la deuda reestructurada ofreciéndoles a los acreedores de ese pasivo un canje de los títulos con legislación en EE UU, Reino Unido y Japón por otros con ley argentina. De ese modo, los inversores podrían cobrar en Buenos Aires, pero hay dudas de cuántos aceptarían cambiar la legislación de los bonos. Kicillof dijo que su equipo de trabajo estaba dando los “primeros pasos” para ese canje. Pero al día siguiente el abogado norteamericano que defiende a Argentina ante el juez de Nueva York negó que Buenos Aires esté dando esos “primeros pasos”, aunque reconoció que no se descarta ninguna opción. Griesa le advirtió que un canje de deuda para esquivar su fallo implicaría un “desacato” de Argentina ante la justicia de EE UU, a la que se sometió al emitir deuda en ese mercado a finales del siglo pasado y principios del actual.
Pese a negar el viaje prometido a EE UU, Capitanich admitió que existe una “estrategia de negociación”. Lo hizo al contar que el miércoles él y el ministro de Economía se habían reunido con los jefes de los grupos parlamentarios de la oposición para explicarles el problema del juicio de la deuda y recabar su respaldo. El jefe de Gabinete dijo que el Congreso demostró “un sendero de apoyo a la estrategia de negociación”. La pregunta es si Argentina negocia con el juez o con los acreedores para pagar con títulos públicos, y no en efectivo, el 100% de lo reclamado, sin las quitas que implicaron los canjes de 2005 y 2010. Es cierto que toda la oposición comparte la crítica a los fondos buitres, que se especializan en comprar a bajo precio bonos de países y empresas en moratoria para después rechazar las reestructuraciones y demandar en los tribunales por el 100% de lo adeudado. Sin embargo, hay críticas opositoras por los continuos reproches del Gobierno de Fernández al juez Griesa.
Si el kirchnerismo reconoce que negocia con los buitres, puede pagar un coste político. Durante años prometió que no lo haría, que el 7% de los acreedores que rechazó el canje no podía recibir un mejor trato que el 93% que lo había hecho. Pero no solo eso. Una cláusula de los bonos emitidos en 2005 y 2010 establece que si Argentina ofrece una mejora a los que rechazaron los canjes, los que los aceptaron también pueden reclamar el mismo beneficio. Eso supondría demandas adicionales por 120.000 millones de dólares de los acreedores de la deuda reestructurada, según Kicillof. Es decir, que Buenos Aires no puede ofrecer una mejora a los litigantes, pero sí puede cumplir con una orden judicial que, por ejemplo, la obligue a pagar con títulos públicos y sin quita en lugar de con efectivo.Fernández ha dicho que su país no puede abonar al contado porque las reclamaciones totales de los buitres y otros litigantes ascienden a más de la mitad de las reservas del Banco Central, en tiempos en que Argentina sufre una escasez de divisas que ha derivado este año en una devaluación del peso, estancamiento económico y una inflación del 34,9%. Pero uno de los socios del fondo buitre NML dijo a finales de mayo que estaría dispuesto a recibir bonos. Este año Argentina pagó con títulos públicos la indemnización a Repsol por la expropiación del 51% de YPF. Son bonos que vencerán una vez que Fernández deje el poder en diciembre de 2015.
Horas antes de que los abogados de Argentina y los fondos buitres se reunieran este miércoles con el juez para pactar la negociación ahora desmentida de la semana próxima, un tribunal de apelaciones de Nueva York levantó la suspensión que regía hasta ahora de la sentencia de Griesa. La consecuencia de esa medida, que fue solicitada el mismo lunes por los buitres, es que Argentina debería pagar el próximo día 30 a ellos antes que abonar la deuda reestructurada. El Gobierno argentino consideró que el “levantamiento” de la suspensión de la sentencia “muestra la inexistencia de voluntad de negociación en condiciones distintas a las obtenidas en la sentencia dictada por el juez Griesa".
ALEJANDRO REBOSSIO Buenos Aires
http://economia.elpais.com/
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