El Gobierno de Pekín guarda silencio en torno a las protestas y su sangrienta represión
Un manifestante se enfrenta a los tanques cerca de la plaza de Tiananmen, el 5 de junio de 1989. / REUTERS
Hace hoy 25 años, en la noche del 3 al 4 de junio, los tanques del Ejército Popular de Liberación (EPL) entraron en las calles de Pekín con una orden tajante: desalojar la plaza Tiananmen de los miles de manifestantes que la ocupaban. Antes de 6 de la mañana. Como fuera. Los vehículos acorazados y los camiones cargados de soldados armados con fusiles de asalto avanzaron por las avenidas de la capital para imponer el estado de excepción decretado el 20 de mayo y acabar con las protestas pacíficas que desde mediados de abril llevaban a cabo decenas de miles de estudiantes, obreros e intelectuales, y se habían extendido a muchas otras ciudades chinas.
Los soldados se abrieron paso hacia la plaza a disparos, y varios cientos de personas –más de mil, según algunas fuentes- murieron bajo las balas del Ejército y aplastados por los acorazados en las calles que conducen a Tiananmen. Algunos manifestantes respondieron con adoquines y lo que pillaron a mano y mataron a algunos soldados y quemaron vehículos militares. Para las 5.40 del 4 de junio, Tiananmen había sido desalojada, y el sueño de reformas y democracia de toda una generación de chinos se evaporó.
Los manifestantes, con el respaldo de gran parte de la población, pedían mayor transparencia al Gobierno y reformas políticas, y se quejaban de la gran corrupción reinante y la situación económica.
Un cuarto de siglo después, el Movimiento Prodemocrático de 1989, como es denominado, y su violenta represión continúan siendo tabú para el Gobierno, que este año ha redoblado los esfuerzos para borrarlo de la memoria colectiva y ha reprimido con dureza cualquier intento de los familiares de las víctimas y activistas de conmemorar a los fallecidos.
“El Gobierno no quiere que los chinos más jóvenes sepan y hagan preguntas sobre la primavera democrática de Pekín, la represión y la matanza. Quiere que todo el mundo olvide la búsqueda de democracia y libertad de los jóvenes estudiantes en 1989, con objeto de perpetuar para siempre el gobierno de partido único del Partido Comunista Chino(PCCh)”, explica Jean-Pierre Cabestan, director del departamento de Estudios sobre el Gobierno y Estudios Internacionales en la Universidad Baptista de Hong Kong.
La inmensa mayoría de los jóvenes ignora completamente la existencia de las protestas de 1989, y muchos de los chinos que han oído sobre ellas desconocen las luchas internas en el partido que propiciaron el fatal desenlace. El dramático episodio es obviado en los libros de texto, el término “4 de junio” –o “6, 4”, como es llamado en China- está vetado en Internet, y sus referencias en las redes sociales son borradas rápidamente por los censores, aunque algunos internautas intentan saltarse los filtros con términos como 35 de mayo.
Cada año, cuando se acerca el aniversario, las autoridades detienen o someten a vigilancia a activistas y familiares de las víctimas, que piden un año tras otro, sin éxito, a Pekín que revele cuánta gente murió -el Gobierno no ha dado un balance oficial de muertos-, haga públicos sus nombres y revierta el veredicto oficial de que los manifestantes eran “contrarrevolucionarios”.
Las medidas para evitar cualquier reivindicación pública y profundizar la amnesia sobre lo sucedido son especialmente intensas este año, dada la simbología del número 25 y las crecientes demandas de reformas de una parte, aunque mínima, de la población. Al menos 70 personas han sido detenidas, puestas bajo arresto domiciliario, han desaparecido o han sido interrogadas por la policía en las últimas semanas, según la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI).
Entre quienes han sido detenidos, están el respetado abogado de derechos humanos Pu Zhiqiang y la prominente periodista Gao Yu, de 70 años. Pu y otras cuatro personas fueron detenidas a principios de mayo, tras participar en una reunión privada de 15 personas en una casa para conmemorar el aniversario. Ding Zilin, fundadora y portavoz de Las madres de Tiananmen, un grupo de familiares de los estudiantes fallecidos en la represión de las protestas, está en arresto domiciliario. Las madres de Tiananmen tienen registrados los detalles de 202 personas que murieron en Pekín y otras ciudades.
“Las autoridades están nerviosas y carecen de confianza en sí mismas, conscientes del hecho de que más miembros de la élite e intelectuales cuestionan la falta evidente de cualquier tipo de reforma política”, dice Cabestan.
Lo sucedido aquella primavera de 1989 continúa teniendo una alta carga política y emocional en China, como prueba el nerviosismo del Gobierno, que incluso ha advertido por medio de la policía a periodistas extranjeros que no entrevisten a “personas sensibles” ni visiten “sitios sensibles”, que no ha detallado, o se exponen a “consecuencias muy graves”, en una velada amenaza sobre la posible cancelación del permiso de residencia. Algunos de quienes lo han hecho han sido interrogados durante horas mientras eran filmados con cámaras de vídeo.
