El proyecto de ley, que aún debe pasar por el Senado, regula la producción, comercio y consumo
Es el primer país de América Latina en abandonar el prohibicionismo total en política de drogas
Uruguay se convirtió este miércoles en el primer país de América Latina en dejar atrás la política de prohibición total de las drogas. La Cámara de Diputados aprobó una ley para regular el consumo, la producción y la venta de marihuana, por la que el Estado monopolizará el negocio del cannabis, el autocultivo estará permitido y los usuarios podrán comprar el producto para uso propio en las farmacias.
En los últimos tiempos han surgido en el continente -el más azotado por la violencia y la corrupción consecuencia del narcotráfico- voces, cada vez menos aisladas, que reclaman una vía alternativa a la confrontación militarista con el narcotráfico. El año pasado, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, abanderó durante unos meses una corriente de opinión que promulgaba la legalización de las drogas. El expresidente de México Vicente Fox declaraba recientemente: “Cultivaría marihuana si estuviera permitido”. Pero solo en Uruguay se ha transformado en algo plausible. “Estamos en un contexto de aumento de los decomisos y de presos por tráfico de drogas y sin embargo el fenómeno no cesa, la inseguridad pública y el consumo han aumentado”, explica Sebastián Sabini, uno de los autores principales de la ley y diputado del Movimiento de Participación Popular, integrante del Frente Amplio (FA), la coalición de partidos en el Gobierno. “Era necesario regular un mercado que ya existe para alejar a los jóvenes de las bocas de humo (punto de venta de drogas), cuidar su salud y buscar una alternativa con respecto a lo que se estaba haciendo hasta ahora”
Aun a falta de que la ley pase por el Senado y se elabore el reglamento, los ejes de la futura legalización están claros. El Estado asumirá el control y otorgará licencias a algunas empresas para que realicen la distribución y producción. “Somos un país chico, con unas 20 hectáreas (unos 30 campos de fútbol) tendríamos suficiente”, calcula Sabini, que afirma que en Uruguay hay unos 180.000 consumidores (aproximadamente un 5,5% de la población). Cada cultivador podrá tener 6 plantas, también se podrán constituir clubes de cannabis con hasta 45 miembros y 99 plantas, y cada usuario dispondrá de una cuota de 40 gramos mensuales para el consumo propio que deberá adquirir en las farmacias.
El proyecto de regulación de la marihuana ha sido uno de los que más se le han enquistado al presidente, José Mujica, que durante su mandato ha aprobado otras leyes sociales muy progresistas para la región, como la del aborto o la del matrimonio homosexual. El 63% de los uruguayos se oponen a la ley, según la última encuesta divulgada esta semana por la consultora Cifra. En el terreno político también existe una gran división: la sesión en la cámara legislativa se dilató durante más de 14 horas. Los dirigentes del Frente Amplio llamaron a filas para que todos sus diputados (50), de acuerdo o no con la ley, votaran a favor, y la oposición, formada por el Partido Nacional y el Colorado (49 diputados en conjunto), hizo lo mismo para que sus integrantes se pronunciaran en contra. La aprobación pendía de la decisión del diputado del FA y médico de profesión Darío Pérez, que había mostrado en las últimas semanas sus reticencias al proyecto. “La marihuana es una bosta, pero lo es sin ley y con ley”, dijo en su intervención después de enumerar los efectos nocivos de la sustancia para la salud. Finalmente la disciplina de partido se impuso, Pérez votó a favor y el Frente Amplio hizo valer su mayoría absoluta.
Hasta ahora, la legislación vigente en Uruguay, aprobada en 1974 bajo la dictadura militar, permitía el consumo de marihuana y otras drogas, pero prohibía la producción y el comercio. Juan Vaz, uno de los fundadores de la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay, estuvo preso 11 meses después de que la policía le encontrara un cultivo en su casa. Vaz, que lleva 20 años cultivando marihuana y que ha asesorado al Ejecutivo en la elaboración de la ley, defiende que “no es una ley ideal, pero es mucho mejor de lo que hay. Al menos se quiebra el paradigma de la prohibición respecto a las drogas”.
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