Los guarijíos desconocen el proyecto completo para la construcción de una presa en sus tierras
Varios investigadores y defensores de los derechos humanos que trabajan en la zona guarijía, al norte de Álamos, en el Estado mexicano de Sonora, han sufrido acoso telefónico, amenazas de muerte y ataques contra sus vehículos. Se trata de los investigadores Jesús Armando Haro Encinas, del Colegio de Sonora, Cinthia Lizeth Moroyoqui Aldama y Yaneth Lara Hernández, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y de Ramón Martínez Coria, licenciado por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y presidente de la organización Foro para el Desarrollo Sustentable.
Todos ellos trabajan protegiendo los derechos de la tribu de los guarijíos en el proyecto de construcción de la presa Pinares-Bicentenario, que afectará a buena parte del territorio indígena. Para llevarse a cabo, es necesario el consentimiento del pueblo.
Los asesores de la etnia, conformada por unas 378 familias y cinco poblados cada uno con su propio gobernador, denuncian que en ningún momento se ha presentado ante los guarijíos el proyecto oficial, algo prometido en noviembre del año pasado tras varias reuniones entre el Ejecutivo de Sonora, que dirige el panista Guillermo Padrés Elías, y las asambleas de las comunidades y que era condición indispensable para seguir con el diálogo y las consultas sobre la obra.
En entrevista telefónica, el presidente de Foro para el Desarrollo sustentable, Ramón Martínez Coria, ha señalado que los gobernadores guarijíos fueron presionados para firmar la autorización. “En un discurso maniqueo las autoridades del Estado plantearon a los gobernadores tradicionales que la gestión tenía que ser de Gobierno a Gobierno, sin la necesidad de pasar por la asamblea de cada comunidad, que es la que toma las decisiones”. A cuatro de ellos les arrancaron la firma y el quinto está recibiendo numerosas coacciones y el investigador teme por su integridad.
Ante esta situación, los guarijíos pidieron a los asesores que se trasladasen a la región para apoyarlos. Nada más llegar, comenzaron las agresiones contra ellos. Primero destruyeron las llantas de los vehículos que utilizaban Armando Haro y las investigadoras de la UNAM para que no pudieran trasladarse a las comunidades. Después, hostigaron por teléfono y vía correo electrónico a Haro Encinas. “Como asesores del grupo fuimos atacados y amenazados de muerte porque nos interpusimos para que el Gobierno de Sonora no ejerciera presión”, explica Martínez. “Hay una concordancia entre la vehemencia explícita de las autoridades del Estado para que no estemos con las comunidades y las amenazas anónimas recibidas”. Además de arrastrar a los gobernadores tradicionales, Martínez asegura que el Ejecutivo ha presionado a la población más pobre jugando con la concesión de programas sociales.
Aunque Gobernación los ha incluido en el Programa de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas no en todo momento han tenido escoltas.
Haro Encinas y Martinez Coria siguen trabajando en la zona, pero las dos investigadoras de la UNAM ya se han ido. Para el presidente de Foro para el Desarrollo sustentable el foco del problema no está en ellos, sino en la división provocada en las comunidades y la violación del derecho de la tribu a ser consultada. “Exigimos que los Gobiernos se ciñan al marco de legalidad y respeten los derechos de los guarijíos en toda la gestión de la obra”. Martínez señala la disconformidad de los asesores con la evaluación de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente federal, en la que, opinan, se han minimizado algunos aspectos. El documento refleja que la obra afectará a nueve comunidades, de las cuales dos deberán ser reubicadas. Las siete restantes sufrirán consecuencias sobre las tierras de cultivo, los lugares sagrados, y el entorno. Entre las preocupaciones que manifestaron los guarijíos en las reuniones con el Ejecutivo están la pérdida de sus tierras por la inundación, el peligro para los niños al cruzar la presa para ir a la escuela, la proliferación de insectos por las aguas estancadas y la posible desaparición del panteón y sus muertos, que quedarían bajo el agua.
PAULA CHOUZA México
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