El esfuerzo censor ha alcanzado también a expertos y académicos. “Creo que no contestaré en esta ocasión”, se excusa Hu Xingdou, profesor en la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales del Instituto de Tecnología de Pekín, tras ser preguntado sobre las manifestaciones de Tiananmen. “No es conveniente hablar. Mi teléfono está intervenido”, afirma Zhang Ming, profesor en el departamento de Estudios Internacionales en la Universidad del Pueblo, en Pekín.
Minutos después de contactarle por teléfono, Hu Xindou se explica en su cuenta del servicio de mensajes en Internet Wechat: “Los periodistas extranjeros a veces preguntan sobre acontecimientos sensibles. He tenido que rechazar responder. China no es un país normal, un país moderno. Aún hay temas sensibles. Por ejemplo, la Revolución Cultural, el Movimiento Antiderechista, la hambruna. No se te permite comentar en Internet ni siquiera cuando has llevado a cabo una investigación académica. Cuando China sea un país normal, la misión de mi generación habrá sido cumplida”.
El Gobierno chino defiende regularmente que el gran progreso económico que ha experimentado el país en las dos últimas décadas prueba que la decisión de enviar al Ejército a suprimir las movilizaciones fue correcta y ha sido una garantía de estabilidad, y que hace tiempo que el partido y el Gobierno llegaron a una conclusión sobre “los sucesos en China a finales de los 80 y los disturbios políticos”.
La sociedad china es mucho más próspera que hace 25 años, y la gente tiene más libertades personales. El Partido Comunista ha entregado desarrollo, pero a cambio ha exigido a la población que se olvide de la política. La mayoría de quienes han nacido después de 1980 no saben prácticamente nada sobre el movimiento democrático de 1989, ni muestran ningún interés. Entre estos, quienes saben algo ven 1989 como un evento distante, al que se sienten ajenos. En general, han sido educados en un sistema impregnado de propaganda nacionalista para ser apolíticos y centrarse en progresar económicamente. El control político, la censura de los medios de comunicación, el rápido crecimiento económico -el producto interior bruto (PIB) se ha multiplicado por 30 desde 1990- y la mejora del nivel de vida de la población han minimizado las demandas de democracia.
Desde que Xi Jinping llegó a la presidencia de China en marzo de 2013, el Gobierno ha endurecido su posición con los disidentes. Ha detenido a muchos activistas, ha perseguido a los críticos en Internet y ha reforzado el control sobre los periodistas. Mientras Xi h lanzado una dura campaña contra la corrupción y la contaminación y ha acometido importantes reformas económicas para impulsar un desarrollo más sostenible, no ha mostrado ninguna intención de querer llevar a cabo reformas políticas ni aflojar el control del partido.
A pesar de ello, existe una comunidad de activistas e iniciativas, que, según Cabestan, son legado de las movilizaciones de Tiananmen, como Weiquan (grupo de abogados y expertos legales que defienden los derechos civiles), el Movimiento de los Nuevos Ciudadanos y “la explosión de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de caridad y religiosas, a menudo relacionadas con la defensa de los derechos humanos”.
“El movimiento prodemocrático no ha muerto nunca en China”, afirma el profesor de Hong Kong. “Pero ha cambiado y ha madurado mucho en los últimos 25 años. Los activistas saben ahora mejor que enfrentarse de forma directa al Partido Comunista es contraproducente. Tienden a concentrarse en estrategias indirectas, propuestas suaves, como laCarta 08, y el activismo social, incluido en el campo de las disputas laborales. Al mismo tiempo, Taiwán se ha convertido en una experiencia democratizadora más atractiva y más conocida en China continental”.
De momento, el Gobierno no parece tener ningún interés en revisar la historia sobre Tiananmen. Un cambio del veredicto oficial precisaría un consenso político, y los más conservadores en el PCCh podrían pensar que este paso mina la legitimidad del partido y mancha el legado del entonces líder del país Deng Xiaoping. Sometería, además, a algunos exdirigentes, como el entonces primer ministro Li Peng, al riesgo de que la gente le pida responsabilidades criminales, con el consiguiente peligro para el PCCh.
Según Willam Nee, de Amnistía Internacional en Hong Kong, “muchas de las demandas de los manifestantes en 1989 –el fin de la corrupción, más transparencia, más participación pública, más derechos humanos, más democracia- aún no han sido satisfechas”. “Esta es una de las razones por las cuales (el movimiento de Tiananmen) sigue siendo un acontecimiento tan potente todavía y el Gobierno llega a tales extremos para intentar suprimir su memoria”. Nee cree, sin embargo, que en la era de Internet y con una clase media china que cada vez viaja más, “solo es cuestión de tiempo que el Gobierno chino tenga que hacer frente al legado (de Tiananmen)”. “Pero está claro que, en este momento, no quiere hacerlo”.
JOSE REINOSO Pekí
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